45 años después de aquel grito que heló la sangre a toda España: "¡Quieto todo el mundo!", por fin saldrán a la luz los archivos secretos del 23-F. Así, lo ha anunciado el último Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles 25 de febrero, tal y como se acordó este martes en el Consejo de Ministros.
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero entró en el Congreso de los Diputados con pistola en mano, interrumpiendo la votación para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Aquel asalto, devolvió a millones de españoles el eco reciente de la dictadura y el temor a que la joven democracia se quebrara. Durante horas inciertas, el país contuvo la respiración, con el recuerdo aún vivo del franquismo y el miedo real a perder las libertades conquistadas. Por ello, el conocimiento de lo qué sucedió es imprescindible para apreciar y defender el valor de la democracia.
La publicación del BOE explica que quedarán desclasificados "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981". Los más de un centenar de documentos estarán a disposición de la ciudadanía hoy a partir del mediodía en la página web de La Moncloa. Esta revelación, según indica el escrito, se hace porque ya no generan "un riesgo real y presente" y por "el derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz".
¿Cómo funciona el proceso de desclasificación?
El 22 de julio de 2025 fue aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada por el Consejo de Ministros, el cual sustituye a la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa se hizo en consecuancia a las críticas que recibió la antigua ley por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyos objetivos clave incluyen evitar la sobreclasificación, garantizar la interoperabilidad internacional y prohibir la clasificación de archivos que apunten a algún tipo de violaciones de derechos humanos.
La Ley de Información Clasificada introduce la “desclasificación automática”. Esto significa que los documentos secretos dejan de ser secretos automáticamente cuando pasa un tiempo determinado por la ley. No hace falta que nadie lo pida ni que se haga una revisión previa para quitarles la etiqueta de “clasificado”, salvo que haya una razón justificada por la que todavía puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional. Esta norma se aplica tanto a los documentos nuevos como a los antiguos, incluso a los que fueron clasificados antes de que existiera esta ley. El fin es evitar que haya secretos eternos y facilitar que, con el tiempo, la ciudadanía pueda conocer hechos históricos con mayor transparencia.
Así, la ley fija un tiempo máximo durante el cual pueden seguir siendo confidenciales. En este sentido, se evalúa la confidencialidad de los documentos y se fija su desclasificación. Alto Secreto (alrededor de 50 años), Secreto (40 años), Confidencial (en torno a 7–10 años) y Restringido (plazo más corto, normalmente varios años).
