La Puerta del Sol de Madrid mantiene desde el pasado sábado una acampada convocada en protesta por la situación de la vivienda. La movilización surgió tras el intento de desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años y ha ido creciendo durante los últimos días hasta reunir a miles de personas y más de 1.200 tiendas de campaña. Los manifestantes reclaman medidas frente a la crisis de la vivienda y han decidido mantener la protesta hasta conseguir compromisos que consideren suficientes.
La concentración ha provocado un enfrentamiento político entre las administraciones madrileñas y la Delegación del Gobierno. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han reclamado el desalojo de la plaza y han cuestionado que la protesta pueda mantenerse durante varios días. La Delegación del Gobierno, por su parte, sostiene que mientras la concentración se mantenga pacífica debe respetarse el derecho fundamental de reunión.
Las pruebas de Almeida, bajo la lupa
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó este miércoles al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una evaluación “inmediata” de la situación de seguridad en la acampada y que se determinen las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los agentes. La petición se produjo después de que el Ayuntamiento anunciara que trasladaría a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior documentación sobre la supuesta presencia de adoquines y cuchillos de grandes dimensiones en la zona: “Si existen objetos potencialmente peligrosos en la acampada, la situación debe evaluarse de inmediato”, sostuvo el SUP, que pidió al delegado del Gobierno que valore los riesgos y adopte las medidas que considere necesarias.
Sin embargo, parte de las pruebas utilizadas por el Consistorio para cuestionar la seguridad de la acampada han generado dudas sobre el alcance de sus acusaciones. Entre las imágenes difundidas por el Ayuntamiento aparece, por ejemplo, un cuchillo junto a pan y hummus, mientras que los acampados han explicado que algunos de los adoquines señalados se utilizan como contrapesos para las estructuras de las tiendas. Hasta el momento, las informaciones publicadas sobre la protesta no apuntan a incidentes graves.
La petición del SUP se produce, por tanto, en paralelo a las acusaciones del Ayuntamiento, pero no constituye por sí misma una confirmación de que se hayan producido incidentes graves ni de que los objetos señalados supongan un riesgo acreditado. La cuestión quedó pendiente de una evaluación de seguridad por parte de las autoridades competentes.
Los bomberos descartan peligro en Sol
El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid inspeccionó este miércoles la Puerta del Sol para comprobar si la disposición de las más de 1.200 tiendas podía dificultar su intervención ante una posible emergencia. El informe, elaborado a las 10.50 horas del 30 de septiembre a petición de la Dirección General de Bomberos, concluye que la ocupación existente en ese momento “no supone una afección significativa a las condiciones de acceso de los vehículos del Servicio de Bomberos”.
Los efectivos realizaron un reconocimiento visual de todos los accesos a la plaza y de los principales elementos de protección contra incendios. Comprobaron que las entradas por Alcalá, Montera, Carmen, Preciados, Arenal, Mayor y Carretas permanecían libres de tiendas u otros elementos de la acampada que pudieran impedir el paso de los vehículos de emergencia. Además, verificaron también que la columna seca de las instalaciones de Renfe situadas en la Puerta del Sol estaba completamente despejada, al igual que los hidrantes de las calles Carmen y Arenal. Además, señalaron que la distribución de las tiendas mantiene los principales itinerarios de acceso y permite la circulación de los vehículos de emergencia por el perímetro de la plaza.
El informe deja así al Ayuntamiento de Madrid, ante una evidente contradicción entre el discurso político de Almeida y las comprobaciones realizadas por sus propios servicios de emergencia. La inspección no determina que la acampada deba mantenerse ni resuelve el conflicto político, pero sí desmonta uno de los principales argumentos utilizados por el Consistorio para presentar la ocupación de Sol como un problema para la actuación de los Bomberos.
