La Comisión Europea ha reclamado al Gobierno que convierta las reformas anunciadas contra la corrupción en resultados efectivos. El Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, publicado este viernes, reconoce varias medidas impulsadas durante el último año, aunque considera que la aplicación práctica de las normas vigentes todavía no ha mejorado.
Como adelantó ayer ‘ElConstitucional.es’, Bruselas concentra sus principales advertencias en el control de los altos cargos, las declaraciones patrimoniales, la regulación de los grupos de presión y la duración de los grandes procedimientos por corrupción. El documento definitivo confirma las líneas centrales del borrador y concreta seis recomendaciones para España.
La evaluación también contiene reconocimientos importantes para el Ejecutivo. La Comisión aprecia progresos significativos en el fortalecimiento del estatuto del fiscal general del Estado y en el acceso a la información pública. También valora el refuerzo de las plantillas judiciales y fiscales, los primeros resultados de la Ley de Eficiencia y el elevado nivel de digitalización de la Justicia española.
El plan anticorrupción sigue pendiente de resultados
El informe reconoce la aprobación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado por Pedro Sánchez en el verano de 2025, así como la tramitación de la futura Ley de Integridad Pública. Esta última norma pretende reunir en un organismo independiente varias competencias que actualmente permanecen repartidas entre distintas instituciones.
Bruselas considera que estas iniciativas van en la dirección adecuada, pero reclama acelerar su tramitación y puesta en marcha. La Comisión concluye que la aplicación práctica de las reglas existentes "no ha mejorado", pese al avance formal de los proyectos legislativos.
El futuro órgano supervisor deberá disponer de autonomía, presupuesto suficiente y capacidad para detectar e imponer sanciones. La Comisión quiere que pueda actuar ante posibles conflictos de intereses o irregularidades patrimoniales sin depender únicamente de denuncias externas o de la información aportada por los propios altos cargos.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante aparece como otro de los organismos que necesitan más recursos. Desde septiembre de 2025 ha recibido alrededor de 400 comunicaciones, mientras las limitaciones presupuestarias han impedido completar su plantilla. Bruselas pide garantizar una protección efectiva para quienes denuncien posibles fraudes o irregularidades dentro de las administraciones.
Los lobbies continúan sin una regulación completa
España mantiene pendiente la aprobación de una ley que regule la actividad de los grupos de presión. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2025, pero todavía no ha completado su recorrido en el Congreso.
La Comisión califica como "limitados" los avances registrados en este ámbito y vuelve a reclamar un registro público y obligatorio de lobistas. La futura regulación tendría que permitir conocer qué entidades tratan de influir sobre las decisiones públicas, con qué responsables se reúnen y qué intereses representan.
El documento también señala carencias en la transparencia de las fundaciones vinculadas a los partidos y en el seguimiento de determinadas cuentas electorales. La contratación pública continúa figurando entre los espacios más expuestos a posibles prácticas irregulares, especialmente en los contratos de servicios y en aquellos procedimientos que reciben una única oferta.
El 34% de las licitaciones españolas se resuelve con un solo participante, frente al 27% de media en la Unión Europea. Cerca del 40% de las empresas consultadas considera además que la corrupción le ha impedido obtener algún contrato público durante los últimos tres años.
Una percepción social que continúa deteriorándose
El informe sitúa a España con 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El país ocupa el puesto 17 entre los Veintisiete y el 49 de la clasificación mundial. La puntuación ha descendido seis puntos desde 2021.
La Comisión recoge que el 92% de los españoles considera que la corrupción está extendida, frente al 71% de media comunitaria. Un 53% afirma sentirse afectado personalmente en su vida cotidiana, mientras la media europea se encuentra en el 30%.
La percepción también es negativa entre las compañías. El 85% de las empresas españolas cree que la corrupción está generalizada y el 62% la contempla como un problema para desarrollar su actividad. Bruselas utiliza estos indicadores para medir la confianza pública en las instituciones, aunque se trata de encuestas de percepción y no de un recuento de delitos o condenas.
Bruselas reconoce el refuerzo de la Justicia
El capítulo judicial deja algunas de las valoraciones más favorables para el Gobierno. La Comisión destaca la creación de 500 plazas judiciales y otras 200 para fiscales, la mayor ampliación conjunta de las plantillas realizada hasta ahora en España.
Bruselas también aprecia los primeros efectos de la Ley de Eficiencia, que sustituyó los antiguos juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia e impulsó mecanismos de conciliación antes de acudir a los tribunales. La entrada de asuntos civiles se ha reducido de manera notable, aunque persisten diferencias en la aplicación de la reforma entre comunidades autónomas.
