El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente ha lanzado una de sus críticas más duras contra Isabel Díaz Ayuso por la compra del polémico ático de Chamberí. Puente considera que el Gobierno madrileño trató de adquirir una residencia oficial para la presidenta "a escondidas" mediante un uso "despótico" del dinero público.
"Me hace gracia que se hable del 'dictador Sánchez'. A mí esta forma de proceder me parece bastante dictatorial, más propia de una república bananera que de una democracia", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press.
Puente sostiene que el Ejecutivo autonómico podía haber planteado públicamente la conveniencia de dotar a Ayuso de una vivienda institucional. Su principal reproche se dirige al procedimiento escogido, la falta de información sobre la operación y las explicaciones cambiantes ofrecidas cuando la compra salió a la luz.
La empresa pública Planifica Madrid adquirió el inmueble el pasado 14 de abril por 6,3 millones de euros. Se trata de una vivienda de 481 metros cuadrados situada en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí, con una terraza de casi 200 metros, cinco dormitorios, seis baños, dos plazas de garaje y dos trasteros.
El Gobierno regional explicó inicialmente que el ático serviría para celebrar reuniones y alojar temporalmente a parte del equipo de Presidencia durante las obras previstas en la Real Casa de Correos. El inmueble tiene uso residencial y las dudas sobre su posible utilización como oficina alimentaron la polémica.
Ayuso ha rechazado que pidiera una residencia oficial y este lunes aseguró que tampoco la necesitará "a diez meses de unas elecciones". La presidenta ha tratado de desvincularse de la decisión y atribuye la operación a Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia que dirige Miguel Ángel García Martín.
El ministro también ha relacionado la compra con la salida al mercado de los áticos privados en los que reside Ayuso junto a su pareja. Según Puente, la coincidencia temporal y la localización del inmueble público dibujan una operación preparada "a su medida y a escondidas".
"Vamos a ver qué hace la Justicia"
La controversia ya ha llegado a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias después de recibir cinco denuncias relacionadas con la adquisición. La investigación se encuentra en una fase inicial y todavía deberá determinar si existen indicios de alguna responsabilidad penal.
Puente ha comparado el tratamiento judicial del ático con la causa abierta contra Begoña Gómez. "Si ponemos en la balanza lo que acabamos de conocer de la Comunidad de Madrid, vamos a ver qué hace la Justicia con este tema", ha señalado tras recordar que la esposa del presidente del Gobierno afrontará un juicio por varios delitos relacionados con el software desarrollado en la Universidad Complutense y la participación de una asesora de Moncloa en sus actividades privadas.
El ministro considera que los recursos públicos pudieron utilizarse de manera "completamente indebida" y reprocha al Gobierno madrileño que no haya ofrecido una explicación "mínimamente razonable". También cuestiona que una vivienda de 6,3 millones pueda justificarse como una dependencia oficial de carácter temporal.
Planifica Madrid reaccionó al escándalo sacando el ático nuevamente al mercado por 6,69 millones de euros. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 7 de septiembre y todavía no consta que exista un comprador.
La Comunidad anunció que destinaría los ingresos obtenidos con esta operación y la venta de otros inmuebles públicos a la reconstrucción de las localidades afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. Esa decisión llegó después de que la compra se hiciera pública y de que Ayuso negara cualquier intención de utilizar el ático como residencia.
Para Puente, la polémica puede tener consecuencias mucho más amplias. El ministro cree que "debería" costarle las próximas elecciones autonómicas a Ayuso, aunque evita formular un pronóstico y encuadra el caso dentro del conjunto de controversias que rodean a la presidenta y a su pareja.
"Zapatero tiene que dar explicaciones"
Puente también se ha pronunciado sobre la investigación abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero por su presunto papel en el rescate de Plus Ultra. El ministro aprecia una importante "sombra de nulidad" sobre el procedimiento, pero reconoce que el expresidente debe ofrecer más explicaciones públicas sobre los hechos investigados.
La causa se apoya en buena medida en los mensajes extraídos del teléfono del exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes. El dispositivo fue intervenido en Estados Unidos en 2021 y su contenido llegó en marzo de este año a la UDEF a través de los mecanismos de cooperación policial.
El juez José Luis Calama ha solicitado autorización a las autoridades estadounidenses para poder incorporar esos mensajes como prueba en un eventual juicio. La Audiencia Nacional deberá resolver las objeciones planteadas por la defensa de Zapatero y determinar si la información fue obtenida y trasladada con todas las garantías exigidas.
"Yo quiero saber si esa intervención telefónica se hizo o no con autorización judicial", ha reclamado Puente. A su juicio, la validez de esa prueba resulta decisiva porque desencadenó una investigación que terminó con el registro del despacho del expresidente y el hallazgo de joyas tasadas provisionalmente en 1,3 millones de euros.
Calama mantiene abierta una pieza separada por posibles delitos fiscales y de contrabando relacionados con esas joyas. Zapatero ha explicado que proceden de una herencia familiar y de regalos recibidos durante viajes, mientras los investigadores tratan de reconstruir su origen y su trazabilidad tributaria.
Puente considera que, si la prueba estadounidense fuera anulada, Zapatero pasaría de investigado a "víctima de una operación" que le "huele a chamusquina". También ha llamado la atención sobre el momento en el que el contenido del teléfono llegó a España, bajo la Administración de Donald Trump y con un Gobierno español incómodo para la Casa Blanca.
El ministro ha separado esas dudas procesales de las explicaciones políticas que reclama al expresidente. Zapatero ya defendió su versión en una entrevista concedida a TVE durante el mes de julio, pero Puente cree que su situación requiere una respuesta pública más extensa. El juez ha aceptado estudiar la posible nulidad de algunas resoluciones, mientras mantiene la legalidad de los registros y la investigación separada sobre las joyas.
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