Tomás Olivo, quien recientemente ha cerrado la operación inmobiliaria más llamativa del año con la compra del legendario edificio de Telefónica por 200 millones, y cuya fortuna está valorada en más de 6.000, es uno de los grandes empresarios más perjudicados por el llamado Caso Togas, reactivado en 2026 por su exyerno y padre de su primera nieta, el también empresario José Manuel Martínez Pomares, demandante de 21 jueces y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, incluida la presidenta del CGPJ, María Isabel Perelló.
El empresario murciano, tercer accionista de Unicaja Banco, fue acusado de cohecho y blanqueo de capitales en el llamado Caso Malaya por supuestamente haber pagado 2,4 millones de euros a Juan Antonio Roca, cerebro de la trama, acusación que se demostró falsa, por lo que fue finalmente absuelto, y tras la que se escondería un intento por minar su reputación.
El origen de la campaña contra el exitoso empresario está hasta en cuatro personas vinculadas al Caso Togas (un notario, un abogado, un empresario y un director regional de RuralCaja), que habrían pactado, según Martínez Pomares, pagar una comisión a la alcaldía de Jesús Gil para la obtención de la licencia municipal tras comprar un solar de 300 millones en Marbella. Como no la hicieron efectiva tras conseguir la licencia, el entonces alcalde, Jesús Gil, llamó a Olivo y le encargó paralizarlas.
Como primera represalia, uno de ellos, el letrado y concejal socialista en Elche, Antonio Martínez Camacho, de Altamira Asesores, a quien acudió Martínez Pomares, le encomendó la asistencia legal al abogado Tomás Saura en el caso del presunto atropello que, según Martínez Pomares, se originó en una denuncia falsa contra él, ya que la víctima había ingresado en el hospital un día antes de producirse (el 21 de noviembre de 2003), como atestigua el parte de urgencias.
Tras perder el juicio y la apelación posterior, también representado por Saura, Martínez Pomares demandó a su abogado por lo civil por deslealtad, al no haber utilizado en la denuncia y apelación el fraude procesal que conocía (como reconoció el propio Saura en el juicio), no haber exigido comprobar la fecha de las lesiones con el hospital, y presentar un escrito de apelación que incluía un corta-pega de otro procedimiento.
En su demanda contra Saura, al abogado le representó el propio Martínez Camacho, lo que motivó la petición de recusación de Martínez Pomares, al ser Martínez Camacho jefe de Tomás Saura. El propio juez Marchena señala en su auto sobre el caso en el Supremo la falta de subsanación por parte de los abogados como el motivo del fallo, pero no revocó el fallo anterior contra Martínez Pomares al considerar la materia como cosa juzgada e inatender el presunto fraude procesal.
Tomás Olivo, Eroski y el Centro Comercial de Elche-Marbella
Tomás Olivo le hacía los centros comerciales a Eroski (estudio prospectivo, construcción y venta al centro comercial), y en un momento determinado decide pasar a explotarlos él, y Eroski se da cuenta, según Martínez Pomares, que se convertía en competencia y podía entrar en bolsa, como finalmente hizo el empresario cartagenero en 2017 con la socimi General de Galerías Comerciales cotizando en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
El Grupo Lar (Eroski) contactó entonces con Martínez Pomares a través de José Rafael Martínez Sánchez, director regional de Eroski, que primero entró como inquilino en un piso suyo, y después, al enterarse de su relación familiar con Olivo, le prometió el subcontrato de la limpieza de los cinco centros regionales, que dirigía, prometiéndole también la construcción integral de todos los nuevos centros que construiría Eroski en España, que antes le construía Tomás Olivo, algo con lo que Olivo se mostró de acuerdo.
El negocio para Martínez Pomares hubiera ascendido a 50 millones de pesetas por centro limpiado de beneficio, por lo que Martínez Sánchez le exigió la mitad, 25 millones, a modo de comisión, de acuerdo con la versión de Martínez Pomares, así como que le vendiera el piso donde estaba alojado de inquilino, valorado entre 240 y 270.000 euros (valor de mercado aproximado) por 78.131,57 euros, a lo que Martínez Pomares accedió ante el compromiso por la subcontrata de los centros.
La persecución que denuncian los empresarios y la cada vez mayor tensión entre Olivo y el Grupo Lar paralizaron la concesión de los cinco centros comerciales a Martínez Pomares, por lo que Olivo acometió el ambicioso proyecto de construir en Elche el centro comercial más grande de Europa, La Cañada Shopping, que pretendía ceder a su ex yerno y padre de su nieta e hija. Tras comprar el solar, Olivo pactó con el alcalde socialista de Elche, Manuel Rodríguez Maciá (alcalde que tenía como concejal de 1987 a 1991 precisamente a Martínez Camacho, el abogado al que Olivo paralizó las obras), adelantar la licencia a cambio de invertir 25 millones en parques y jardines. Pero en el momento de la firma, el alcalde se echó atrás y pidió el doble para los parques, 50 millones, por lo que Olivo decidió construirlo finalmente en Marbella.
Fue precisamente por la recalificación y construcción de La Cañada Shopping en Marbella por lo que le acusaron injustamente de cohecho y blanqueo de capitales en el marco del Caso Malaya, si bien finalmente resultó absuelto. En paralelo, la Junta de Andalucía paralizó las obras de Olivo en el Centro Comercial Nevada en Granada, lo que mantuvo las obras paralizadas durante siete años y por lo que el Supremo obligó a la Junta a pagar 165 millones al empresario en concepto de lucro cesante.
La persecución sufrida por los empresarios, y en la que también estarían presuntamente involucradas entidades financieras como Deutsche Bank y Cajamar, la atribuyen directamente a la corrupción del Caso Togas derivado del interés contra la competencia nacional representada por Olivo de los fondos buitre americanos que forman parte del accionariado del Grupo Lar (Eroski), entre los que se encuentran Helios Re, BlackRook Capital o Morgan Stanley Real Estate, como iremos desgranando en 'ElConstitucional.es' en próximas fechas.
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