El Gobierno llega al viernes con otra cita importante en la Audiencia Nacional. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá como investigada ante el juez Santiago Pedraz para explicar sus contactos con Leire Díez y su actuación ante varias investigaciones internas relacionadas con la Unidad Central Operativa.
Su declaración estaba prevista para este jueves, pero el magistrado decidió aplazarla por la duración del interrogatorio al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas. La comparecencia del DAO se prolongó durante cerca de tres horas y dejó sin margen suficiente la citación de González, que regresará este viernes a la Audiencia Nacional.
El interrogatorio pone el cierre a una semana de enorme carga judicial para el Ejecutivo. En apenas cuatro días se han sucedido la condena al hermano del presidente, el avance del procedimiento contra Begoña Gómez, las declaraciones del ‘caso Leire’ y la sentencia europea sobre la ley de amnistía. Los procedimientos carecen de conexión entre sí, aunque el PP y la ultraderecha Vox llevan días agrupándolos dentro de una misma ofensiva contra Pedro Sánchez.
Moncloa ha intentado mantener separados los distintos planos. Respeta las resoluciones, defiende la inocencia de los afectados y rechaza que cada novedad procesal pueda presentarse automáticamente como prueba de una trama política. La cita de Mercedes González será el último examen de esa estrategia antes del fin de semana.
Tres reuniones con Leire Díez bajo la lupa
Pedraz investiga a la directora de la Guardia Civil por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. La UCO documentó tres encuentros presenciales entre González y Leire Díez, celebrados el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Los investigadores sostienen que la exmilitante socialista pretendía promover actuaciones internas contra agentes de la UCO relacionados con causas que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno de Sánchez. Según el informe incorporado al procedimiento, Díez habría intentado utilizar su relación con González para impulsar investigaciones administrativas dentro del Instituto Armado.
Ese relato será el centro del interrogatorio. Pedraz quiere conocer qué se habló en aquellas reuniones, qué información recibió la directora general y si alguna de las actuaciones posteriores tuvo relación con las peticiones de Leire Díez. La causa sitúa a esta última como coordinadora de una presunta operación destinada a desacreditar a jueces, fiscales y agentes encargados de investigaciones sensibles.
Mercedes González ha reconocido sus contactos, aunque mantiene una versión completamente distinta sobre su contenido. Su relación con Díez procedía de la etapa en la que la primera era delegada del Gobierno en Madrid y la segunda trabajaba como directora de Relaciones Institucionales de Correos. González asegura que en el encuentro de septiembre de 2024 jamás se habló de investigaciones judiciales abiertas.
También ha explicado que Leire Díez le planteó posteriormente el regreso a su destino del comandante Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’. La directora general sostiene que rechazó la petición “de plano” y que nunca realizó ninguna gestión para favorecerlo.
“Nunca, jamás” ha interferido en una investigación de la UCO, afirmó González durante una comparecencia en el Senado. También negó haber presionado a agentes o participado en una trama contra la unidad, una posición que ahora tendrá que exponer ante el juez y las acusaciones personadas.
El DAO rechaza haber frenado a los investigadores
La comparecencia de Mercedes González llegará pocas horas después de que Manuel Llamas negara ante Pedraz haber pedido a la UCO que se pusiera “de perfil” en investigaciones relacionadas con el Gobierno. Entre ellas figura la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente.
La acusación parte de declaraciones realizadas por antiguos responsables y agentes de la unidad. El que fuera jefe de la UCO entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, atribuyó a Llamas y al anterior director general, Leonardo Marcos, presiones para que los investigadores rebajaran su iniciativa en determinados procedimientos.
Llamas negó esa orden y defendió el trabajo desarrollado por la UCO. También explicó que las investigaciones reservadas abiertas por la aparición en varios medios de datos procedentes de procedimientos judiciales estaban previstas en la normativa interna del cuerpo y respondían a la obligación de esclarecer posibles filtraciones.
El DAO admitió que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se interesó por la publicación de direcciones de correo electrónico pertenecientes a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y David Sánchez que figuraban entre el material intervenido por los investigadores. Según su declaración, ese interés dio paso a las comprobaciones habituales ante la posible difusión de información personal, sin instrucciones para condicionar las pesquisas judiciales.
Llamas aseguró además que ha sufrido una “campaña de descrédito y desinformación” desde que su nombre apareció en el procedimiento. Su explicación ofrece al juez una versión enfrentada a la recogida por la UCO. Pedraz deberá contrastarla ahora con los informes policiales, los testimonios anteriores y la declaración de Mercedes González.
