La compra del ático de Chamberí por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya está bajo investigación judicial. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias para examinar la adquisición del inmueble por parte de Planifica Madrid, una empresa pública dependiente de la Comunidad, por 6,3 millones de euros.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha enviado este lunes al juzgado otras cuatro denuncias sobre la misma operación, una presentada por el PSOE y tres firmadas por particulares. Estos escritos se incorporarán a las diligencias abiertas a partir de la denuncia que Iustitia Europa llevó directamente ante la Justicia la semana pasada.
La causa reúne así cinco denuncias relacionadas con la compra, aunque todas quedarán concentradas dentro del mismo procedimiento. El juzgado todavía debe decidir el alcance de la investigación, las diligencias que practica y las posibles responsabilidades, sin que por el momento conste la citación como investigada de ninguna persona.
La decisión de la Fiscalía figura en un decreto firmado por el teniente fiscal de Madrid, José Luis García-Juanes. El Ministerio Público ha archivado sus diligencias preprocesales porque la legislación impide mantener dos investigaciones paralelas sobre unos mismos hechos cuando un juzgado ya ha abierto un procedimiento.
Ese archivo tiene un carácter técnico y no supone que las denuncias hayan sido rechazadas. Los cuatro escritos, junto con toda la documentación aportada, serán trasladados al magistrado encargado de esclarecer cómo se decidió la compra y si la actuación de los responsables de Planifica Madrid tuvo relevancia penal.
Cinco denuncias sobre una operación marcada por la opacidad
El PSOE ha dirigido su denuncia contra el consejo de administración de Planifica Madrid por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Los socialistas también han llevado el expediente ante el Tribunal de Cuentas para que estudie si el uso de los fondos públicos pudo generar responsabilidades contables.
Iustitia Europa amplió las sospechas a una posible administración desleal del patrimonio público. Su escrito reclama que el juzgado pida el expediente íntegro de la adquisición, las tasaciones utilizadas, los informes que justificaron la necesidad de comprar el inmueble, la documentación financiera y urbanística y los acuerdos adoptados por los órganos de dirección de la empresa.
La denuncia también solicita información sobre la intervención de la Consejería de Presidencia, de la que depende Planifica Madrid, las obras proyectadas en la Real Casa de Correos, las comisiones abonadas a los intermediarios y los costes fiscales asumidos durante la operación. Entre los documentos cuestionados aparece además el acuerdo de confidencialidad exigido a la propiedad antes de cerrar la compraventa.
El ático fue adquirido el pasado 14 de abril sin que la operación figurase en el presupuesto anual de la empresa pública. Su existencia permaneció fuera del conocimiento público hasta finales de julio, cuando comenzaron a conocerse los detalles de una compra que tampoco aparecía en el portal de contratación ni había sido comunicada por el Gobierno regional.
El Ejecutivo madrileño explicó inicialmente que el inmueble podía utilizarse como despacho temporal de Ayuso y de un equipo reducido durante las obras previstas en la sede de la Presidencia. Después aseguró que su destino definitivo todavía no estaba decidido, mientras surgían dudas sobre la posibilidad de instalar allí oficinas o dependencias administrativas debido a la normativa urbanística.
Ayuso trató de desligarse de la operación y afirmó que desconocía las compraventas realizadas por Planifica Madrid. Su Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, defendió posteriormente la necesidad de buscar un espacio alternativo durante las obras en la Real Casa de Correos y recordó que otros presidentes autonómicos disponen de residencias o dependencias oficiales.
Las explicaciones tampoco aclararon por qué se escogió un ático de lujo de 485 metros cuadrados, 199 de ellos de terraza, situado en el paseo del General Martínez Campos. El PSOE considera imposible justificar una adquisición de esas características para cubrir una necesidad administrativa temporal.
Planifica Madrid intenta venderlo cuatro meses después
La empresa pública ha reaccionado a la polémica poniendo nuevamente el ático en el mercado. El inmueble salió a subasta el pasado viernes por 6,69 millones de euros, cerca de 400.000 euros más de los 6,3 millones abonados en abril.
La Comunidad de Madrid sostiene que el dinero obtenido se destinará a financiar la reconstrucción de las zonas dañadas por los incendios forestales de la Sierra Oeste. Planifica Madrid ha incluido el ático dentro de un paquete de inmuebles públicos que pretende vender con ese objetivo.
La salida a subasta tampoco cierra la investigación judicial. El juzgado podrá examinar la decisión inicial de comprar el inmueble, el precio abonado, los gastos de intermediación y la posterior venta. La rapidez con la que el Gobierno madrileño ha renunciado al ático forma parte de las dudas planteadas por los denunciantes sobre la verdadera necesidad de aquella adquisición.
Óscar López, Secretario General del PSOE de Madrid, ha exigido la dimisión de Ayuso, la devolución de "hasta el último euro" y la depuración de las posibles responsabilidades. El dirigente socialista acusa a la presidenta de ofrecer versiones cambiantes desde que salió a la luz una operación que ha definido como una "chapuza colosal".
La compra que el Gobierno madrileño presentó primero como una posible solución temporal para la Presidencia ha terminado convertida en un nuevo frente judicial para Ayuso. El Juzgado de Instrucción número 8 tiene ahora en sus manos cinco denuncias y deberá decidir qué documentación reclama para reconstruir la operación de Planifica Madrid.
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