La Audiencia Nacional ha movido ficha para reforzar su papel en la lucha contra el narcotráfico. La Sala de Gobierno del tribunal ha remitido una propuesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que plantea ampliar sus competencias para asumir investigaciones relacionadas con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, especialmente aquellas que empleen violencia, operen a nivel internacional o cuenten con estructuras complejas.
La iniciativa llega apenas unos días después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico frente a la costa de Huelva. Los agentes fallecieron tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial durante una persecución a una narcolancha en alta mar. Otros dos guardias civiles resultaron heridos en el operativo.
Según el planteamiento trasladado por la Fiscalía Antidroga, la Audiencia Nacional debería encargarse de causas relacionadas con redes criminales que tengan una “relevante dimensión internacional”, movilicen a un número elevado de personas o utilicen métodos “especialmente sofisticados o violentos”. El objetivo es centralizar las investigaciones más complejas en un órgano con mayores recursos judiciales y policiales que los juzgados ordinarios.
La propuesta también afectaría a investigaciones como la de Barbate, donde dos agentes de la Guardia Civil murieron en febrero de 2024 después de que una narcolancha embistiera su embarcación durante un operativo policial. Para la Fiscalía, el narcotráfico ha dejado de ser una amenaza limitada al tráfico de drogas para convertirse en un fenómeno con “potente capacidad de corrupción” y un impacto creciente sobre la seguridad y la confianza en las instituciones.
Entre las medidas planteadas, Antidroga propone además que la Audiencia Nacional asuma causas en las que participen funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o integrantes del Servicio de Vigilancia Aduanera. También reclama que el tribunal pueda intervenir cuando existan operaciones de blanqueo de capitales especialmente complejas o investigaciones que requieran cooperación judicial con varios países.
La ofensiva institucional refleja la preocupación creciente dentro de la judicatura y la Fiscalía por el auge del narcotráfico en zonas del sur de España, especialmente en Andalucía. Tanto la Fiscalía Antidroga como la Audiencia Nacional consideran que las estructuras del narco han ganado capacidad económica, logística y violenta en los últimos años, obligando a replantear el modelo judicial con el que se combaten este tipo de organizaciones criminales.
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