“La idea es continuar incluso dándonos por enterados”. Así responde la Moncloa al último mensaje trasladado por el PNV, que considera agotada la actual etapa política y sitúa el próximo otoño como horizonte para resolver la situación de la legislatura. El Ejecutivo asume el aviso lanzado por los nacionalistas vascos, pero mantiene su intención de agotar el mandato y preservar una de sus alianzas parlamentarias e institucionales más relevantes.
Fuentes del PNV describen el momento político como una situación “endiablada” y consideran que el calendario judicial y la escasa producción legislativa dificultan la continuidad del Ejecutivo. Los jeltzales entienden que el actual ciclo político se encuentra agotado y han situado finales de octubre la fecha para despejar el futuro de la legislatura.
El PNV es, además, uno de los socios a los que más escucha el Gobierno de España y, en particular, Pedro Sánchez. El interés no responde únicamente a los cinco diputados nacionalistas en el Congreso. Socialistas y jeltzales gobiernan en coalición en Euskadi y mantienen acuerdos en buena parte de las principales instituciones vascas: el Gobierno autonómico, las diputaciones forales y numerosos ayuntamientos, incluidas las capitales.
El mensaje de la Moncloa se entiende mejor si se observa el movimiento paralelo que llega desde Euskadi. El lehendakari, Imanol Pradales, reclama al Ejecutivo central que la reunión bilateral prevista antes del verano tenga contenidos concretos con el objetivo de cerrar los compromisos pendientes y culminar el desarrollo del Estatuto de Gernika.
De hecho, el mandatario vasco condicionó esta semana dicho encuentro a avances tangibles. “Si no hay contenidos concretos, no habrá bilateral”, reiteró en el Parlamento Vasco.
Y ese doble mensaje —pedir un horizonte para el final de la legislatura mientras se exigen los compromisos pendientes— tiene una explicación política.
La mayoría de los socios parlamentarios, no solo el PNV, se muestran incómodos ante la agenda judicial que rodea al Gobierno y, especialmente, por la falta de avances legislativos. Sin embargo, ninguno está dispuesto a facilitar la llegada de un Ejecutivo formado por el Partido Popular y Vox, conscientes de que una eventual mayoría suficiente de ambas formaciones les situaría en los márgenes de la próxima legislatura.
Además, la agenda vasca y, en particular, el desarrollo pendiente del Estatuto de Gernika quedarían paralizados con un Gobierno de PP y Vox en La Moncloa.
Por ello, en el Ejecutivo confían en seguir ofreciendo incentivos políticos al PNV para mantener la legislatura. En Moncloa aseguran comprender parte del diagnóstico de los nacionalistas vascos, aunque mantienen el objetivo de superar el verano y, al menos, intentar culminar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Sobre las transferencias pendientes —siendo la gestión económica de la Seguridad Social la cuestión más sensible para el Gobierno central y una de las principales prioridades del Ejecutivo vasco— la Moncloa insiste en su “plena disposición al diálogo”, aunque por ahora evita concretar plazos o contenidos.
También Junts eleva el tono, pero sin dar pasos efectivos
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “tiene que irse o regalará el Gobierno a la extrema derecha”.
En una entrevista en El País, la dirigente independentista advirtió de que el presidente será el “único responsable” si Vox llega al poder, ya que, sostiene, todavía tiene la opción de apartarse, como hizo recientemente el primer ministro británico, Keir Starmer.
Sus palabras llegan la misma semana en la que prosperó la moción del Partido Popular que instaba a Pedro Sánchez a plantearse una cuestión de confianza. La iniciativa salió adelante con 178 votos favorables, incluidos los de Junts y Vox, frente a 171 votos en contra.
Sin embargo, la situación continúa siendo ambigua. A pesar de que socios como el PNV o Junts han endurecido notablemente su discurso y verbalizan cada vez con menos matices el desgaste de la legislatura, ninguno contempla por ahora respaldar una moción de censura impulsada por el PP.
Al mismo tiempo, ambas formaciones continúan facilitando la gobernabilidad en votaciones relevantes. En los últimos meses han respaldado la convalidación de una docena de decretos ley —principal herramienta legislativa del Gobierno que daría para debatir— y también han apoyado, junto a los partidos del bloque progresista, iniciativas como la ley que castiga las terapias de conversión o la tramitación del traspaso de la AP-9 a Galicia.
La paradoja para el Gobierno resulta evidente: sus socios elevan la presión política y verbalizan el desgaste de la legislatura, pero ninguno está dispuesto, al menos por ahora, a asumir el coste de precipitar unas elecciones que podrían abrir la puerta a una mayoría de PP y Vox. Esa contradicción explica tanto la dureza creciente del discurso como la continuidad de los apoyos parlamentarios y mantiene a Pedro Sánchez, por el momento, con margen para resistir.
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