El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha reabierto el debate sobre el regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. A raíz de la resolución europea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes la aplicación inmediata de la norma y ha asegurado que, en la situación del líder independentista, volvería al país sin esperar más.
Durante una entrevista concedida a RNE, Puente sostuvo que el pronunciamiento del TJUE despeja las principales dudas jurídicas sobre la ley al concluir que esta es compatible con el derecho comunitario, que no vulnera la normativa europea en materia de terrorismo y que la amnistía de los delitos de malversación no perjudica los intereses financieros de la Unión Europea.
En este contexto, el ministro afirmó que "si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda", una decisión que, a su juicio, supondría un ejercicio de liderazgo político y estaría en consonancia con lo establecido por la legislación española, el Tribunal Constitucional y la justicia europea.
Aunque reconoció desconocer cuál será finalmente la decisión del expresidente catalán, insistió en que el escenario actual le resulta favorable para regresar. De hecho, señaló que Puigdemont "lo tiene a huevo" para volver a España, incluso si ello implicara una eventual detención o su ingreso en prisión.
"Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez, dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría", añadió el titular de Transportes.
Puente también expresó sus críticas hacia la actuación de una parte de la judicatura respecto a la aplicación de la amnistía. En su opinión, resulta "tremendamente complicado de entender que la justicia española intente incumplir" la norma y que se mantenga la tesis de que "no se va a aplicar con carácter inmediato".
Para el ministro, la decisión del TJUE evidencia además que existe un sector del poder judicial que cuestiona la legitimidad de las decisiones adoptadas por el legislativo. Según afirmó, el fallo pone de manifiesto una actitud de resistencia frente a una ley aprobada democráticamente y refrendada ahora por las instituciones judiciales competentes tanto en España como en el ámbito europeo.
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