El Tribunal Constitucional ya ha puesto fecha al análisis del primer recurso relacionado con la aplicación de la ley de amnistía presentado por uno de los condenados por el procés. El pleno del órgano de garantías debatirá el próximo 22 de septiembre la solicitud registrada por el exconseller de la Generalitat Jordi Turull, en un movimiento que llega apenas unos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la norma impulsada por el Gobierno.
En este sentido, el caso de Turull será el primero en ser examinado por los magistrados. Una vez resuelto este recurso, el Constitucional continuará estudiando el resto de peticiones presentadas por dirigentes independentistas que buscan beneficiarse de la amnistía, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.
La decisión se produce tras la sentencia dictada el pasado jueves por la Gran Sala del TJUE, que concluyó que la ley española de amnistía es compatible con el derecho comunitario. Los jueces europeos consideraron que la norma no perjudica los intereses financieros de la Unión Europea, no vulnera el principio de igualdad y tampoco entra en conflicto con la legislación europea en materia de terrorismo.
Además, el tribunal con sede en Luxemburgo rechazó los argumentos planteados por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, al entender que corresponde a cada Estado miembro regular este tipo de medidas dentro de sus competencias. En relación con las causas vinculadas a la malversación del procés, el TJUE precisó que los hechos investigados no afectan a fondos comunitarios, sino, en todo caso, a recursos procedentes del presupuesto nacional.
No obstante, la justicia europea introdujo un matiz relevante al advertir de que la aplicación de la amnistía no puede menoscabar el sistema de cuestiones prejudiciales, considerado uno de los pilares de cooperación entre los tribunales nacionales y el TJUE. Por ello, señaló que los jueces españoles podrían dejar sin efecto los plazos previstos en la ley si estos impidieran esperar a una respuesta de Luxemburgo.
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