La digitalización recibe otra valoración positiva. Herramientas como la Carpeta Justicia o las mejoras introducidas en el Registro Civil han situado a España entre los países más avanzados de la Unión, si bien la falta de conexión entre algunos sistemas estatales y autonómicos sigue provocando dificultades.
La Comisión considera igualmente que se ha producido un "progreso significativo" para reforzar el estatuto del fiscal general del Estado. La reforma en tramitación amplía su mandato a cinco años para evitar que coincida con el ciclo político del Gobierno que lo propone. Bruselas reclama completar esa separación temporal y garantizar la autonomía de la Fiscalía conforme a los estándares europeos.
El Gobierno reivindica su agenda reformista
Fuentes del Ejecutivo han destacado que la Comisión Europea valora positivamente la agenda impulsada para mejorar el funcionamiento del servicio público de Justicia. El Gobierno pone el foco en la ampliación de las plantillas, la Ley de Eficiencia, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y las reformas procesales que continúan en el Congreso.
Moncloa también subraya el reconocimiento europeo a la digitalización y a los cambios previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ejecutivo sostiene que las reformas en marcha permitirán agilizar las investigaciones, fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal y reducir la duración de los procedimientos más complejos.
El Gobierno admite que varias normas decisivas continúan pendientes de la aprobación parlamentaria. Entre ellas se encuentran la Ley de Integridad Pública, la regulación de los lobbies, la Ley de Administración Abierta y la nueva normativa sobre secretos oficiales.
Las macrocausas siguen tardando demasiado
Bruselas aprecia "algunos avances" en la lucha contra la corrupción de alto nivel gracias al aumento de personal y a las reformas legislativas iniciadas. La excesiva duración de las grandes investigaciones continúa, sin embargo, entre las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario.
La Comisión atribuye estos retrasos a la complejidad de las causas con numerosos investigados, las dificultades para obtener documentación de otros países y la lentitud de algunos informes periciales. Por ello, pide acelerar la reforma procesal y dotar a jueces y fiscales de herramientas suficientes para evitar que los procedimientos se prolonguen durante más de una década.
El informe analiza principalmente la actividad institucional registrada durante 2025 y no entra a valorar la responsabilidad de personas concretas en las causas actualmente abiertas. Su examen se centra en la capacidad de España para prevenir, investigar y sancionar posibles irregularidades.
Un llamamiento al respeto entre los poderes del Estado
La Comisión vuelve a recoger la preocupación de jueces, asociaciones profesionales y órganos judiciales por las declaraciones de dirigentes políticos contra determinadas resoluciones o magistrados. Bruselas advierte de que los ataques personales pueden erosionar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
El informe también señala que algunos miembros de la carrera judicial han realizado manifestaciones públicas contra representantes políticos y recuerda que varias actuaciones están siendo estudiadas por la Comisión Disciplinaria del CGPJ. La recomendación europea alcanza al Ejecutivo, al Legislativo y al propio Poder Judicial, a los que exige respeto mutuo para proteger el funcionamiento de las instituciones.
La Comisión considera que criticar una resolución judicial forma parte del debate democrático. El límite aparece cuando esas declaraciones comprometen la independencia de los tribunales o presentan las decisiones de los jueces como resultado de intereses ajenos al procedimiento.
Avisos sobre los medios públicos
El capítulo dedicado a la libertad de prensa recoge las quejas trasladadas por diferentes organizaciones sobre posibles riesgos de injerencia política en los medios públicos nacionales y autonómicos. El Gobierno defiende el funcionamiento ordinario de RTVE después de su última reforma, mientras algunos órganos profesionales de la corporación han alertado de un deterioro de la independencia editorial.
Bruselas reconoce los avances en la reforma de la publicidad institucional y en el acceso a la información. También pide mejorar la transparencia sobre la propiedad de los medios y reforzar la protección de los periodistas frente al acoso, las amenazas y las demandas abusivas.
La Comisión respeta el aval europeo a la amnistía
El informe incorpora las dos sentencias dictadas este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha asegurado que la Comisión "respeta y acata" las decisiones del tribunal, que descartó la incompatibilidad general de la norma con el Derecho comunitario en los asuntos analizados.
Todavía quedan otras cuestiones prejudiciales pendientes y corresponderá a los tribunales españoles aplicar las resoluciones europeas. La Comisión continuará siguiendo su desarrollo dentro del examen anual sobre el Estado de derecho.
El próximo control de Bruselas medirá cuántas de las reformas pendientes han conseguido superar el trámite parlamentario y funcionar sobre el terreno. La capacidad sancionadora del nuevo organismo de integridad, la regulación de los lobbies, la protección de los denunciantes y la reducción de los tiempos judiciales marcarán el siguiente examen europeo al Gobierno.
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