Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes tras la horrible tragedia ferroviaria ocurrida en Urda, Toledo, donde dos trenes han chocado dejando tras de sí una nueva catástrofe que vuelve a golpear al sistema ferroviario español.
Una tragedia que se suma a la ocurrida hace menos de un año en Adamuz.
Yo fui de los primeros en defender que Óscar Puente no tenía que dimitir. Lo hice pese a que se lo reclamaban no solamente el Partido Popular y Vox, sino también fuerzas situadas a la izquierda, como el Frente Amplio. Mi posición era clara: con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, convocadas para el próximo 29 de noviembre, me parecía poco operativo que el titular de Transportes abandonara el cargo en mitad de una crisis de estas dimensiones.
Había —y sigue habiendo— una tragedia que gestionar. Hay que esclarecer lo ocurrido, poner soluciones encima de la mesa y atender a las víctimas y a sus familias. Y aunque ninguna indemnización puede devolver la vida a quienes han fallecido ni reparar el dolor de sus seres queridos, la gestión de esas compensaciones forma también parte de la respuesta que debe ofrecer el Estado cuando se producen tragedias de semejante magnitud y existe una posible responsabilidad patrimonial de la Administración.
Por eso defendía que Óscar Puente debía continuar al frente del Ministerio y gestionar esta crisis hasta el final de la legislatura.
Pero, finalmente, ha dimitido. Y eso, también hay que decirlo, le honra.
Óscar Puente se marcha asumiendo una responsabilidad política que le correspondía como máximo responsable del Ministerio de Transportes. Responsabilidad, que no culpabilidad.
Porque conviene distinguir ambos conceptos. Una cosa es la culpa y otra muy diferente la responsabilidad política. La eventual culpabilidad se determina en sede judicial. Óscar Puente no está siendo investigado judicialmente por lo ocurrido y, por tanto, no se le puede atribuir culpabilidad alguna por esta tragedia.
Otra cuestión distinta es la responsabilidad política. Como titular del Ministerio de Transportes, sí se le podía exigir que asumiera responsabilidades por lo sucedido dentro del ámbito que dirigía. Y eso es precisamente lo que ha hecho anunciando su dimisión.
Puente no asume una culpa judicial. Asume una responsabilidad política. Y esa diferencia es fundamental.
Por eso creo que su decisión merece ser reconocida. Ha decidido abandonar el Ministerio y, según ha anunciado, también la primera línea política, dejando claro con su gesto que no todos los políticos actúan de la misma manera cuando llega el momento de asumir responsabilidades.
Y es inevitable recordar otro caso.
Carlos Mazón dejó de ser presidente de la Generalitat Valenciana después de la gestión de aquella devastadora DANA, pero continúa siendo diputado en Les Corts Valencianes y conserva, por tanto, su condición de aforado. No ha abandonado completamente la política.
Óscar Puente, en cambio, sí ha decidido marcharse.
Y no se trata de recurrir al “y tú más”. Se trata de defender una idea mucho más sencilla: en política, saber dimitir también es una forma de asumir responsabilidades.
Una dimisión puede otorgar dignidad a quien reconoce que, aunque no sea culpable de unos hechos, ocupa el puesto desde el que políticamente debe responder por ellos.
Eso es lo que ha hecho Óscar Puente.
Ha asumido la responsabilidad política que le correspondía como ministro de Transportes y se ha marchado con dignidad. Y, precisamente por eso, su dimisión deja también una comparación inevitable con quienes, después de afrontar responsabilidades políticas de enorme gravedad, continúan aferrados a un escaño.
Óscar Puente ha dimitido. Carlos Mazón sigue siendo diputado. Y esa diferencia también dice mucho de cómo se entiende la responsabilidad política.
