En 2021 fueron más de 10.000 las personas que accedieron a Ceuta; esta vez, más de 70.000. Es por eso que el 30 de julio de 2026 pasará a la historia: por la magnitud de los hechos, por el número de personas fallecidas, por la crisis generada en la propia ciudad, que todavía perdura, por la tensión diplomática y por el enfrentamiento político doméstico.
El verano no ha escapado a la tensión, la crispación y el enfrentamiento y, en esos términos, arrancará la próxima semana, antes de lo habitual, el curso político. El martes volverá a reunirse el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa y seis ministros comparecerán en el Congreso para abordar la crisis que se vive en Ceuta.
Desde la residencia vacacional de La Mareta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido varias reuniones por videoconferencia. Además, varios ministros implicados en la gestión de la crisis han viajado durante las últimas semanas para mantener encuentros de trabajo presenciales, tratando de situar al líder del Ejecutivo al frente de la gestión. Sin embargo, será el martes cuando el Gobierno vuelva a reunirse de forma presencial y en conjunto tras el parón estival.
La semana estará marcada por las comparencias de hasta seis ministros que tomarán la palabra en comisión, en sesiones extraordinarias, ya que el periodo ordinario no comienza hasta septiembre.
Lo que queda por hacer
La falta de sintonía entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí dificulta la búsqueda de soluciones que permitan devolver a la ciudad autónoma a una mayor situación de normalidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un paquete de ayudas para reactivar la economía de la zona, mermada por la situación. Tal y como adelantó el periódico El País, el Ejecutivo estudia aprobar posibles rebajas fiscales, reducciones de cotizaciones y ayudas directas a los afectados por la crisis.
En paralelo, el despliegue de medios sigue sin evitar que miles de migrantes continúen transitando por las calles. Todo ello mientras continúa pendiente la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas, una operación que el Ministerio de Juventud e Infancia confía en realizar “en un plazo de pocas semanas”.
Terreno abonado para la ultraderecha
El Congreso acogerá, aunque sea de forma extraordinaria, el inicio del curso político con el foco claramente virado hacia los postulados de la ultraderecha.
Mientras VOX insiste en “cazar” al migrante, el PP aboga por la devolución de todas las personas, incluidas las menores de edad, contradiciendo lo que marca la legislación europea y nacional. Posiciones que fijarán los próximos días ambas formaciones en la cámara baja ante los representantes del Gobierno.
Esta crisis migratoria en Ceuta, que esconde intereses de terceros países que emplean a las personas para sus propios fines, sirve a la ultraderecha como catalizador para consolidar un marco ideológico basado en la seguridad nacional y el choque identitario. Más prioridad nacional que nunca.
Toda crítica a la gestión que el Gobierno ha realizado sobre el terreno es legítima —con claras deficiencias en la agilidad de la toma de decisiones y en la iniciativa comunicativa—. Pero el Partido Popular de Feijóo se equivocará si piensa que una crisis de estas características está circunscrita únicamente a este Gobierno y que no podría repetirse si algún día alcanza la Moncloa.
Cuando una crisis alimenta un marco político
La cuestión que trasciende la gestión concreta de esta crisis es qué consecuencias políticas deja el relato construido alrededor de ella. Ceuta se ha convertido en un escenario especialmente propicio para que la inmigración deje de abordarse como una cuestión de gestión fronteriza, cooperación internacional o capacidad de acogida y pase a situarse en el terreno de la identidad, la seguridad y el miedo.
Los ceutíes acumulan motivos para la queja, la frustración y el enfado. Pero la respuesta a ese malestar determinará también qué tipo de sociedad queda después de la crisis. Difundir discursos de odio, alimentar la crispación o convertir cualquier conflicto en una confrontación permanente puede ofrecer réditos políticos inmediatos, pero deja una factura social mucho más difícil de revertir.
Ahí es donde el terreno se vuelve especialmente fértil para la ultraderecha. No necesita necesariamente gobernar para transformar el marco del debate: le basta con conseguir que el resto de actores políticos terminen discutiendo bajo sus propios términos. Si la conversación pública queda reducida a quién es capaz de endurecer más el discurso, el debate político habrá cambiado de escenario.
El poder en la Moncloa puede cambiar de color. Lo que resulta más difícil de cambiar es el clima social que se haya construido mientras tanto. Y ahí está la verdadera batalla política: no solo en quién gestiona una crisis, sino en qué relato permanece cuando la crisis termina.
Si el terreno se abona con miedo, odio y racismo, el problema no desaparece cuando desaparece el Gobierno de turno. Se queda en la sociedad.
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