La semana arrancó con una iniciativa de Vox en el Congreso: prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. Un debate que —intuyo que lo saben bien— despierta emociones intensas, se desliza sin datos hacia la inseguridad y la delincuencia y obliga a posicionarse. También a los partidos.
¿Quién no estaría a favor de eliminar cualquier símbolo que invisibilice y someta a la mujer?
Pero mientras intento responder a algunas preguntas básicas para abordar con rigor un asunto complejo, otros titulares no dejan de interpelarnos como sociedad: nueve mujeres asesinadas por violencia machista. Un crimen cada cinco días en lo que llevamos de 2026.
Vuelvo al origen del debate. ¿Cuántas mujeres en España usan burka o niqab? No existe una cifra oficial. Según la Asociación de Mujeres Musulmanas de Cataluña, nunca se ha hecho un recuento, aunque estiman que no llegarían al centenar en todo el país. Primera conclusión: estamos ante un fenómeno residual. Reflexión inmediata: si una sola mujer estuviera siendo obligada a cubrirse contra su voluntad, debería preocuparnos y ocuparnos.
Pero la pregunta clave es otra. ¿Es realmente la libertad de las mujeres lo que mueve a Vox —y al Partido Popular, que asumió su marco al votar a favor— o estamos ante un debate identitario envuelto en la bandera de la seguridad, la defensa nacional o los valores tradicionales?
Lo que se escuchó en el Congreso no fue un alegato feminista. Fue otra cosa.
“¿Cuánto más tienen que aumentar las violaciones y agresiones sexuales en nuestro país para que ustedes reconozcan este gravísimo error de la multiculturalidad?”, clamó la diputada de Vox Blanca Armario, sin aportar un solo dato que sustentara esa relación.
La hemeroteca es tozuda. Y la realidad también.
Tal vez su señoría no sabe quién era Pilar. Tenía 38 años. Fue la primera mujer asesinada este año por su expareja en Quesada (Jaén). Él era español.
También era español el hombre que asesinó a Tatiana Rodríguez en su domicilio, en plena separación. Y el hombre de 35 años que mató con un machete de 60 centímetros a su hijo de diez años y dejó gravemente herida a su pareja en Arona, Tenerife.
Ninguno llevaba burka. Ninguno usaba niqab. Ninguno representaba la “multiculturalidad”.
El problema no era el origen. Era el machismo.
Algunas consideraciones al legislador
Podemos debatir sobre símbolos. Incluso legislar sobre ellos si existe consenso social y respaldo jurídico. No sería la primera vez que un Estado europeo lo hace. Pero conviene no simplificar ni deslizar comparaciones fáciles. Eso ya lo hace la ultraderecha.
No es equiparable el burka al hábito de una monja. Pero tampoco conviene idealizar lo propio mientras problematizamos lo ajeno. Las órdenes religiosas femeninas están integradas en una estructura jerárquica encabezada por hombres que deciden y condicionan su organización y su vida interna. La diferencia es que esa jerarquía forma parte de nuestra tradición y la hemos normalizado. Nos incomoda menos porque es “nuestra”. El debate, por tanto, no debería girar en torno a símbolos aislados, sino en torno a la libertad real de las mujeres, con independencia de la religión que profesen.
Si el preámbulo de una futura ley apelara a la seguridad, habría que ser coherentes. También habría que mirar a quienes se cubren el rostro en manifestaciones de signo ultraderechista —como las convocadas por Núcleo Nacional— o a cualquier grupo que utilice el anonimato para amparar conductas violentas.
En paralelo, otra pregunta: ¿dónde queda la voz de las mujeres musulmanas sobre las que se quiere legislar? ¿Alguien se ha molestado en hablar con ellas antes de convertir su vestimenta en asunto de Estado?
María del Carmen Navarro Granados, profesora de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla, y Juan García-Fuentes, profesor de la Universidad de Granada, encuestaron a 1.157 personas musulmanas en el estudio Mujer musulmana y discriminación en España. Orientaciones para los profesionales del ámbito educativo. Uno de los datos es elocuente: el 80,7 % afirma haberse sentido discriminado en España por ser musulmán en los últimos años.
Legislar sin escuchar al colectivo en cuestión siempre es una mala estrategia. Tal vez el camino pase por la subcomisión registrada por el PNV para que expertos, juristas, asociaciones y, sobre todo, mujeres musulmanas, tomen la palabra antes de convertir un símbolo en problema penal.
Pero mientras ponemos el foco sobre un fenómeno que afecta —según las propias asociaciones— a menos de cien mujeres, cada cinco días otra mujer es asesinada en España por el hombre que decía quererla. Y sobre eso, pese a que existe legislación desde hace más de veinte años, el debate político ya no es tan encendido. Ni la movilización social tan constante.
La pregunta no es si debemos prohibir el burka. La pregunta es por qué seguimos fallando en lo urgente mientras convertimos lo marginal en prioridad política.
Si de verdad hablamos de proteger a las mujeres, empecemos por donde las están matando.
