La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que deje a un paso del juicio a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y que archive la causa para varios excargos del Ministerio de Transportes imputados en el caso Koldo.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita además que continúe el trámite hacia un eventual juicio para Koldo García, exasesor de Ábalos y nombre de la causa, y para el empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión en el llamado caso mascarillas.
Anticorrupción separa a quienes quiere llevar a juicio de quienes pretende sacar de la causa
La petición de la Fiscalía incluye también a Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; a Joseba García, hermano de Koldo; a Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; y a los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, además del excargo de Adif Ignacio Zaldívar.
El escrito incorpora asimismo a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, a la que se adjudicaron durante la pandemia, desde Transportes —a través de Puertos del Estado y Adif— y desde los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, varios contratos de mascarillas ahora investigados.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en la compra de material sanitario y en la contratación de la expareja de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía pide archivo para varios nombres al entender que no hay delito o que ciertos hechos no son perseguibles
Al mismo tiempo, el fiscal interesa el sobreseimiento de las actuaciones abiertas contra excargos de Adif y personas vinculadas a otros acusados, como Aldama y Koldo. Según el escrito, “determinados hechos y conductas no son perseguibles” y, en otros casos, a determinadas personas no se les imputa delito alguno.
Entre quienes quedan fuera de la petición de juicio figuran el ex alto cargo de Adif Michaux Miranda, Piedad Losada —que fue secretaria de Aldama— y Alberto Escolano, que firmó el contrato de arrendamiento del piso céntrico de Madrid en el que residió la expareja de Ábalos.
Anticorrupción también pide el archivo para Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes cuando el departamento estaba dirigido por Ábalos; Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado; Daniel Sierra, apoderado de Soluciones de Gestión; José Luis Rodríguez, vinculado a Juan Carlos Cueto; Israel Pilar Ortiz, relacionado con Koldo y Aldama; Rogelio Pujalte, receptor de una transferencia de Soluciones de Gestión; Patricia Ramos, expareja de Aldama; María Auxiliadora Luque, vinculada al exasesor, y Andoni García, hermano de Koldo.
El recorrido del procedimiento ya tiene un precedente en el Tribunal Supremo, que juzgó de forma parcial el caso mascarillas por la condición de diputado aforado de Ábalos cuando fue procesado. Ese tribunal condenó al exministro a 24 años de prisión, impuso 19 años a Koldo García y fijó cuatro para Aldama, al que no envió a prisión por su colaboración con la justicia durante la investigación.
Ahora será el juez de la Audiencia Nacional quien deba decidir si atiende la petición de Anticorrupción de elevar a juicio a los señalados y archivar las causas interesadas.
