No es la primera vez que los acontecimientos históricos o las catástrofes obligan a reajustar los planes y condicionan la agenda política. Ha vuelto a suceder esta semana y en La Moncloa ya han tomado las decisiones para dar una respuesta política que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está anticipando.
Desde su llegada a La Moncloa en 2018, Sánchez ha afrontado una sucesión de acontecimientos extraordinarios que han condicionado la acción de su Ejecutivo: la pandemia en 2020, la borrasca ‘Filomena’ en 2021, la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, el paso de la DANA por la provincia de Valencia o el apagón histórico de 2025. A esta lista se suman ahora, pese a las múltiples advertencias de los bomberos año tras año, los incendios activos en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, que han obligado a la evacuación —de momento— de 120.000 personas, el equivalente a toda la población de Cádiz fuera de sus casas.
Una vez más, se trata de un acontecimiento —sin entrar en el fondo de la cuestión— que no estaba en las previsiones y que ha obligado a administraciones de distinto signo político a ponerse manos a la obra.
El próximo martes, el Gobierno celebrará el último Consejo de Ministros antes del parón estival y el jefe del Ejecutivo saldrá a realizar un balance de la legislatura, que echó el cierre esta semana con el último pleno del Congreso de los Diputados.
Ayudas para los afectados y un Pacto de Estado
El presidente Sánchez ya ha avanzado esta mañana, desde el puesto de mando de Navaluenga, en Ávila, que el martes el Consejo de Ministros declarará las zonas afectadas como gravemente dañadas. El Ejecutivo estudia también otras ayudas para los cientos de miles de afectados.
Así lo confirman fuentes de La Moncloa, que ya trabajan en la que será la última intervención de Sánchez, a modo de balance, antes del parón estival.
El presidente ha realizado a lo largo de la semana varios llamamientos a todas las fuerzas políticas para alcanzar un “gran pacto de Estado contra la emergencia climática”. Ese será uno de los mensajes centrales de su intervención. “La emergencia climática mata”, dijo Sánchez, una frase que se ha convertido en el núcleo del argumentario en el que trabaja su equipo de comunicación.
“Dato mata relato”, dicen en La Moncloa
El Congreso ya ha finalizado su actividad parlamentaria, abriendo paso al silencio en el hemiciclo y reduciendo notablemente los decibelios que han marcado el curso político.
A pesar de la debilidad parlamentaria y de no contar con unos presupuestos propios —los prorrogados ya son los más longevos de la historia—, el Gobierno está decidido a seguir con la hoja de ruta prevista tras el parón estival. Sánchez pretende, así, inundar el martes su comparecencia de datos para “matar el relato”, falso según La Moncloa, de quienes aseguran que el Gobierno está paralizado. “Nada de eso”, sentencian.
Y es que, a pesar de derrotas como la reciente caída de los objetivos de estabilidad, primer paso para la elaboración de los presupuestos; la negativa del Congreso, el pasado mes de abril, al texto que pretendía prorrogar los alquileres, impulsado por Sumar y rechazado con los votos de PP, Vox y Junts; o el rechazo a topar los precios ante situaciones de emergencia como la DANA de Valencia, el Gobierno asegura haber aprobado más de 70 leyes durante esta legislatura, aunque cerca del 60% son reales decretos.
Se trata de una fórmula cada vez más recurrente que obliga a apurar hasta el último minuto para comprobar si lo ya publicado en el BOE cuenta finalmente con el respaldo de la mayoría parlamentaria.
La estrategia de La Moncloa pasa, por tanto, por contraponer la debilidad parlamentaria a la capacidad de gestión y de aprobación normativa. El objetivo político del martes será demostrar que una cosa no implica necesariamente la otra.
Objetivo presupuestos, sin descartar elecciones
A pesar de la sensación cada vez más acuciante de que la legislatura se mueve por los márgenes, el Gobierno sostiene el rumbo en las mismas coordenadas y mantiene los presupuestos como principal objetivo.
El contexto no es sencillo. Junts rompió relaciones con el Gobierno el pasado otoño y solo un posible regreso de Puigdemont —el Tribunal Constitucional abordará el 22 de septiembre el primer recurso de un condenado por el procés para aplicar la ley de amnistía— podría reconstruir los puentes. O no.
El PNV sigue reclamando un cambio de escenario y la falta de avances en las transferencias pendientes a Euskadi no ayuda a reforzar la confianza de un socio prioritario que ha ido elevando el tono. De momento, la reunión prevista entre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, también ha quedado pospuesta para el inicio del nuevo y último curso antes de las elecciones.
También Podemos actúa desde hace meses como un grupo de oposición, aunque reconoce que, si se plantean avances sociales, votará a favor. Al mismo tiempo, insiste en subrayar que la legislatura “está ya agotada”.
Con todo, y bajo la presión de las causas judiciales abiertas y de una oposición que solo ha rebajado algo el tono por las consecuencias de los devastadores incendios, el Gobierno insiste en trabajar en unas cuentas públicas que acumulan tres prórrogas tras permanentes incumplimientos y fuera del dictado de la Constitución.
Desde el Ministerio de Hacienda insisten en que “seguirán adelante” con la tramitación de los presupuestos, argumentando que la Abogacía del Estado avala continuar con el procedimiento aunque los objetivos de estabilidad hayan decaído dos veces en el Congreso.
Y esa es, en este momento, la última bala política de Pedro Sánchez: ocupar el tiempo y fijar el relato en torno a la necesidad de unas cuentas públicas que, esta vez, pretende presentar en tiempo y forma. Aprobarlas ya es otra cuestión.
Si finalmente el proyecto es rechazado, es más que probable que durante el primer trimestre del año, y cuando mejor le convenga, Sánchez apriete el botón electoral y adelante la llamada a las urnas unos meses, de manera previa a los comicios municipales y autonómicos. Es la idea que, en privado, sostienen varios ministros que ya anticipan que “la vuelta en septiembre será de altísimo voltaje”.
Porque el martes no será únicamente un balance de lo hecho. Será también el primer movimiento político de cara al curso decisivo. Sánchez afronta el verano con un objetivo muy concreto: llegar a septiembre con la capacidad de demostrar que la legislatura sigue teniendo recorrido y que el Gobierno conserva margen de maniobra. La aprobación de los presupuestos será la prueba de fuego. Si no la supera, el calendario electoral podría convertirse en la siguiente decisión estratégica.
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