Una empleada del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha repartido folletos y regalos en una carpa del Partido Popular, durante su jornada laboral, en el marco de la precampaña de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones generales del 29 de noviembre, tal y como ha podido saber en exclusiva 'ElConstitucional.es'. Los hechos se habrían producido alrededor de las 12.00 horas de este jueves, coincidiendo con la visita de Borja Sémper al municipio madrileño.
Según la información recabada por este medio la trabajadora, a la que identificamos con las iniciales S. D. para preservar su identidad, desempeña funciones de coordinadora de Administración del Ayuntamiento y ha participado, en horario de trabajo, en el reparto de material propagandístico del partido que aspira a llevar a Feijóo a la Moncloa el 29N.
El portavoz del PP y de campaña y vicesecretario de Cultura y Deportes, Borja Sémper, ha acudido este jueves a Torrejón de Ardoz para atender a los medios junto al alcalde, Alejandro Navarro, según la convocatoria publicada por el propio partido.
Utilizar personal municipal para beneficiar a un partido puede constituir malversación
El uso de una trabajadora municipal para repartir propaganda partidista tiene una dimensión que va más allá. El tiempo de trabajo sufragado por una Administración también es un recurso público susceptible de utilización indebida.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo contempla dentro de la malversación la utilización de empleados municipales, durante su jornada y con salario abonado por el Ayuntamiento, para realizar trabajos en beneficio de intereses particulares. Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2025 recoge expresamente esa doctrina y recuerda que la protección del patrimonio público comprende también la fuerza de trabajo pagada por la Administración.
En consecuencia, destinar personal municipal a realizar propaganda para un partido podría constituir un delito de malversación, dependiendo de las circunstancias acreditadas y de la modalidad penal aplicable. No resulta imprescindible que un responsable se lleve personalmente dinero público para que pueda existir este delito.
