La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador se sitúa actualmente en el centro del tablero político del Partido Popular. Fuentes del PP de Madrid consultadas por este medio sostienen que el partido está estudiando airear el distanciamiento entre la presidenta madrileña y su pareja como parte de una estrategia política ante el avance de las causas judiciales que afectan al empresario. Según estas mismas fuentes, el objetivo sería hacer evidente un distanciamiento entre ambos ante el escenario de que el procedimiento penal avance hasta el juicio oral.
La interpretación que trasladan es que a Ayuso se le habría recomendado desvincularse de González Amador tanto en el plano personal como en el judicial, precisamente para evitar que una eventual apertura de juicio pueda terminar situando a la presidenta en el foco de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones investigadas a su pareja. Es decir, que la madrileña pudiese salir salpicada como beneficiaria a título propio de los presuntos delitos.
Además esta estrategia política cobra fuerza después de las últimas informaciones publicadas por ElPlural y corroboradas por El País, según las cuales Ayuso habría dejado la vivienda de Chamberí que compartía con Alberto González Amador para trasladarse a una urbanización situada en Puerta de Hierro. ElPlural apunta que el nuevo inmueble tendría entre 130 y 150 metros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios y dos baños, y que la urbanización dispone además de piscina y garaje.
La causa contra González Amador
González Amador está procesado por un presunto fraude fiscal y falsedad documental en una causa que investiga dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad relacionados con los ejercicios 2020 y 2021. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó su procesamiento y la Fiscalía solicita tres años y nueve meses de prisión. La acusación sostiene que habría utilizado facturas presuntamente falsas y sociedades para ocultar ingresos y defraudar más de 350.000 euros.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid investiga otra causa por presunta corrupción en los negocios y administración desleal vinculada a operaciones con el Grupo Quirón. Entre ellas figura la compra por unos 500.000 euros de Masterman & Whitaker, propiedad de la esposa de un directivo de Quirón, una operación que el juez considera de forma “indiciaria y provisional” que podría haber buscado “satisfacer una comisión” a González Amador. Sus sociedades facturaron además 4,4 millones de euros a Quirón entre 2021 y 2023, según los datos aportados.
Las causas afectan actualmente a González Amador, pero, según fuentes cercanas a la presidenta, el avance del procedimiento y la posibilidad de que llegue a juicio explican el interés del PP por marcar distancias entre ambos. A su juicio, el objetivo sería reducir el impacto político que podría tener para la presidenta cualquier elemento que aparezca durante el proceso y que trate de vincularla con las actividades investigadas.
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