El euro digital ha dado este jueves uno de sus pasos más importantes en Bruselas. El Parlamento Europeo ha respaldado el inicio de las negociaciones con los Estados miembros para cerrar la norma que regulará esta nueva forma de dinero electrónico emitida por el Banco Central Europeo. La votación salió adelante con 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones, pese al intento de bloqueo de los grupos de la derecha dura y la ultraderecha europea.
La iniciativa tiene un objetivo político y económico bastante claro. Europa quiere reducir su dependencia de proveedores de pago de fuera de la Unión, especialmente de redes estadounidenses como Visa, Mastercard o American Express. El euro digital no sería una criptomoneda ni un producto de inversión. Sería dinero público en formato electrónico, respaldado por el BCE, pensado para pagar en comercios, entre particulares o en servicios digitales.
La negociación empezará ahora con el Consejo, bajo presidencia irlandesa, y estará liderada por el eurodiputado español Fernando Navarrete Rojas, del Partido Popular Europeo. El calendario que manejan las instituciones europeas pasa por cerrar el marco legal antes de que acabe el año. Después, el BCE tendrá que completar pruebas, infraestructura y desarrollo técnico antes de decidir si emite finalmente el euro digital.
Una alternativa europea para pagar sin pasar siempre por EEUU
El debate no va solo de tecnología. Va de soberanía. Hoy, una parte central de los pagos electrónicos en Europa depende de empresas, estándares e infraestructuras que no se deciden en la Unión Europea. Esa dependencia se ha vuelto más visible con la tensión geopolítica con Estados Unidos y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha acelerado en Bruselas la discusión sobre autonomía estratégica.
El euro digital busca cubrir ese hueco sin eliminar las soluciones privadas ya existentes. En España, por ejemplo, Bizum se ha convertido en un sistema cotidiano para transferencias entre particulares, pero no funciona como una infraestructura pública europea ni tiene alcance pleno en toda la zona euro. La idea de Bruselas es que cualquier ciudadano pueda tener una opción digital de dinero de banco central, con reglas europeas y supervisión europea.
El proyecto también intenta protegerse de una crítica habitual. No pretende acabar con los billetes y monedas. El paquete aprobado por la Eurocámara incluye una pieza específica para reforzar el efectivo, obligar a los países de la eurozona a garantizar su disponibilidad y evitar que los comercios puedan prohibirlo de forma generalizada. Esa parte es clave para personas mayores, ciudadanos con bajos ingresos o usuarios fuera del sistema bancario tradicional.
Cómo funcionaría el euro digital
El euro digital tendría dos modalidades. La versión online operaría a través de un sistema de cuentas y permitiría pagos digitales similares a los actuales, aunque con respaldo directo del banco central. La versión offline funcionaría sin conexión a internet, mediante almacenamiento local en un dispositivo, con una lógica más cercana al efectivo. Si el usuario pierde el dispositivo con dinero offline, perdería también ese saldo, como ocurre con una cartera física.
Los servicios básicos serían gratuitos para los ciudadanos. Abrir una cuenta, mantener fondos, gestionarlos y disponer de al menos un instrumento de pago no tendría coste. Los proveedores podrían cobrar por servicios adicionales, pero el Parlamento quiere limitar comisiones y evitar prácticas como penalizaciones por inactividad o paquetes obligatorios.
La mayoría de los comercios tendría que aceptar pagos en euros digitales, aunque habría excepciones para autónomos, pequeñas empresas y microempresas que no acepten ya otros pagos digitales. También podrían distribuirlo bancos, entidades de dinero electrónico, oficinas de correos y proveedores regulados de servicios de pago, incluso desde países de la UE que no forman parte de la eurozona.
Privacidad, banca y límites de dinero
La privacidad es una de las grandes batallas del euro digital. El Parlamento quiere que el sistema incorpore garantías desde el diseño, con transacciones verificables sin exponer datos personales más allá de lo estrictamente necesario. La posición aprobada también recoge que el BCE no tenga acceso a datos personales que identifiquen directamente al usuario.
La otra gran preocupación está en la banca. Si los ciudadanos pudieran mover grandes cantidades de dinero desde sus depósitos bancarios hacia euros digitales, el sistema financiero podría sufrir tensiones. Para evitarlo, la norma prevé un límite máximo de tenencia por persona. Esa cifra todavía no está decidida y será uno de los puntos más delicados de la negociación entre instituciones, BCE, Eurogrupo y sector financiero.
El euro digital tampoco generaría intereses. No está pensado como una cuenta de ahorro ni como una vía para sacar rentabilidad, sino como un medio de pago. Las empresas, además, no podrían acumularlo de forma indefinida. Solo podrían conservar cobros durante un periodo limitado antes de liquidarlos en sus cuentas habituales.
El rechazo de la ultraderecha y la fase que empieza ahora
La posición del Parlamento no salió adelante sin resistencia. Patriotas por Europa, grupo en el que está Vox, Conservadores y Reformistas Europeos y Europa de las Naciones Soberanas impugnaron la decisión de la comisión económica que abría la puerta a las negociaciones. Su intento fracasó en el pleno y la Eurocámara mantuvo el mandato para sentarse con los Estados.
A partir de ahora empieza la negociación real. Parlamento, Consejo y Comisión deberán cerrar el texto definitivo, fijar el equilibrio entre privacidad y seguridad, definir el papel de los bancos y asegurar que el efectivo siga disponible. El BCE, por su parte, ya prepara un piloto de doce meses para la segunda mitad de 2027 y afirma que quiere estar listo para una posible primera emisión durante 2029, siempre que la regulación quede aprobada en 2026.
El euro digital no llegará mañana al bolsillo de los europeos. Antes tendrá que superar la negociación política, las pruebas técnicas y la decisión final del Banco Central Europeo. El paso dado este jueves en Estrasburgo deja el proyecto en la mesa de los Estados y abre la fase en la que se decidirá si Europa quiere pagar en digital con una infraestructura propia o seguir dependiendo de redes diseñadas y gobernadas fuera de la Unión.
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