La Fiscalía de Tetuán ha abierto un procedimiento contra 25 personas por su presunta implicación en distintas conductas delictivas vinculadas a la entrada masiva de migrantes registrada el pasado jueves en Ceuta. Según medios marroquíes, la investigación se centra, entre otros aspectos, en la organización de cruces irregulares hacia la ciudad autónoma y en el transporte de pasajeros sin la autorización correspondiente.
De acuerdo con la información publicada por el portal 'Hespress', los procesados también se enfrentan a acusaciones por superar el número máximo de pasajeros permitido en los vehículos, permanecer de forma irregular en Marruecos tras el vencimiento de sus visados, así como por supuestos insultos, agresiones y actos de desobediencia contra las fuerzas de seguridad. Entre los cargos figuran igualmente daños intencionados en bienes e instalaciones públicas.
En paralelo, el Gobierno marroquí ha rechazado las críticas surgidas tras la crisis migratoria y ha negado que actuara condicionado por "presiones" o "chantajes" durante la jornada en la que decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta. Rabat ha expresado además su "decepción" por las declaraciones realizadas por algunos dirigentes europeos, a quienes acusa de intentar "instrumentalizar" lo ocurrido con fines políticos y electorales.
Fuentes diplomáticas marroquíes han insistido también en que las autoridades no han rebajado los controles en la frontera. En declaraciones a ‘Europa Press’, han asegurado que cualquier persona que trate de acceder de forma irregular al territorio español conoce que será devuelta y que Marruecos aceptará su retorno, una política que, sostienen, el país mantiene desde hace años.
Marruecos afirma haber avisado a España
El Gobierno de Marruecos ha afirmado este martes haber avisado a España días antes de que el suceso tuviera lugar por la sentencia del Tribunal Supremo.
El Supremo ha establecido como doctrina que las conocidas como "devoluciones en caliente" no pueden aplicarse a las personas migrantes interceptadas en el mar cuando intentan acceder a Ceuta o Melilla, ya sea a nado o en embarcación. La decisión, adoptada en una sentencia dictada entre junio y julio de 2026, limita el alcance del régimen excepcional de rechazo en frontera previsto en la Ley de Extranjería.
Según el alto tribunal, este procedimiento solo es aplicable a quienes intentan entrar irregularmente superando los elementos de contención fronterizos, como las vallas de las ciudades autónomas. En consecuencia, las personas interceptadas en el mar deberán someterse al procedimiento ordinario de devolución, que contempla garantías como asistencia letrada, intérprete y la posibilidad de solicitar protección internacional antes de que se acuerde su expulsión.
Bajo esta premisa, una fuente del Ministerio de Exteriores de Marruecos en unas declaraciones realizadas a diversas agencias internacionales ha manifestado que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".
"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida (...) Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI", ha trasladado la fuente marroquí.
Asimismo, ha sentenciado los pilares en los que se basa la política migratoria de su país, por un lado, el despliegue de medios de seguridad para prevenir las entradas irregulares y, por otro, la capacidad de desincentivar nuevos intentos de acceso. En este último aspecto, ha defendido que la reciente doctrina del Tribunal Supremo ha reducido ese efecto al complicar los procedimientos de devolución.
"Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma", ha aseverado. A su vez, ha manifestado que el impacto de la decisión judicial se ha visto amplificado por las redes sociales y por las mafias dedicadas al tráfico de personas.
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