Manuel Marchena ha entrado este lunes en el debate sobre la desconfianza ciudadana hacia la Justicia con una defensa firme de la judicatura y una crítica directa al uso de los tribunales como prolongación de la pelea entre partidos. "Una sociedad no puede desconfiar de sus jueces", ha afirmado el magistrado del Tribunal Supremo durante los cursos de verano del CEU en San Lorenzo de El Escorial.
El expresidente de la Sala Segunda ha calificado de "tragedia" que una parte creciente de la ciudadanía perciba a los jueces a través de etiquetas ideológicas. También ha advertido de que "la convivencia se lamina" cuando se extiende la idea de que la Justicia está en manos de "fachas con toga", una expresión que ha utilizado para denunciar el descrédito general de la carrera judicial.
Marchena ha pedido además que la imagen de todo el sistema no quede condicionada por el ruido generado alrededor de unas pocas investigaciones. Según ha expuesto, España celebra aproximadamente un millón de juicios al año, mientras apenas cinco o diez asuntos de gran repercusión política y mediática acaban marcando la opinión pública sobre el funcionamiento de los tribunales.
Las encuestas reflejan una desconfianza muy profunda
La llamada de Marchena llega pocos días después de que dos encuestas diferentes dibujaran un deterioro difícil de ignorar. El último estudio del CIS sobre calidad democrática señala que el 76,9% de los españoles duda de que la Justicia actúe siempre con imparcialidad cuando investiga asuntos que afectan a partidos políticos.
El mismo trabajo recoge que el 88,8% cree que los tribunales tratan de manera distinta a los políticos y a las personas corrientes. La confianza media en la Justicia queda por debajo del aprobado y el malestar se extiende también al Gobierno, los partidos, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación.
El barómetro elaborado por 40dB para ‘El País’ y la Cadena SER apunta en la misma dirección. Solo el 32,2% considera justas e imparciales las resoluciones relacionadas con asuntos políticos, mientras un 65,4% cree que existe ‘lawfare’ en España y tres de cada cuatro ciudadanos piensan que los partidos intentan influir en las decisiones judiciales.
Marchena ha defendido que esos datos no pueden abordarse ignorando la responsabilidad de la política. A su juicio, cuando un partido se persona judicialmente contra otro, el lenguaje parlamentario entra en el procedimiento penal y el juez termina sometido al mismo reparto de etiquetas que domina el debate público.
Partidos fuera de la acusación popular
El magistrado ha propuesto limitar el acceso de partidos políticos y sindicatos a la acusación popular. Considera "nefasto" que una formación pueda personarse en una causa abierta contra un adversario para trasladar a los tribunales un enfrentamiento que debería resolverse en las instituciones representativas.
"La batalla política tiene que librarse en el Parlamento", ha señalado. Marchena sostiene que, cuando la resolución judicial contradice las expectativas de una formación, el magistrado deja de ser valorado por sus argumentos jurídicos y pasa a ser presentado como aliado del bloque contrario.
Su crítica no alcanza a la existencia misma de la acción popular. Marchena la considera una garantía constitucional "indispensable" para que la ciudadanía pueda actuar ante delitos que afecten al poder, especialmente cuando la Fiscalía adopte una posición que pueda favorecer una situación de impunidad.
Por ello ha advertido de que imponer límites injustificados supondría "coquetear con el abismo". Su propuesta pasa por conservar la herramienta para ciudadanos y organizaciones sociales, pero impedir que se convierta en un arma de desgaste entre partidos dentro de las causas por corrupción.
Marchena defiende el jurado y pide más formación
El magistrado también ha reivindicado el tribunal del jurado como una institución que funciona correctamente en términos generales. Ha defendido el valor democrático de que cualquier ciudadano pueda convertirse en "juez por un día", aunque considera necesario revisar algunos aspectos de su regulación.
Entre sus propuestas figura exigir al menos el graduado escolar a quienes sean seleccionados. Actualmente basta con saber leer y escribir. Marchena ha comparado ese requisito con los exigidos para acceder a otros puestos públicos y ha sostenido que una responsabilidad como decidir sobre la culpabilidad de una persona requiere una formación mínima.
También ha pedido reducir los delitos sometidos a jurado a aquellos que puedan ser valorados sin conocimientos jurídicos especialmente complejos. A ello ha sumado la necesidad de simplificar las instrucciones que los magistrados entregan a sus integrantes, ya que en algunos procesos su redacción termina aumentando la "desorientación" de los ciudadanos encargados de emitir el veredicto.
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