La Comisión Europea prepara un serio toque de atención a España por sus limitados avances en la lucha contra la corrupción. El borrador del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, cuya publicación oficial está prevista para este viernes, reclama acelerar las reformas pendientes y reforzar los organismos encargados de vigilar, investigar y sancionar las irregularidades.
El documento comunitario ofrece una imagen con claroscuros. Bruselas reconoce el impulso de varios proyectos legislativos y valora algunas medidas aprobadas durante el último año, pero advierte de que buena parte de esos cambios continúan atascados en el Congreso o carecen todavía de una aplicación efectiva. Los mayores reproches afectan a la contratación pública, los conflictos de intereses, la regulación de los grupos de presión y la larga duración de las grandes causas judiciales.
El contenido del capítulo dedicado a España ha sido adelantado por ‘Agenda Pública’ y ‘elDiario.es’. Esa primera versión del documento analiza principalmente la situación registrada durante 2025 y forma parte del examen anual realizado por la Comisión a los Veintisiete.
Una preocupación social que sigue creciendo
El informe refleja que nueve de cada diez españoles consideran que la corrupción está ampliamente extendida en el país. La percepción social ha empeorado durante los últimos cinco años y sitúa a España en el puesto 17 entre los socios comunitarios y en el 49 de la clasificación mundial.
La inquietud también se ha trasladado a las empresas que trabajan con las administraciones. Cuatro de cada diez compañías que participan en licitaciones públicas creen que la corrupción les ha impedido conseguir algún contrato durante los últimos tres años, diez puntos por encima de la media europea.
Bruselas detecta además un rápido deterioro de la confianza empresarial en el funcionamiento de las adjudicaciones. El porcentaje de compañías que consideran independiente el sistema español de contratación pública ha caído del 61% al 44% en apenas un año.
La Comisión habla de "debilidades persistentes y sistémicas" relacionadas con la integridad, la escasa concurrencia de ofertas y las dificultades para seguir el recorrido de las decisiones administrativas. Los contratos de servicios y los vinculados a infraestructuras críticas aparecen entre los ámbitos más expuestos.
Los contratos públicos permanecen en zona de riesgo
La contratación pública continúa siendo para Bruselas un "área de alto riesgo para la corrupción". El 34% de las licitaciones españolas reciben una única oferta, frente al 28% registrado como media en la Unión Europea, una diferencia que limita la competencia y eleva los riesgos de irregularidades.
La Comisión pide controles externos más eficaces sobre las administraciones y los sectores que manejan mayores cantidades de dinero público. El proyecto de Ley de Administración Abierta aprobado por el Gobierno aparece como una de las medidas valoradas positivamente, ya que pretende reforzar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La norma convertiría por primera vez al Consejo en una autoridad administrativa independiente y ampliaría su capacidad para sancionar a organismos que se nieguen a entregar información pública. El proyecto sigue pendiente de completar su tramitación parlamentaria, por lo que sus efectos todavía no pueden medirse.
El Plan Anticorrupción avanza con demasiada lentitud
La Comisión Europea reconoce la aprobación del Plan Estatal contra la Corrupción anunciado por Pedro Sánchez en el verano de 2025, después de que la investigación del caso Koldo alcanzara al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El plan contempla medidas en cinco ámbitos principales: la prevención de irregularidades, el fortalecimiento de los controles, la protección de denunciantes y alertadores, la recuperación de activos procedentes de delitos y el aumento de la transparencia y la participación ciudadana. Bruselas considera positiva su aprobación, pero pide una ejecución más rápida y resultados verificables.
El Ejecutivo comunitario también analiza el proyecto de Ley de Integridad Pública, que plantea agrupar la Oficina de Conflictos de Interés, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y una futura Agencia Nacional Antifraude. La intención es reunir en un único organismo las competencias actualmente dispersas entre diferentes instituciones.
