Será a lo largo de la mañana cuando la Abogacía del Estado se persone en la causa que investiga el origen de las joyas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofreció acciones a la Agencia Tributaria al considerarla “potencial perjudicada” por los hechos investigados en la causa abierta tras localizarse las joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo.
¿Por qué es relevante y qué pasos pueden darse ahora?
Era un movimiento previsible y está previsto que se haga efectivo a lo largo de la mañana. Con esta personación, la Agencia Tributaria podrá intervenir en el procedimiento y actuar, si así lo considera, en defensa del interés público.
Si los indicios apuntaran a que las joyas fueron recibidas como regalo y ello hubiera supuesto un incremento patrimonial no declarado, pero hubieran transcurrido más de cinco años desde la presunta infracción tributaria, esta habría prescrito. Técnicos de Hacienda señalan que, si las joyas fueron recibidas antes de mayo de 2021 —o incluso antes, según apuntan fuentes del Gobierno—, la eventual responsabilidad tributaria podría considerarse prescrita.
En cambio, si se acreditara que las joyas fueron adquiridas, no constan en ninguna declaración y esa adquisición implicó un incremento patrimonial no declarado obtenido hace menos de cinco años, ahí es donde podría apreciarse un posible delito contra la Hacienda Pública. En ese supuesto, la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, podría ejercer la acusación si considerara que concurren los requisitos legales.
A la espera de las explicaciones
Durante las casi tres horas de declaración ante el juez el pasado 17 de junio, Zapatero evitó ofrecer explicaciones sobre el origen del ajuar intervenido en su despacho.
Tras abandonar la Audiencia Nacional, tanto su entorno como su defensa aseguraron que en un plazo de diez días darían explicaciones sobre la procedencia de las joyas.
Desde el punto de vista jurídico, no existe obligación de hacerlo. Zapatero puede optar por no ofrecer ninguna explicación, ya que tiene derecho a articular la estrategia de defensa que considere más conveniente, según explican fuentes judiciales.
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