La Comisión Europea ha dado este viernes su visto bueno preliminar a la adenda de cierre del Plan de Recuperación presentada por el Gobierno. El respaldo de Bruselas acerca a España al último desembolso de los fondos europeos y acepta los cambios introducidos para completar los compromisos pendientes antes de que termine el calendario comunitario.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado la decisión y ha asegurado que permitirá "el máximo aprovechamiento de los recursos del Plan para consolidar su impacto transformador sobre la economía española". El documento todavía deberá recibir la aprobación definitiva de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.
🇪🇺La Comisión Europea ha adoptado su evaluación preliminar positiva de la Adenda de Cierre del #PlandeRecuperación , que permitirá el máximo aprovechamiento de los recursos del Plan para consolidar su impacto transformador sobre la economía española. https://t.co/LulMlxIojL
— Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) August 7, 2026
La adenda fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio y tiene un contenido principalmente técnico. Actualiza la formulación de 121 hitos y objetivos y 101 medidas para aclarar cómo debe acreditarse su cumplimiento, reducir cargas administrativas y facilitar la evaluación final de la Comisión.
Entre los cambios aparecen tres hitos que quedaron pendientes durante la revisión del sexto desembolso. Están relacionados con la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y los proyectos para colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas. La nueva redacción concreta sus mecanismos de verificación y permite incorporarlos a la solicitud del séptimo y último pago.
Menos créditos y las transferencias intactas
El ajuste más visible afecta a los préstamos. España ha reducido en otros 1.257 millones de euros el volumen de créditos que utilizará y dejará la cifra definitiva en torno a los 21.500 millones, muy por debajo de los 83.160 millones solicitados inicialmente.
La reducción alcanza cerca del 75% de los préstamos disponibles, aunque las subvenciones europeas permanecen prácticamente intactas. España conserva el acceso a cerca de 80.000 millones de euros en transferencias directas, que se destinan a proyectos y no deben devolverse.
Los créditos funcionan de otra manera. Forman parte de la deuda pública y únicamente resultan atractivos cuando sus condiciones mejoran las que España puede conseguir en los mercados. En 2021, la financiación de la Comisión ofrecía una ventaja de unos 70 puntos básicos frente al Tesoro español. Ese diferencial se ha reducido prácticamente a cero con la mejora de las condiciones financieras del país.
Esa evolución ya llevó al Gobierno a descartar más de 61.000 millones en créditos a finales de 2025. La última rebaja responde también a la demanda real de empresas, comunidades autónomas y entidades locales, que ha quedado por debajo de lo previsto en varias líneas.
Entre las partidas ajustadas figura la financiación del Instituto de Crédito Oficial para promover vivienda social, que pierde alrededor de 182 millones de euros. El Fondo de Resiliencia Autonómico reduce su dotación en algo más de 400 millones. También se revisan programas vinculados al vehículo eléctrico, el emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas y el capital riesgo tecnológico.
El Gobierno concentrará los recursos restantes en los instrumentos que han demostrado mayor capacidad de ejecución. Uno de ellos será el Fondo España Crece, diseñado para mantener el impulso de la inversión pública y privada cuando concluya el programa europeo en 2026.
La reforma fiscal sale del plan
La adenda incluye además una decisión de mayor contenido político. Bruselas ha aceptado retirar el compromiso de revisar los incentivos fiscales, una reforma que contemplaba cambios en tipos reducidos de IVA, deducciones y exenciones para elevar la recaudación en alrededor de 1.700 millones de euros.
El compromiso estaba incluido en el Plan de Recuperación desde 2021 y había sido aplazado en revisiones anteriores. Su aprobación exigía modificar varias leyes en el Congreso y el Gobierno carecía de una mayoría suficiente para garantizar su salida adelante.
La Comisión ha permitido sustituir ese objetivo por otras actuaciones ya cumplidas o en marcha. Entre ellas aparecen la publicación de los análisis de gasto elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la entrada en vigor de medidas vinculadas a la transición ecológica.
La fiscalidad ha provocado algunos de los principales desencuentros entre Madrid y Bruselas durante la ejecución del plan. La Comisión llegó a retener parte de un desembolso porque España no había equiparado los impuestos del diésel y la gasolina ni había alcanzado inicialmente el aumento de recaudación acordado. El incremento de los ingresos públicos fue reconocido posteriormente, mientras la parte correspondiente al diésel continuó sin cumplirse.
El aval preliminar permite ahora al Gobierno preparar la solicitud del séptimo desembolso con un plan adaptado a lo que puede ejecutar antes del 31 de agosto. España ha cumplido ya 338 hitos y objetivos y había asignado a finales de junio cerca de 70.400 millones de euros a casi 1,5 millones de empresas, hogares y otros beneficiarios privados.
El siguiente paso corresponderá al Ecofin, que deberá aprobar definitivamente la evaluación de la Comisión. Después llegará la petición del último pago y la comprobación de los compromisos que España tiene que completar antes de que expire el plazo europeo.
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