Por qué el 23F sí y otros hechos históricos no. Es la pregunta que han formulado formaciones como el PNV y EH Bildu —y que también han planteado periodistas, sin obtener una respuesta clara al menos en público— desde que el presidente del Gobierno anunciara que los archivos relativos al intento de golpe de Estado de 1981 se pondrían a disposición de la ciudadanía este miércoles. Ahora ya hay hora: está previsto que se publiquen a partir de las 13:00 en la web oficial de La Moncloa.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que este miércoles interpelaba al jefe del Ejecutivo en la sesión de control, le reprochó que “han demostrado que con voluntad y decisión política se puede. Hoy siguen bajo secreto e impunidad sucesos y hechos de suma importancia para la ciudadanía vasca”. Un mensaje directo al corazón del debate: si hay margen legal para abrir unos archivos, ¿por qué no otros?
Según fuentes del Gobierno consultadas por este periódico, la decisión de desclasificar los documentos del 23F “es política y el Consejo de Ministros es soberano para hacerlo”. Es la misma respuesta que ofrecen cuando se les pregunta por otros episodios anteriores a la intentona golpista —a los que aluden las formaciones vascas— como los Sanfermines de 1978, la masacre de Vitoria de 1976 o el caso de Mikel Zabalza, que continúan bajo reserva.
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Las mismas fuentes admiten que “todo es cuestión de voluntad política”, una afirmación que, en la práctica, refuerza el argumento de quienes reclaman más pasos en la misma dirección. Si el criterio es político, sostienen estos grupos, el margen de maniobra existe.
En los pasillos del Congreso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, amplió el foco: “A partir de ahora la prioridad es aprobar la ley que está en tramitación parlamentaria”. Se refiere a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, llamada a sustituir la norma vigente de 1968, heredada del franquismo. El Gobierno sitúa ahí el siguiente hito de transparencia. La oposición nacionalista, en cambio, sostiene que una cosa no debería impedir la otra: mientras la reforma se tramita, podrían desclasificarse más documentos.
Que se dejen de excusas
En agosto de 2023, tras la constitución de las nuevas Cortes, el PNV volvió a registrar su propuesta para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una iniciativa que ya había intentado sacar adelante en legislaturas anteriores sin éxito. A día de hoy, la reforma sigue paralizada.
Fuentes del grupo parlamentario vasco reclaman al Ejecutivo que, si el proyecto presentado por el propio Gobierno no logra los respaldos necesarios, impulse la iniciativa de los nacionalistas vascos. EH Bildu, por su parte, apuesta por derogar la norma y aprobar una nueva ley “más garantista y democrática”, pero advierte de que “hasta conseguirlo el Gobierno puede actuar motu proprio”.
El debate, en definitiva, trasciende el 23F. La cuestión de fondo es si la transparencia histórica será estructural o episódica. Y ahí vuelve la pregunta que ha marcado la sesión de control:
Por qué el 23F sí y otros hechos históricos no.
