Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la lucha contra la okupación uno de los ejes de su propuesta de vivienda para el 29N. En un acto de precampaña celebrado este miércoles en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el candidato del PP ha prometido una ley que permita desalojar en 48 horas y ha defendido que reforzar la seguridad de los propietarios contribuirá a aumentar la oferta de alquiler.
"Toda la sensibilidad con el ciudadano que cumple y toda la firmeza con los jetas", ha afirmado antes de asegurar que, con su Gobierno, "los okupas estarán fuera en 48 horas". Feijóo ha situado esa norma entre los tres proyectos legislativos que se compromete a aprobar en el Consejo de Ministros durante sus primeros cien días, junto a una nueva Ley del Suelo y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.
Cuando el propietario se siente seguro, alquila. Y se fía del inquilino.
— Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026
Más seguridad supone más pisos en alquiler. pic.twitter.com/gS753rqYIa
El dirigente popular ha sostenido que hay "propietarios con miedo" y ha recurrido al ejemplo de una persona que entra en una vivienda y presenta "un papel de haber pedido una pizza", con el que, según ha afirmado, "ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años". La legislación vigente permite perseguir esas entradas y recuperar la posesión del inmueble, con procedimientos distintos según el caso.
Las denuncias bajan y la ley ya permite actuar
El Ministerio del Interior registró 14.875 hechos conocidos por allanamiento y usurpación de inmuebles en 2025, frente a los 16.426 de 2024, un descenso del 9,4%. La estadística agrupa conductas diferentes y recoge los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad; no permite identificar todos esos casos con familias expulsadas de su domicilio ni constituye un recuento de viviendas que permanecen ocupadas. El problema del acceso, entretanto, sigue marcado por el encarecimiento de la vivienda, cuyo precio de compra aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el INE.
Entrar sin autorización en la morada de otra persona constituye un delito de allanamiento, regulado en el artículo 202 del Código Penal. Esa protección comprende la vivienda habitual y las segundas residencias donde se desarrolla la vida privada, aunque se utilicen de forma temporal. Ante un delito flagrante, la Policía puede intervenir de inmediato, siempre que concurran las condiciones legales y existan elementos que permitan acreditarlo.
La ocupación pacífica de un inmueble ajeno que no constituye morada se encuadra en el delito de usurpación del artículo 245.2, que tiene un tratamiento diferente. Un justificante de comida a domicilio no proporciona un título para residir allí ni impide por sí mismo un desalojo. Tampoco pagar los suministros equivale a disponer de un contrato de alquiler o de la autorización del propietario. La recuperación del inmueble puede requerir intervención judicial y su duración depende de las pruebas y de las circunstancias del procedimiento.
La Fiscalía cuenta desde 2020 con instrucciones para solicitar desalojos cautelares antes de que termine el procedimiento, cuando existan indicios del delito y se cumplan los requisitos que justifican la medida. Además, la reforma procesal de 2025 incorporó determinados supuestos de allanamiento y usurpación a los juicios rápidos, aunque la usurpación pacífica considerada delito leve conserva su procedimiento específico. Estas vías no aseguran una resolución inmediata en todos los casos, pero sí permiten actuar sin esperar necesariamente a una sentencia firme.
Tres proyectos en cien días y un millón de viviendas
Feijóo ha vinculado la protección de los propietarios con su diagnóstico sobre la falta de oferta. "Cuando el propietario se siente seguro, alquila", ha defendido, para añadir que una mayor disponibilidad de pisos permitiría mejorar los precios para los inquilinos. Su compromiso de los cien días se refiere a la aprobación de los proyectos por el Consejo de Ministros, que después necesitarían tramitarse y obtener respaldo en las Cortes para convertirse en leyes.
En el mercado del alquiler, ha anunciado deducciones fiscales para propietarios e inquilinos que prorroguen sus contratos hasta tres años, con incrementos de la renta inferiores al IPC. "Esto va a ser un contrato, un contrato fiscal", ha señalado. La propuesta busca incentivar la continuidad de los arrendamientos mediante ventajas tributarias, aunque en el acto no ha concretado su cuantía.
Para los menores de 40 años, el candidato popular ha prometido avales de hasta el 100% y rebajas del 60% en el IVA y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, dos tributos que se aplican a operaciones distintas. También ha defendido su propuesta de 'Hucha Hogar Joven', una cuenta de ahorro para vivienda con deducciones por las aportaciones y exención de los rendimientos. Como ejemplo del conjunto de sus ayudas, ha calculado que un joven que compre una casa de 250.000 euros después de cinco años de trabajo podría ahorrar 25.000 euros en impuestos y necesitar 50.000 euros menos al formalizar la hipoteca; ese aval, en cualquier caso, no elimina la obligación de devolver el préstamo.
El objetivo anunciado sigue siendo construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura, para lo que plantea movilizar suelo, simplificar trámites y establecer, con carácter general, el silencio administrativo positivo a los noventa días. Feijóo ha prometido reunir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para impulsar el plan y ha dicho que quiere que quienes hoy protestan en la calle puedan acceder a una vivienda digna al terminar el mandato. "Si dentro de cuatro años vengo otra vez a estar aquí, al lado de la Torre del Oro, y no la he cumplido, no me voten ustedes", ha declarado.
