Frente Amplio ha llevado al Parlamento Europeo su propuesta para recuperar el control público del ferrocarril. La coalición ha registrado una petición para que las instituciones comunitarias revisen las normas que han abierto el sector a la competencia y estudien sus efectos sobre la seguridad, el servicio público y la conexión entre territorios.
La iniciativa llega una semana después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que dejó 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridas. También se produce en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con el futuro del tren y la seguridad de la red en el centro del debate político tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.
El escrito ha sido presentado ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara por Toni Valero, dirigente de Izquierda Unida y número tres de Frente Amplio por Madrid. Su formación pide a la Comisión Europea y al Parlamento que revisen el marco normativo ferroviario y avancen hacia el abandono de la liberalización del sector.
Valero ha defendido que en estas elecciones está en juego un "modelo de país" y ha situado el tren como uno de los ejemplos de las decisiones que habrá que tomar. A su juicio, un servicio esencial para la clase trabajadora no puede quedar "subordinado al mercado" ni al "beneficio de unos pocos".
"Nuestra apuesta está clara, un ferrocarril cien por cien público", ha afirmado el dirigente de IU, que ha vinculado la liberalización con una forma de entender los servicios públicos sometida a las prisas y a la rentabilidad económica.
La petición reclama una respuesta detallada de la Comisión Europea sobre los efectos de los sucesivos paquetes ferroviarios y su relación con la seguridad, el servicio público y la cohesión territorial. Frente Amplio quiere que se examine qué consecuencias ha tenido la apertura del sector y que se estudien medidas para reforzar la gestión pública en sus distintas actividades.
"El tren no está para enriquecer a empresas privadas, está para garantizar el derecho a la movilidad, conectar nuestros pueblos y ciudades y prestar un servicio público de calidad", ha defendido Valero. El candidato ha recordado también su papel para afrontar la emergencia climática.
La propuesta para Renfe y Adif que defiende el ministro Bustinduy
La iniciativa europea forma parte de una batería de medidas con la que Frente Amplio quiere abrir un debate sobre el futuro de la red ferroviaria. Este miércoles, durante una visita a Avilés, el ministro de Derechos Sociales y coordinador de campaña de la coalición, Pablo Bustinduy, ha propuesto fusionar Renfe y Adif como primer paso hacia la renacionalización del sistema.
"Queremos renacionalizar algo que hemos construido y levantado con el esfuerzo del pueblo", ha sostenido Bustinduy, partidario de un mando unificado que facilite la gestión y coloque el ferrocarril "al servicio del interés general".
Actualmente, ambas son empresas públicas, pero tienen funciones diferentes. Renfe presta servicios de transporte de viajeros y mercancías, mientras Adif gestiona la infraestructura y la circulación ferroviaria. Junto a Renfe operan otras compañías en servicios comerciales de alta velocidad, entre ellas Iryo y Ouigo.
La separación entre infraestructura y operación y la apertura a nuevos operadores se desarrollaron dentro de un marco europeo aprobado durante décadas. La normativa comunitaria permite determinadas estructuras integradas, pero exige garantías de independencia en funciones como la adjudicación de capacidad y el acceso a las vías. La propuesta de Bustinduy tendría, por tanto, que concretar cómo se organizaría esa unión y cómo encajaría con las reglas europeas o con una eventual modificación de estas.
El ministro ha planteado además una auditoría de la red, más inversión en mantenimiento y atención a los servicios de Cercanías que utilizan a diario miles de trabajadores. Para financiar mejoras, ha propuesto destinar al ferrocarril los más de 13.000 millones de euros previstos para ampliaciones aeroportuarias, entre ellas las de Madrid y Barcelona.
Un pacto tras la dimisión de Puente
Frente Amplio ha defendido también un pacto de Estado por el ferrocarril que incluya una revisión del sistema, el refuerzo del personal y la inversión, la recuperación del liderazgo público y la reversión de las externalizaciones. La coalición reclama que las Cercanías y la media distancia reciban una atención comparable a la de la alta velocidad, por su importancia para la vida diaria y la conexión entre municipios.
Su candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha pedido revisar "con rigor qué está fallando en el sistema ferroviario". "Necesitamos más trenes, no menos, pero tenemos que garantizar que sean seguros", ha afirmado al defender la utilidad del ferrocarril para conectar el territorio y avanzar hacia una movilidad más sostenible.
La presión para que el Gobierno asumiera responsabilidades estuvo presente en la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso. Valero pidió allí la dimisión del ministro y consideró insuficientes sus explicaciones porque, a su juicio, dejaban fuera el debate sobre el modelo ferroviario. Verónica Barbero, diputada de Sumar y también candidata de Frente Amplio, reclamó igualmente su salida por responsabilidad política. Puente anunció su dimisión al terminar aquella sesión. Valero valoró después que había hecho "lo correcto" y que su decisión suponía "una muestra de respeto hacia las víctimas".
El debate sobre la liberalización se produce mientras continúan las investigaciones judicial y técnica sobre el accidente. El 28 de octubre, un AVE de Renfe alcanzó a un tren de Iryo que estaba detenido en la línea Madrid-Sevilla. Entre las cuestiones que se investigan figuran el fallo del sistema de señalización y las instrucciones dadas antes de la colisión. Las causas y eventuales responsabilidades deben esclarecerse en esos procedimientos.