Para Bruselas, ese futuro supervisor tendrá que contar con verdadera independencia y disponer de facultades suficientes para investigar e imponer sanciones. Una estructura formal sin presupuesto, personal o capacidad ejecutiva resultaría insuficiente ante el volumen y la complejidad de las irregularidades detectadas.
Los controles sobre los altos cargos siguen siendo débiles
Otro de los principales reproches afecta al control de los conflictos de intereses y a las declaraciones patrimoniales de los altos cargos. El borrador sostiene que la oficina responsable presenta una capacidad limitada para detectar, desalentar y sancionar conductas inapropiadas.
La Comisión reclama normas más exigentes sobre incompatibilidades, patrimonio y relaciones profesionales de quienes abandonan la Administración para incorporarse a empresas privadas. También pide que los controles puedan iniciarse de manera activa, sin depender exclusivamente de denuncias o de la información entregada por los propios afectados.
El proyecto de Ley de Integridad Pública intenta responder a una parte de esas demandas, aunque su aplicación continúa pendiente. Bruselas espera que la futura agencia disponga de autonomía funcional y financiera y pueda supervisar de forma efectiva a los cargos con mayor responsabilidad.
Sin avances reales en la regulación de los lobbies
España continúa también sin aprobar una regulación completa de los grupos de interés. La Comisión Europea lleva varios años reclamando un registro público y obligatorio para los lobistas, acompañado de información sobre sus reuniones con dirigentes políticos y altos responsables de la Administración.
El proyecto destinado a aumentar la transparencia de estas actividades permanece bloqueado en el Congreso. El informe mantiene igualmente sus reservas sobre la financiación de los partidos políticos, un ámbito en el que considera insuficientes los avances registrados durante el último ejercicio.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante tampoco ha logrado cubrir toda su plantilla pese al aumento de trabajo. Desde septiembre de 2025 ha recibido alrededor de 400 denuncias, mientras sus limitaciones presupuestarias dificultan la gestión y protección de quienes comunican posibles irregularidades. Bruselas pide garantizar los recursos necesarios para evitar que las denuncias queden atrapadas en retrasos administrativos.
Las grandes causas de corrupción siguen durando demasiado
La duración de los procedimientos por corrupción de alto nivel vuelve a aparecer entre las principales preocupaciones comunitarias. Casos como Gürtel, Púnica, Lezo o Kitchen siguen abiertos o pendientes de resoluciones definitivas más de una década después de que comenzaran sus investigaciones.
Durante 2025 se abrieron 19 nuevos casos de corrupción en los ámbitos estatal y autonómico. De los 76 procedimientos analizados, 52 terminaron con condenas y 19 concluyeron con absoluciones, según los datos recogidos en el borrador.
La Comisión atribuye la lentitud a la complejidad de las investigaciones, el elevado número de implicados, los largos trámites de los recursos y la falta de jueces especializados. El documento tampoco aprecia un aumento significativo de la actividad de la Fiscalía Anticorrupción, mientras la Fiscalía Europea mantenía cuatro procedimientos abiertos en España al cierre del año.
Bruselas valora, sin embargo, la creación de tres nuevas plazas judiciales en la Audiencia Nacional y el incremento de la plantilla del Ministerio Fiscal. El refuerzo de personal puede ayudar a descargar unos órganos acostumbrados a investigar las causas económicas más complejas.
El informe llega en plena sucesión de condenas y procedimientos
El documento se publicará en una semana especialmente complicada para el Gobierno y el PSOE. El Tribunal Supremo condenó hace menos de un mes al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el caso Mascarillas. Su antiguo asesor Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses, mientras Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio.
La Audiencia Provincial de Badajoz también ha condenado esta semana a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. El tribunal le absolvió del delito de tráfico de influencias al considerar que no se había probado quién impulsó la creación de la plaza que terminó ocupando.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado además que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La misma resolución elimina la corrupción en los negocios y la apropiación indebida y revoca todas las medidas cautelares personales impuestas por el juez Juan Carlos Peinado.
