La asociación ultra Hazte Oír ha convertido la crisis migratoria de Ceuta en su nuevo frente judicial contra el Gobierno. La organización ha presentado una querella contra supuestos agentes de inteligencia marroquíes, mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos, además del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.
El escrito pretende incorporarse a las diligencias abiertas este lunes por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón tras una denuncia de Iustitia Europa. La jueza únicamente ha solicitado un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para comprobar si la entrada masiva pudo responder a una acción concertada y decidir después si el tribunal tiene competencia para investigarla.
Hazte Oír todavía no ha sido admitida como acusación popular y la magistrada tampoco ha asumido las acusaciones dirigidas contra personas concretas. La organización presenta como responsables a autoridades españolas y marroquíes que por ahora no figuran como investigadas dentro de estas diligencias preliminares.
La querella señala expresamente a Fouad Ali El Himma, consejero y una de las personas más próximas al rey Mohamed VI, al que Hazte Oír sitúa como supuesto responsable de la operación a partir de "diferentes informaciones". Ninguna resolución judicial ha atribuido hasta el momento participación alguna a El Himma en los acontecimientos registrados en Ceuta.
Acusaciones sin aval judicial
La asociación divide las responsabilidades en cuatro grupos. Apunta a supuestos agentes marroquíes infiltrados en Ceuta, mandos de los cuerpos fronterizos del país vecino, posibles organizadores de la entrada y autoridades españolas que hubieran transmitido o ejecutado una orden para frenar la intervención de las fuerzas de seguridad.
Hazte Oír pide averiguar quién dio la instrucción de "dejarse ver, pero sin intervenir" y quién habría enviado a los militares sin munición ni autorización para emplear la fuerza. La existencia de esas órdenes forma parte del relato de la querellante y no aparece acreditada en las diligencias abiertas por Tardón.
Entre el material aportado figura la grabación de un vehículo situado junto al Tarajal. La organización sostiene que sus ocupantes ayudaron a determinadas personas después de cruzar la frontera y evitaron ser filmados. A partir de esas imágenes, solicita identificarlos y comprobar si tenían alguna relación con los servicios marroquíes, aunque no consta una identificación oficial que respalde esa sospecha.
El escrito enumera posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, homicidio y lesiones por imprudencia grave. Se trata de la calificación planteada por Hazte Oír y no de delitos atribuidos por el tribunal a los querellados.
La asociación también reclama conservar las grabaciones de videovigilancia, comunicaciones policiales y militares, órdenes operativas y contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto. Esta petición busca evitar que parte de ese material pueda desaparecer mientras la Audiencia Nacional resuelve si asume la investigación.
Otro frente de Hazte Oír
Hazte Oír llega al procedimiento con una larga trayectoria de judicialización de su agenda ultracatólica. La entidad encabeza la acusación popular contra Begoña Gómez y ha intervenido en diferentes causas que afectan al Gobierno, al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez, con peticiones de penas muy superiores a las defendidas por la Fiscalía.
Esa estrategia también ha recibido importantes reveses judiciales. La instructora de la causa de la DANA dejó fuera a la asociación después de rechazar sus querellas contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. A comienzos de 2026, la Audiencia Nacional inadmitió otra querella suya contra José Luis Rodríguez Zapatero por narcotráfico, blanqueo y organización criminal al considerar que carecía de indicios racionales y se apoyaba en informaciones periodísticas y conjeturas.
La gravedad de lo ocurrido en Ceuta exige esclarecer cómo se organizó una entrada que desbordó la frontera y dejó decenas de fallecidos. El informe encargado a Extranjería deberá determinar ahora si existen elementos que apunten a una actuación concertada. Con ese documento, María Tardón resolverá si la Audiencia Nacional es competente y qué recorrido concede a la querella de Hazte Oír.
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