Moncloa mantiene su confianza en la cúpula de la Guardia Civil
El Gobierno decidió mantener a González y Llamas en sus puestos después de conocerse su citación. Interior trasladó entonces su plena confianza en ambos y garantizó que colaborarían con la Justicia durante toda la instrucción.
“Total normalidad y transparencia, porque no hay nada que ocultar”, señalaron fuentes gubernamentales. Moncloa considera que una citación como investigada permite ejercer el derecho de defensa y rechaza anticipar responsabilidades antes de conocer el resultado de la causa.
El ministro del Interior conserva su confianza en la directora general y en el DAO. Ambos han continuado desempeñando sus funciones durante estas semanas pese a las peticiones de dimisión planteadas por PP, Vox y varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
La comparecencia de este viernes tendrá, por tanto, una importancia política añadida. González acudirá ante Pedraz como responsable de una de las instituciones más sensibles del Estado y con el respaldo público del Ejecutivo todavía intacto.
La Audiencia Provincial de Madrid reduce la causa contra Begoña Gómez
La semana judicial del Gobierno también ha estado marcada por la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre Begoña Gómez. Los magistrados han confirmado que la esposa del presidente será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
El tribunal ha dejado fuera del procedimiento de jurado los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también había atribuido el juez Juan Carlos Peinado. La acusación por intrusismo profesional había sido descartada anteriormente. La causa que comenzó examinando cinco posibles delitos queda así concentrada en los dos que deberá estudiar el jurado.
La Audiencia también ha retirado todas las medidas cautelares personales impuestas a Gómez. Ha ordenado devolverle el pasaporte y ha eliminado tanto la prohibición de salir de España como la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Los magistrados rechazan que exista un riesgo de fuga que justifique mantener esas restricciones.
El procedimiento seguirá adelante y la decisión representa un revés para la defensa, que pretendía evitar el juicio. Al mismo tiempo, la resolución corrige una parte importante de la instrucción de Peinado y revoca unas medidas que el Gobierno había considerado desproporcionadas desde su adopción.
Moncloa mantiene que Begoña Gómez es inocente y habla de una “causa política” nacida de informaciones falsas y denuncias promovidas por organizaciones vinculadas a la derecha y la extrema derecha. La Fiscalía solicita la absolución, mientras las acusaciones populares mantienen sus peticiones contra la esposa del presidente.
Luxemburgo da al Gobierno su principal victoria
Frente al ruido judicial, el Gobierno obtuvo este jueves uno de sus principales respaldos desde el inicio de la legislatura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la ley de amnistía es compatible con el Derecho comunitario y avaló el objetivo de reducir las tensiones políticas e institucionales en Cataluña.
Luxemburgo descartó que la norma perjudique los intereses financieros de la Unión y concluyó que tampoco vulnera la legislación europea contra el terrorismo. La sentencia incorpora algunos límites procesales, especialmente sobre los plazos impuestos a los jueces y el levantamiento automático de medidas cautelares, pero respalda el núcleo de la ley.
Félix Bolaños defendió que el fallo demuestra que la amnistía es constitucional, europea y “perfectamente legítima”. Para el Ejecutivo, la sentencia valida la decisión de encauzar el conflicto catalán mediante el diálogo y desmonta buena parte de las acusaciones lanzadas durante los últimos años por PP y Vox.
El pronunciamiento europeo tampoco resuelve de manera inmediata la situación de Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo mantendrá por ahora la orden nacional de detención porque su decisión de excluir al expresidente catalán se basa en la interpretación del delito de malversación y del beneficio patrimonial, una cuestión concreta que el TJUE no examinó.
La discusión seguirá en el Tribunal Constitucional y en el Supremo, pero la sentencia permite al Gobierno defender que la norma acordada con los partidos independentistas se encuentra dentro del marco jurídico europeo.
El viernes queda en manos de Mercedes González
La semana termina donde comenzó buena parte de la presión política sobre el Gobierno, en la Audiencia Nacional y alrededor del ‘caso Leire’. La versión ofrecida por el DAO ha rechazado el supuesto intento de frenar las investigaciones de la UCO, pero el juez mantiene abiertas las diligencias y todavía debe escuchar a la directora general.
Mercedes González tendrá que explicar sus reuniones, sus conversaciones con Leire Díez y las decisiones adoptadas después de aquellos contactos. Su declaración permitirá a Pedraz comparar por primera vez la versión de la máxima responsable política de la Guardia Civil con el relato elaborado por los propios investigadores del cuerpo.
La directora conserva el respaldo de Marlaska y seguirá al frente del Instituto Armado mientras avance la instrucción. Este viernes le corresponde trasladar ante el juez las explicaciones que ya ofreció en el Senado. La última palabra de una semana judicial especialmente intensa para el Gobierno será la suya.
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