Vito Quiles se ha presentado voluntariamente este martes, 27 de octubre, en un juzgado de Madrid, un día después de que se ordenara su búsqueda, detención y presentación ante la Justicia. La medida se había acordado después de que no pudiera notificársele personalmente la apertura de juicio oral en una causa relacionada con una entrevista a una mujer con discapacidad intelectual.
El procedimiento se remonta a marzo de 2024, cuando el agitador ultra abordó a Violeta, una mujer con una discapacidad intelectual reconocida del 75%, durante una concentración frente a la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid. La protesta reclamaba responsabilidades por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y pedía la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Durante la entrevista, Quiles formuló preguntas a la mujer, cuyas dificultades para responder quedaron registradas en la grabación. Las imágenes se emitieron en EDA TV, medio de Javier Negre y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde la afectada recibió comentarios despectivos.
La Fiscalía sostiene que Quiles actuó "guiado por el ánimo de denigrar" a la mujer por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía. El Ministerio Público considera que la difusión de la entrevista menoscabó su dignidad y solicita para el agitador dos años de prisión por estos hechos. La causa también afecta a Javier Negre, para quien la Fiscalía solicita un año y medio de cárcel por su participación en la difusión del contenido. La denuncia fue impulsada por la organización feminista Libres y Combativas.
Las otras causas judiciales y polémicas que rodean al ultra, Vito Quiles
El procedimiento por la entrevista a la mujer con discapacidad no es el único frente judicial al que se ha enfrentado Vito Quiles durante los últimos meses. Según han publicado varios medios de comunicación, el agitador acumula distintas causas relacionadas con sus publicaciones en redes sociales, sus actuaciones ante figuras públicas y el uso de información privada.
Uno de los casos más recientes se refiere a un funcionario del Ministerio de Hacienda al que Quiles vinculó con María Jesús Montero y al que atribuyó una salida de prisión gracias a la intervención de la entonces ministra. El trabajador presentó una querella al considerar que esas afirmaciones eran falsas y perjudicaban su reputación. En julio de 2026, una jueza ordenó la detención de Quiles después de que no acudiera a dos citaciones judiciales. El comunicador terminó presentándose ante la magistrada, que dejó sin efecto la orden y lo citó de nuevo a declarar.
También ha protagonizado un enfrentamiento judicial con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó en octubre reabrir la investigación por unos hechos ocurridos en abril en un restaurante de Las Rozas, después de que un juzgado archivara inicialmente la denuncia. La Audiencia considera necesario investigar si la conducta de Quiles pudo constituir un delito de coacciones, aunque ha aclarado que la decisión no supone declarar que haya cometido ese delito.
El juicio determinará si hubo delito en la difusión de la entrevista
Estos antecedentes reflejan la sucesión de controversias y procedimientos que han rodeado al agitador en los últimos meses. No obstante, cada caso tiene una situación judicial diferente y las investigaciones, querellas y peticiones de condena no equivalen a una sentencia condenatoria.
En paralelo, sus actuaciones ante figuras políticas y representantes públicos han generado otras denuncias, investigaciones y enfrentamientos judiciales. Algunas de estas causas continúan abiertas, mientras que otras han sido archivadas o han experimentado cambios en su recorrido judicial. Por ello, cada procedimiento debe analizarse de forma independiente y atendiendo a su estado actual.
La nueva causa vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la actividad periodística, la difusión de contenidos en redes sociales y la protección de las personas con discapacidad frente a posibles situaciones de humillación pública. El juicio deberá determinar si la actuación de Quiles y la difusión de la entrevista constituyen un delito, como sostiene la Fiscalía.
