Desde la última huelga general, en 2012, contra las políticas de austeridad y las reformas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy y las directrices de la Unión Europea, España es otro país.
Catorce años después, la transformación social, económica y política ha dibujado un escenario distinto, y la convocatoria del miércoles 11 de noviembre rompe moldes por la forma —quién ha logrado la movilización— y por el fondo —el motivo que lleva a la gente a la calle—.
CCOO y UGT han dado viabilidad y cobertura legal a un paro nacional que impulsaron, por primera vez, agentes ajenos al sindicalismo laboral, como el Sindicato de Inquilinas.
Ambas centrales reconocen que “la lucha se ha visto ampliada” y que toca dar la batalla también en cuestiones no estrictamente laborales, como la vivienda.
No todos los sindicatos representativos secundarán el paro: CSIF, USO y Fetico cuestionan “el momento político” y rechazan sumarse. Además, nunca antes se había celebrado una huelga general tan cerca de unos comicios, a menos de tres semanas de las elecciones del 29 de noviembre.
Mientras los convocantes confían en una jornada que “irá muy bien”, la patronal rechaza la huelga por la ausencia de razones laborales: “se trata de una huelga política”, señalan en el equipo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. La disputa no es menor: de que el paro se considere laboral o político depende su encaje y su legitimidad ante la opinión pública.
El dato respalda el relato
Al ser la primera huelga general con la vivienda como reivindicación principal, previsiblemente tendrá más impacto en las zonas tensionadas o en aquellas donde el recalentamiento del mercado genera más problemas.
Según Idealista, octubre cerró con una subida interanual del precio de oferta del alquiler en España del 5,6%, hasta los 15,1 euros/m². Con la única excepción de Bilbao, donde bajó un 1%, las rentas subieron en los principales mercados: Palma (7,6%), Alicante (5,6%), Málaga (5,4%), Madrid (4,5%), Valencia (4,2%), Sevilla (3,3%), San Sebastián (1%) y Barcelona (0,3%).
Es en este terreno donde puso el foco el Sindicato de Inquilinas, que exigió soluciones a las administraciones de todos los niveles tras el desahucio de Maricarmen. El caso se convirtió en uno de los asuntos centrales de una precampaña marcada también por el siniestro ferroviario de Urda (Toledo), que causó 69 muertos.
La huelga, no obstante, tiene una doble cara. Al malestar por la vivienda se suma la reivindicación salarial: las nóminas no suben al ritmo del coste de la vida. Los convocantes buscan así hacer visible un problema multifactorial y ampliar la base de la movilización. Esa conjunción es también su escudo: vincular salarios y vivienda es lo que permite a CCOO y UGT defender el carácter laboral del paro.
Una huelga en otros parámetros
Otra de las particularidades es que no podrá valorarse de antemano con los parámetros habituales. Una huelga general suele medirse por el seguimiento en los centros de trabajo, el consumo eléctrico o las cifras que cada parte difunde al caer el día. Pero esta convocatoria combina reivindicaciones laborales y no laborales, y la participación no pasa solo por dejar de trabajar, lo que complica cualquier proyección.
A ello se suma un desplazamiento del foco. Los sindicatos no pondrán tanto el acento en el parón laboral como en las movilizaciones que se produzcan por la tarde del 11 de noviembre en las manifestaciones. Medir el éxito en la calle, y no en las fábricas y oficinas, abre además la puerta a una guerra de cifras entre organizadores y Administración en plena campaña.
Ese giro encaja con el perfil al que apela la convocatoria: la gente joven, la más movilizada en este ciclo, como han demostrado las acampadas. Es un público menos vinculado a los centros de trabajo donde tradicionalmente se mide un paro, y cuya respuesta, por eso mismo, es la más difícil de anticipar.
Los datos de afiliación apuntan en la misma dirección. Un informe de Funcas publicado en febrero, que reúne información de la OCDE y de la encuesta internacional ISSP, sitúa en el 18% la sindicalización de los asalariados de 25 a 44 años que trabajan a jornada completa, ocho puntos por debajo del 26% que registran quienes tienen entre 45 y 64.
En un país donde la afiliación ronda el 12%-13% de los asalariados, la brecha dibuja un sindicalismo con menos arraigo justo en el segmento al que ahora intenta llegar, y ayuda a entender por qué la protesta ha surgido fuera de sus estructuras.
Una huelga diferente que señala a todos
“Es una huelga que no va contra nadie. Va a favor de una causa que tiene nombre y apellido, el de Maricarmen”, decía hace unos días el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.
El Sindicato de Inquilinas, sin embargo, insiste en apuntar a gobiernos de todos los colores, por un reparto competencial que va del Gobierno central a las comunidades y los ayuntamientos.
El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los sindicatos “reconsiderar esa huelga, convocada contra la oposición”. Pero el PP no solo aspira a gobernar: ya ejerce el poder en once autonomías, en las dos ciudades autónomas y en 3.193 municipios, administraciones que también tienen competencias en vivienda.
Así, una misma huelga admite (al menos) tres lecturas. El PSOE la presenta como una causa sin adversario; el PP, como una movilización con destinatario político; el Sindicato de Inquilinas, como una protesta que interpela a todas las administraciones. Esa ambigüedad explica en parte su capacidad de convocatoria, pero también plantea una pregunta que la campaña no podrá eludir: si el problema es de todos y las competencias están repartidas, ¿quién responde ante quienes salgan a la calle el miércoles?
