La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha defendido un impuesto a los ultrarricos centrado a partir de patrimonios de un millón de euros, con el que aspira a recaudar más de 10.000 millones, en una propuesta con la que también busca reforzar la redistribución de la riqueza y facilitar el acceso a la vivienda.
Colau ha explicado que ese gravamen tendría un tipo del 2% sobre el total del patrimonio para las personas con más de un millón de euros, y que ascendería al 3% para quienes acumulen más de 50 millones de euros.
Un acto en Madrid con apoyo de Nacho Álvarez
La propuesta ha sido expuesta durante su intervención este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía en Madrid, presentado por el exdirigente de Podemos y exsecretario de Estado, Nacho Álvarez, que fue el responsable económico de la formación morada.
Álvarez ha trasladado un respaldo explícito a la candidata de Frente Amplio al señalar que Colau y su proyecto político son la opción adecuada si en estas elecciones se apuesta por "reconstruir contratos sociales que cosan las fracturas" que presenta actualmente el país.
Más presión fiscal para grandes empresas y banca
En su intervención, Ada Colau ha desgranado varias medidas económicas y ha defendido también suprimir desgravaciones fiscales para las grandes empresas y la banca, con el objetivo de elevar su tipo efectivo de tributación sobre los beneficios netos.
Según ha expuesto, las entidades financieras han acumulado hasta septiembre ganancias de 26.000 millones, mientras que el tipo efectivo de la gran empresa y la banca estaría entre el 7% y el 9%, frente al 19% y el 20% que pagan las pymes, una diferencia que ha descrito como el doble de lo que abona la banca.
Un impuesto a los multipropietarios para movilizar vivienda
Colau ha defendido además un impuesto a los multipropietarios con más de cuatro viviendas, una medida que, según ha explicado, afectaría al 10% de la población más rica y protegería al pequeño propietario.
El objetivo de este tributo sería movilizar unas 500.000 viviendas que ahora tienen precios "abusivos" hacia el alquiler asequible, fomentando una rebaja considerable del 30% para eximir este gravamen. La candidata ha subrayado que el objetivo no es recaudatorio, sino disuasorio.
