1.254.722 personas han respaldado la campaña europea #HandsOffNature para exigir a la Unión Europea que no debilite sus leyes ambientales, y las firmas serán entregadas en Bruselas a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall.
ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF confirmaron este viernes el recuento y situaron su presión sobre el proceso de revisión normativa que, según denuncian, avanza con el argumento de la simplificación administrativa y la mejora de la competitividad.
La simplificación que las ONG aceptan no es la que Bruselas está impulsando
Las organizaciones sostienen que la reducción de trámites no puede traducirse en menos protección para la naturaleza, la salud humana y la participación ciudadana. A su juicio, resulta especialmente preocupante que el debate se intensifique cuando la ciencia advierte del deterioro de la biodiversidad y del impacto creciente de la crisis climática.
Entre los cambios cuestionados citan el llamado Ómnibus ambiental, que incluye una propuesta para acelerar las evaluaciones ambientales. Aunque se presenta como una vía para agilizar proyectos considerados estratégicos, las ONG advierten de que algunas disposiciones podrían debilitar el análisis de impactos, reducir la participación pública y ampliar las excepciones a las normas de protección de especies y hábitats.
También señalan el Ómnibus sobre alimentación y piensos, que plantea modificaciones en la normativa sobre productos fitosanitarios, incluida la ampliación de los periodos de aprobación de determinadas sustancias. Según las organizaciones, espaciar las reevaluaciones obligatorias puede retrasar la incorporación de nuevos conocimientos científicos sobre sus efectos en la salud y en el medioambiente.
Las organizaciones defienden que las evaluaciones siguen siendo la barrera clave
Las ONG recuerdan que las evaluaciones ambientales permiten identificar riesgos, prevenir daños y mejorar los proyectos antes de su autorización, y subrayan que su correcta aplicación también aporta seguridad jurídica a administraciones y empresas.
Ese argumento, no obstante, choca con el enfoque de Bruselas, que busca procedimientos más rápidos, mientras los grupos ecologistas temen que la velocidad rebaje los controles.
Aunque reconocen la necesidad de mejorar la eficacia administrativa y facilitar inversiones compatibles con los objetivos de la UE, sostienen que ese objetivo debe lograrse con mejor planificación, más medios humanos y técnicos, mayor coordinación institucional y procedimientos más claros, no con un recorte de garantías.
Soledad Gallego, directora de ClientEarth España y Mediterráneo, afirmó que “simplificar los procedimientos administrativos no puede significar eliminar las garantías jurídicas” que protegen la naturaleza y la salud. Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, describió el proceso como una desregulación ambiental de “magnitud sin precedentes” en la historia de la UE, en relación con el impacto que, a su juicio, tendrían los cambios sobre la evaluación y la protección.
Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, sostuvo que la ciudadanía europea está enviando un mensaje claro: no quiere que se desmantelen las leyes que protegen su patrimonio natural. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, añadió que una economía competitiva necesita ríos sanos, suelos fértiles, bosques bien conservados y ecosistemas capaces de responder al cambio climático.
Las organizaciones entregarán ahora las firmas y los mensajes en Bruselas, mientras sigue abierto el pulso sobre hasta dónde puede llegar la simplificación sin afectar a la protección ambiental, la participación pública y la seguridad jurídica.
