El Gobierno de Giorgia Meloni ha elevado este viernes el pulso con España y mantendrá los controles fronterizos para los viajeros procedentes del país al menos hasta el 15 de agosto. Roma ha rechazado el plazo fijado por Madrid para levantar las restricciones antes de que termine el domingo y ha respondido con dureza a la advertencia de posibles medidas proporcionales.
"Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras", ha afirmado la oficina de la primera ministra en un comunicado. El Ejecutivo italiano aplaza cualquier revisión de la medida hasta comprobar que han desaparecido los riesgos migratorios, de seguridad y de terrorismo que asegura haber detectado.
La fecha elegida coincide con un llamamiento difundido en redes sociales para intentar otra entrada masiva en Ceuta desde Marruecos. Las fuerzas de seguridad españolas vigilan estas convocatorias, aunque el Gobierno mantiene que la crisis de la semana pasada se encuentra canalizada. Roma ha utilizado esa posible movilización como argumento para prolongar seis días más los controles exigidos por España.
Meloni también ha condicionado cualquier marcha atrás a la certeza de que no habrá personas migrantes dirigiéndose irregularmente hacia territorio europeo. Su Gobierno asegura que la decisión no deteriora la relación con España, a la que sigue considerando un "país amigo", y se declara dispuesto a mantener un diálogo constructivo con Madrid.
Italia sostiene que los controles extraordinarios están dirigidos principalmente a ciudadanos de terceros países y ha prometido facilitar el tránsito de españoles y europeos. En la práctica, los pasajeros que llegan desde España continúan encontrándose revisiones documentales en puertos y aeropuertos italianos, incluidos controles realizados directamente al desembarcar de los aviones.
España mantiene el plazo hasta el domingo
La respuesta de Roma ha llegado apenas unas horas después de que el Gobierno español exigiera el fin de unas restricciones implantadas el pasado 1 de agosto sin comunicación previa. La Moncloa considera la actuación italiana "injusta", discriminatoria para la población española y contraria a los intereses de la Unión Europea.
España mantiene su exigencia para que los controles terminen antes de que concluya el domingo 9 de agosto. Si Meloni conserva la medida, el Ejecutivo ha advertido de que adoptará una respuesta proporcional para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos afectados, aunque todavía no ha concretado su alcance.
José Manuel Albares ha defendido este viernes que la situación en Ceuta está "ampliamente canalizada y reconducida". El Ministro de Asuntos Exteriores ha recordado que la mayoría de las personas que entraron desde Marruecos ya regresaron y que ninguna logró alcanzar la península.
Ceuta mantiene además un régimen especial dentro del espacio Schengen. Cualquier persona que quiera viajar desde la ciudad autónoma hasta la península o el resto del territorio europeo debe atravesar un control policial, una circunstancia que el Gobierno esgrime para desmontar el riesgo invocado por Italia.
Según los datos expuestos esta semana por Fernando Grande-Marlaska, unas 72.000 personas cruzaron irregularmente la frontera y alrededor de 70.000 regresaron posteriormente a Marruecos. Albares ha calificado de "injustificadas e indignas" las imágenes de pasajeros españoles sometidos a controles en los aeropuertos italianos y ha pedido resolver el choque por la vía diplomática.
La negativa de Meloni mantiene abierto el conflicto hasta el domingo. El Gobierno español deberá decidir entonces si activa las medidas proporcionales anunciadas mientras Italia prolonga los controles, como mínimo, hasta seis días después de que venza el plazo fijado por Madrid.
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