El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española firmarán este lunes a las 11:00 horas en la sede del Defensor del Pueblo el Protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, un acuerdo que permitirá compensar a víctimas cuyos casos han prescrito y no pueden ser perseguidos judicialmente.
El documento será suscrito en presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El protocolo articula un sistema extrajudicial de reparación que permitirá a las víctimas acceder a compensaciones económicas, reconocimiento institucional del daño y apoyo psicológico. Este mecanismo busca ofrecer una alternativa ante la imposibilidad de acudir a la vía penal debido a la prescripción de los delitos.
Fuentes del Ejecutivo señalan que el acuerdo responde a una “obligación moral del Estado” y pretende “situar a las víctimas en el centro” de la respuesta institucional. En esta línea, destacan que el sistema no solo contempla indemnizaciones, sino también el reconocimiento público del sufrimiento padecido.
Desde la Iglesia, fuentes de la Conferencia Episcopal subrayan que el protocolo supone “un paso significativo en el compromiso con la reparación” y en la atención a las víctimas, en un contexto de creciente exigencia social.
El acuerdo se enmarca en el escenario abierto tras el informe del Defensor del Pueblo, presentado en octubre de 2023, que puso de relieve la magnitud de los abusos en el ámbito eclesiástico y la necesidad de mecanismos de reparación más allá de la vía judicial.
El sistema tendrá carácter voluntario y permitirá a las víctimas acogerse a un proceso de reconocimiento y compensación cuyo desarrollo se concretará en fases posteriores, con la participación de expertos independientes.
Aunque el protocolo no implica responsabilidades penales, sí establece un marco de justicia restaurativa basado en el reconocimiento del daño causado y la respuesta institucional. Asociaciones de víctimas han valorado el avance, aunque reclaman transparencia y criterios claros en su aplicación.
