El adelanto electoral anunciado para el 29 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejará sin recorrido a numerosas iniciativas de corte social impulsadas por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, algunas de ellas ya en tramitación parlamentaria y otras pendientes todavía de aprobación en el Consejo de Ministros.
La disolución de las Cortes Generales hará decaer propuestas que afectaban a ámbitos como la igualdad, los derechos sociales, la infancia, la juventud y la política migratoria, entre ellas la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, que tampoco saldrá adelante.
Igualdad pierde la Ley de Violencia Vicaria y la norma contra la trata
Desde el Ministerio de Igualdad, una de las iniciativas que quedará frenada es la Ley de Violencia Vicaria, que el pasado 30 de septiembre superó su primer examen en el Congreso. El texto tipificaba como agravante de género este tipo de violencia, preveía la privación automática de la patria potestad para los padres condenados por maltrato y prohibía de forma expresa que los condenados por violencia vicaria hablaran sobre el crimen durante un periodo de hasta 20 años.
Tampoco verá la luz la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres humanos, que se encontraba pendiente de aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. El pasado mes de junio, la ministra Ana Redondo explicó que la aprobación de la Directiva Europea de Trata obligaba a reformular el texto y aseguró que no quería hacer una “chapuza jurídica”.
En el mismo bloque normativo queda también la ley para castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había superado la tramitación en el Congreso y se encontraba en el Senado.
Derechos Sociales pierde la Ley de Familias y la prestación universal por crianza
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, decaerá la Ley de Familias, que permanecía varada en el Congreso, y, además, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) impedirá sacar adelante una de las medidas más reclamadas por Sumar: la prestación universal por crianza.
Además, cuando el ministro Pablo Bustinduy asumió el cargo hizo suya la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, impulsada por su predecesora en la anterior legislatura, Ione Belarra, pero esta norma ni siquiera había vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.
Infancia y juventud, también afectadas por la disolución de las Cortes
El Ministerio de Juventud e Infancia es otro de los departamentos afectados por el adelanto electoral. Entre las normas que no verán la luz figura el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en fase de ponencia en el Congreso, cuyo objetivo principal es restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.
También queda pendiente la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en primera vuelta en mayo de este año, que establece la garantía de escucha al menor y el alejamiento de progenitores sobre los que pesen acusaciones de maltrato.
La ministra Sira Rego avanzó en una entrevista con Europa Press que quería llevar al Consejo de Ministros, tras el verano, una Ley de familias acogedoras para favorecer la acogida y la adopción, una iniciativa que ahora tampoco verá la luz.
En la misma situación queda la pretendida Ley de Juventud, de la que Rego aseguró que ya estaba negociando el borrador con el PSOE y en la que quería incluir el voto a partir de los 16 años.
Migración y asilo, a la espera de adaptación al pacto europeo
En materia de Extranjería, no saldrán adelante la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
También en el terreno migratorio, aunque ya ha sido convalidado, permanece en tramitación como proyecto de ley un decreto-ley sobre Extranjería que seguirá en vigor tal y como fue publicado en el BOE. Se trata de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores no acompañados en caso de contingencia migratoria.
Además, el Ejecutivo estudiaba otro decreto para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo en Ceuta, una medida que permitiría, entre otras cosas, prescindir de ACNUR en el examen de las solicitudes.