Estas resoluciones pertenecen a procedimientos independientes y el informe comunitario analiza fundamentalmente los datos de 2025. Su coincidencia temporal aumenta, sin embargo, la presión política sobre el Ejecutivo cuando Bruselas reclama resultados concretos en materia de prevención y control.
Bruselas avala parte de las reformas judiciales
El capítulo sobre España también contiene valoraciones favorables para el Gobierno. Según el borrador adelantado en exclusiva por ‘Agenda Pública’, la Comisión considera un "progreso significativo" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entregaría a los fiscales la dirección de las investigaciones penales.
La propuesta incluye una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general y evitar que coincida con el periodo del Gobierno que lo propone. Bruselas entiende que ambas medidas pueden fortalecer la autonomía del Ministerio Público y hacer más ágiles las investigaciones.
El informe respalda asimismo la limitación de la acción popular para prevenir abusos y evitar que se utilice con finalidades alejadas del interés general. El proyecto impediría ejercerla a partidos políticos, organizaciones vinculadas a ellos y asociaciones de jueces o fiscales, además de exigir una conexión directa con el interés público protegido.
La Comisión valora también la creación de 500 nuevas plazas para jueces y otras 200 para fiscales, un refuerzo destinado a corregir una de las tasas de magistrados por habitante más bajas de la Unión Europea.
Los Tribunales de Instancia reciben una valoración positiva
La Ley de Eficiencia, que sustituyó los tradicionales juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, es una de las pocas reformas que ya se encuentran plenamente en vigor. Bruselas considera que sus primeros resultados han sido positivos, especialmente por la reducción de asuntos civiles tras introducir mecanismos de conciliación previos.
El número de procedimientos civiles habría caído cerca de un tercio gracias a la obligación de acudir primero a métodos alternativos de resolución de conflictos. La Comisión advierte, pese a ello, de una aplicación desigual entre comunidades autónomas y de la falta de recursos en los municipios más grandes.
España también mantiene una posición destacada en la digitalización de la Justicia. El informe reconoce los avances del Registro Civil, la Carpeta Justicia y la futura regulación del uso de inteligencia artificial en los tribunales, aunque señala problemas de conexión entre los distintos sistemas estatales y autonómicos.
La elección del CGPJ continúa pendiente
La Comisión Europea vuelve a pedir cambios en el sistema de elección de los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas coincide con la Comisión de Venecia en que deben ser escogidos directamente por los miembros de la carrera judicial, sin una elección posterior del Parlamento.
El CGPJ aprobó en 2025 dos propuestas distintas. El bloque conservador defendió la elección directa entre jueces, mientras el sector progresista apostó por mantener la intervención de las Cortes para garantizar el pluralismo dentro de una carrera judicial mayoritariamente conservadora.
La Comisión de Venecia respaldó la elección entre pares como el modelo más ajustado a sus estándares, aunque también advirtió del riesgo de que las asociaciones judiciales terminen dominando el proceso. Bruselas pide ahora nuevos pasos para completar una reforma que continúa sin acuerdo político.
La Comisión mantendrá a España bajo vigilancia
Un representante de la Comisión Europea ha confirmado este jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que Bruselas seguirá estudiando "muy de cerca" la evolución del Estado de derecho y la corrupción en España.
El Ejecutivo comunitario recuerda que su informe anual es una herramienta preventiva que examina tanto los avances como las deficiencias de cada Estado miembro. Las recomendaciones se elaboran a partir de información aportada por autoridades nacionales, organismos independientes, organizaciones internacionales y entidades de la sociedad civil.
El documento definitivo se publicará este viernes 17 de julio. A partir de ese momento, el Gobierno tendrá que responder a unas recomendaciones que volverán a ser examinadas por Bruselas en su próximo ciclo anual de seguimiento.
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