La compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos para albergar de forma provisional el despacho de Isabel Díaz Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos ha abierto un nuevo frente político. A las dudas sobre el encaje urbanístico del inmueble se suma ahora otra cuestión: el marco normativo aprobado por el propio Gobierno regional permitiría que la presidenta siguiera disponiendo de ese espacio cuando abandone la Presidencia, durante un periodo máximo de cuatro años tras abandonar la Presidencia.
El origen de esa posibilidad se encuentra en el Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno en julio de 2025. La norma regula los medios de los que podrán disponer los antiguos presidentes autonómicos una vez cesen en el cargo y contempla la asignación de recursos personales y materiales para el desarrollo de su actividad institucional.
Entre esos derechos, en el artículo 4 del decreto se reconoce la posibilidad de utilizar dependencias que la Administración autonómica ponga a disposición de los expresidentes para la celebración de reuniones y actos de carácter institucional. Además, prevé que puedan contar con personal de apoyo, medios auxiliares y vehículo con conductor a lo largo de esos cuatro años.
Ese marco legal cobra especial relevancia tras la adquisición del ático de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid, inmueble que el Gobierno regional ha destinado como sede provisional de la Presidencia mientras se ejecutan las obras en la Real Casa de Correos. Al tratarse de un espacio propiedad de la Administración y destinado a funciones institucionales, el decreto abre la puerta a que pueda seguir siendo utilizado por Ayuso durante los cuatro años posteriores a su salida de la Presidencia, al poder encajar dentro de los medios materiales previstos para los expresidentes. Fuentes del PP de Madrid consultadas por este medio señalan que este Estatuto de Expresidentes permitiría a Isabel Díaz Ayuso seguir utilizando ese espacio tras abandonar la Presidencia, una posibilidad que también ha sido apuntada por 'El Plural'.
La operación inmobiliaria ha generado una intensa controversia desde que trascendió su compra. La oposición ha reclamado explicaciones sobre el coste, la necesidad de adquirir un ático de estas características y la falta de información previa sobre la operación, mientras el Ejecutivo madrileño sostiene que se trata de una adquisición necesaria para garantizar el funcionamiento de la Presidencia durante la rehabilitación del edificio de la Puerta del Sol.
La polémica se produce, además, después de que este medio analizara la normativa urbanística aplicable al inmueble y constatara que el edificio está catalogado como Norma Zonal 1, Grado 3, Nivel de Usos B, una clasificación que limita los usos dotacionales de la Administración pública hasta la primera planta. Esa circunstancia plantea dudas sobre la viabilidad de convertir el ático en una oficina administrativa, por lo que el inmueble mantendría, en principio, su uso residencial.
La compra del ático permaneció sin hacerse pública durante más de tres meses. Pese a haberse formalizado el 14 de abril, la operación no figuraba en el portal de transparencia de Planifica Madrid ni estaba contemplada en los presupuestos de la empresa pública, por lo que su existencia no se conoció hasta que fue desvelada por la prensa, más concretamente 'El País'.
A ello se añade que el ático, de cerca de 485 metros cuadrados y situado en una de las zonas más exclusivas de Chamberí, fue adquirido meses después de la aprobación del Estatuto de Expresidentes. La coincidencia entre ambas decisiones ha intensificado las críticas políticas, al considerar la oposición que el decreto podría acabar facilitando que la presidenta continúe utilizando un inmueble de titularidad pública incluso después de abandonar la Puerta del Sol.
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