La crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes el pasado 30 y 31de julio ha llevado al Gobierno a declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional. El objetivo, según recoge el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es reforzar la coordinación entre las distintas administraciones ante una situación que ha presionado las capacidades de control fronterizo, atención humanitaria, acogida, protección de menores y seguridad, además de afectar al funcionamiento ordinario de los servicios públicos.
La declaración estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el presidente del Gobierno, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, podrá acordar antes de esa fecha su prórroga, modificar su alcance material o geográfico o ponerle fin de forma anticipada. El ámbito de aplicación comprende el territorio de Ceuta, su frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerza soberanía, jurisdicción o competencias.
Torres asumirá la Autoridad Funcional
La principal novedad del dispositivo es la designación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como Autoridad Funcional para impulsar y gestionar de forma coordinada las actuaciones derivadas de la declaración. El real decreto le atribuye la capacidad de dirigir y coordinar los recursos contemplados en la norma y establecer las prioridades para su utilización.
Entre sus funciones estará también fijar objetivos comunes para las administraciones y organismos implicados, impulsar medidas para preservar los servicios esenciales de Ceuta e integrar las distintas dimensiones de la crisis: humanitaria, asistencial, fronteriza, de seguridad, administrativa y de cooperación exterior.
Torres deberá, además, coordinar los apoyos logísticos que sean necesarios en centros o instalaciones situados en otros puntos de España, así como los posibles apoyos internacionales. También tendrá que mantener informado de forma permanente al Consejo de Seguridad Nacional sobre la evolución de la situación y podrá impulsar las actuaciones necesarias para el retorno de las personas migrantes en situación irregular, siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
No obstante, el real decreto deja claro que las directrices de la Autoridad Funcional “no alterarán la titularidad de las competencias” de las autoridades que intervienen ni modificarán las relaciones orgánicas o las cadenas de mando establecidas legalmente.
Un comité con presencia de 17 departamentos y organismos
Para gestionar la crisis se establece un sistema de coordinación que estará encabezado por el Consejo de Seguridad Nacional. A su vez, el Comité de Situación asistirá a este órgano y estará presidido por Torres, mientras que la Secretaría corresponderá al Departamento de Seguridad Nacional.
En su composición reducida participarán representantes de numerosos departamentos y organismos, entre ellos Exteriores, Presidencia, Defensa, Hacienda, Interior, Sanidad, Igualdad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Juventud e Infancia, además del Gobierno de Ceuta y la Delegación del Gobierno en la ciudad. También estarán representados el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Abogacía General del Estado, el Gabinete del presidente del Gobierno y otros departamentos contemplados en el real decreto.
Además, se activa una Célula de Coordinación permanente como apoyo a la Autoridad Funcional durante el periodo de vigencia de la declaración. De ella podrán depender órganos de apoyo en la zona para ejecutar las directrices funcionales y garantizar la coordinación entre las distintas administraciones.
Más recursos para afrontar la crisis
El real decreto contempla también la movilización de capacidades y recursos de la Administración General del Estado y de la propia Ciudad de Ceuta. Entre ellos figuran medios de Defensa para labores humanas, logísticas, sanitarias, de transporte, vigilancia, infraestructura, alojamiento y comunicaciones.
Interior aportará los recursos relacionados con el control de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público, la extranjería, la identificación y documentación y la prevención e investigación de la inmigración irregular y el tráfico ilícito de personas.
También se incluyen recursos de Transportes para el transporte marítimo, aéreo y terrestre, puertos, salvamento y seguridad marítima; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la recepción y atención humanitaria, acogida temporal, alojamiento y traslados; y de Juventud e Infancia para el sistema de protección y acogida de menores.
En el caso de la Ciudad de Ceuta, se incorporan recursos destinados a servicios sociales y asistenciales, protección de menores, Policía Local, protección civil, bomberos, servicios sanitarios y otros servicios esenciales.
Qué instalaciones contempla el real decreto
Los anexos identifican además diferentes infraestructuras que podrán utilizarse para afrontar la situación. Entre las dependientes del Estado figuran terrenos del Ministerio de Defensa en Loma Margarita, la Hípica, la nave fábrica de harina y el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería, además de terrenos en la explanada del Guano y espacios del acuartelamiento Coronel Fiscer.
También se contempla el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo, dependiente del Ministerio de Educación. Por parte de la Ciudad de Ceuta, aparecen el terreno cedido en el aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar, el espacio del antiguo Hospital Militar y los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz Flor.
La utilización de estos recursos estará sometida a los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad, eficiencia y temporalidad, entre otros.
Por último, el real decreto subraya que la declaración de interés para la Seguridad Nacional no supone la suspensión de derechos fundamentales ni de libertades públicas, ni permite adoptar medidas propias de los estados de alarma, excepción o sitio. La gestión deberá realizarse mediante los poderes y medios ordinarios de las diferentes administraciones, que estarán obligadas a colaborar y aportar los recursos humanos y materiales que tengan bajo su dependencia.
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