El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal para castigar con penas de cárcel las llamadas terapias de conversión LGTBI, prácticas dirigidas a modificar, reprimir o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona. La iniciativa, impulsada por el Partido Socialista, ha salido adelante con 178 votos a favor, 32 en contra de la ultraderecha Vox y 137 abstenciones del Partido Popular, y continuará ahora su trámite en el Senado.
La norma contempla penas de seis meses a dos años de prisión y multas de ocho a veinticuatro meses para quienes apliquen o practiquen estos métodos, incluso cuando exista consentimiento de la víctima o de su representante legal. Hasta ahora, estas prácticas ya estaban prohibidas por la Ley Trans de 2023 como infracción administrativa muy grave, con sanciones de hasta 150.000 euros, pero no figuraban como delito en el Código Penal.
Un debate acalorado en vísperas del Orgullo
La votación ha llegado en una semana marcada por el inicio de las celebraciones del Orgullo LGTBI y después de un debate especialmente bronco en el hemiciclo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que estas prácticas son "una forma de violencia contra la dignidad de las personas". El diputado socialista Víctor Gutiérrez ha situado la ley como una respuesta a quienes durante años hicieron creer a personas LGTBI que tenían algo que corregir o esconder.
El choque más duro se ha producido con el diputado del Partido Popular, Jaime Miguel de los Santos, que ha reivindicado su pertenencia al colectivo y al PP con una frase que ha marcado la sesión. “Soy del PP y maricón, y me siento orgulloso de ambas cosas”, ha dicho desde la tribuna. Su grupo ha defendido que la ley era necesaria, pero ha rechazado que se castiguen también los casos en los que exista consentimiento, una posición que el resto de grupos ha cuestionado por el peso que suelen tener la presión familiar, social o religiosa en estas situaciones.
Los ultras de Vox ha votado en contra y ha acusado a la mayoría parlamentaria de querer impedir que alguien pueda “dudar de su homosexualidad” o acudir a un psicólogo o a un sacerdote. Frente a esa tesis, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, Compromís y Junts han defendido que estas prácticas no son acompañamiento, sino mecanismos de presión sobre personas LGTBI. Varios socios han lamentado, aun así, que el texto no incorpore ayudas económicas ni alternativas habitacionales para víctimas expulsadas de sus casas o sometidas a rechazo familiar, con las que se han reúnido antes de la votación en los exteriores de la Cámara.
Nuestros diputados @victorg91 y @belitagl han acompañado hoy a la ministra de Igualdad en un encuentro con colectivos contra las terapias de conversión.
— PSOE Congreso (@gpscongreso) June 25, 2026
Como ha dicho nuestro diputado en pleno, "las terapias de conversión son tortura y por eso las vamos a prohibir". pic.twitter.com/8aHoq3QFhu
La reforma queda ahora pendiente del Senado, donde algunos grupos quieren ajustar la redacción para cerrar espacios de ambigüedad sin rebajar la protección. El paso dado este jueves, en cualquier caso, deja una mayoría clara en el Congreso a favor de perseguir penalmente unas prácticas que las entidades LGTBI llevan años denunciando como violencia encubierta bajo apariencia de terapia.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
