Sin mayorías suficientes en el Congreso de los Diputados, pero con la firme intención de cumplir, esta vez sí, con el mandato constitucional, el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a culminar durante este mes de julio los últimos trámites para presentar en septiembre un proyecto de Presupuestos. “La intención es cumplir con los plazos”, insisten fuentes del equipo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La prórroga de las cuentas públicas durante tres ejercicios consecutivos desde el inicio de la legislatura, tras las elecciones generales del 23-J, ha provocado que la actual composición del Congreso no haya tenido ocasión de debatir ni votar unos Presupuestos Generales del Estado, el principal proyecto legislativo de cualquier Gobierno.
Según explica Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública, España afronta actualmente “una situación poco habitual en las democracias parlamentarias consolidadas” debido a la “anomalía” presupuestaria que implica que las Cortes Generales “hayan quedado privadas de debatir, enmendar, aprobar y fiscalizar la política económica del Ejecutivo”.
Una cita con las comunidades autónomas y varios plenos extraordinarios
El próximo paso llegará este lunes. El Ministerio de Hacienda ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar a las comunidades autónomas y corporaciones locales los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el periodo 2027-2029.
El Ejecutivo fijará así cuánto podrán gastar las administraciones, el volumen de deuda que podrán asumir y el déficit que podrán registrar durante los próximos ejercicios. Unas referencias que condicionan la financiación de los servicios públicos.
En esta reunión, Hacienda volverá a enfrentarse a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, mayoritarias en el órgano. Sin embargo, el Ministerio tiene prácticamente garantizada la aprobación de la senda fiscal, ya que dispone de la mitad de los votos y basta con el respaldo de una comunidad autónoma para sacarla adelante.
Posteriormente, el techo de gasto y la senda de déficit deberán ser ratificados por el Congreso. Si todo transcurre según lo previsto, la votación tendrá lugar en el pleno extraordinario convocado para el próximo 14 de julio, según acordó la semana pasada la Junta de Portavoces, que reservó además el 23 de julio como fecha alternativa en caso de que fuera necesario ampliar los plazos.
Superados estos trámites, el Ministerio de Hacienda podrá elevar el proyecto al Consejo de Ministros antes de remitirlo al Congreso de los Diputados.
Con ello, el Gobierno pretende dejar resueltos todos los pasos previos para presentar los Presupuestos durante el mes de septiembre. De lograrlo, sería la primera vez en esta legislatura que el Ejecutivo cumple los plazos constitucionales, que obligan a presentar el proyecto antes del inicio del mes de octubre.
Las modificaciones de crédito delatan al Gobierno
El volumen acumulado de modificaciones de crédito —las partidas presupuestarias que el Gobierno redistribuye entre ministerios sin necesidad de una nueva aprobación parlamentaria— alcanzó los 32.200 millones de euros al cierre de abril de 2026. Esta cifra récord es consecuencia directa de la prórroga presupuestaria y ha obligado al Ejecutivo a recurrir de forma continuada a ajustes para adaptar las cuentas a las necesidades actuales.
Según los datos que publica periódicamente la Intervención General del Estado, este volumen ha aumentado más de un 60 % respecto al ejercicio anterior. Para los expertos, este incremento evidencia que los Presupuestos vigentes ya no responden a las necesidades del país en 2026.
Uno de los últimos ejemplos se produjo en el Consejo de Ministros del pasado 19 de mayo, que autorizó una transferencia de crédito de 124 millones de euros al Ministerio de Defensa para atender “una serie de inversiones y programas en materia de defensa”.
Los Presupuestos, la última prueba antes de las urnas
Los socios parlamentarios del Gobierno, especialmente Junts y el PNV, son cada vez más escépticos sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura, como el presidente ha reiterado en numerosas ocasiones. De hecho, tanto nacionalistas catalanes como vascos ya han reclamado públicamente un adelanto electoral.
“Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de la legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación. Pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones”, afirmó hace unas semanas Maribel Vaquero, portavoz del PNV, desde la tribuna del Congreso.
Sus palabras resumen el escenario político al que se enfrenta el Gobierno: o Presupuestos o elecciones.
Sánchez podrá ocupar buena parte del debate político durante los próximos meses con la negociación presupuestaria. Sin embargo, si las cuentas no logran entrar en vigor antes del comienzo del nuevo año, la posibilidad de un adelanto electoral podría ganar fuerza y resolver el futuro de la legislatura durante el primer trimestre del próximo año.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
