Fuentes de La Moncloa señalan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su confianza y su respaldo al ministro Óscar Puente, al considerar que el accidente de Urda (Toledo) nada tiene que ver con su gestión. Por tanto, al menos de momento, ni culpa ni responsabilidad.
Desde el entorno del presidente lamentan que se utilicen el dolor de las víctimas y el accidente en plena precampaña electoral. Sin embargo, esta vez las responsabilidades no se reclaman solo desde la oposición: el Frente Amplio y el PNV también han exigido "responsabilidades al más alto nivel".
Por ahora, el debate no está sobre la mesa. El siguiente paso será la comparecencia del ministro en la Diputación Permanente del Congreso, el próximo martes a las 17:00. Lo hará en el órgano que asume las funciones del Pleno cuando la Cámara no está reunida, bien por estar disuelta, bien por encontrarse fuera de los periodos de sesiones.
La culpa se define, principalmente, como la imputación de una acción a alguien. Y, con lo que se sabe hasta ahora, nada indica que el ministro de Transportes, Óscar Puente, sea culpable de que dos trenes de alta velocidad chocaran tras una concatenación de errores que aún se investiga. Pero ¿y la responsabilidad?
El diccionario de la RAE la define, en una de sus acepciones, como el "cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado". Y ahí sí, Puente, como máximo responsable político del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), queda situado en el centro del asunto.
El riesgo para el PSOE de mantener a Puente
Sostener al ministro tiene implicaciones políticas y, en plena precampaña, esas implicaciones se convierten en riesgo.
Verdad, justicia y reparación es lo que piden las víctimas ante una catástrofe como la de las últimas horas.
La verdad llega con explicaciones, claridad y transparencia.
La justicia corresponde a la investigación judicial ya en marcha: la jueza ha decretado el secreto de las actuaciones, ha prohibido el acceso a la zona y ha incautado las cajas negras.
La reparación es quizá la parte más complicada. Nadie devolverá a las familias a sus seres queridos, y muchos supervivientes jamás entenderán cómo pudo suceder algo así.
Esa reparación se complica aún más cuando las víctimas sienten que nadie asume responsabilidades, ni siquiera en forma de dimisión como gesto de respeto.
Dos años de la DANA: otra tragedia, la misma pregunta sobre las responsabilidades
Ayer se cumplieron exactamente dos años de la DANA del 29 de octubre de 2024. Su gestión y sus consecuencias abrieron un intenso debate sobre la politización de la tragedia y el papel de las asociaciones de víctimas.
Desde el inicio, los grupos políticos utilizaron la gestión de la emergencia, el número de fallecidos y la lentitud de las ayudas como arma de confrontación.
Entonces, y durante muchos meses, el Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ataron su posición a la del president de la Generalitat, Carlos Mazón: lo arroparon en público y avalaron sus argumentos. La presión política y social acabó siendo enorme para los populares.
La DANA nada tiene que ver con lo sucedido en Urda, y en este caso no ha habido, por ahora, una sucesión de imprecisiones y cambios de versión como la que terminó políticamente con Mazón.
El paralelismo está en otra parte: en la pregunta sobre quién puede ejercer la responsabilidad. A Mazón se le exigió la dimisión y no se marchó. Resistió durante meses, con un clamor social que crecía en la calle y en las asociaciones de víctimas, hasta que su posición se volvió insostenible.
Con Puente estamos aún en las primeras horas, pero ya son muchas las voces que no entienden que sea él quien deba reparar el daño y devolver la confianza de la ciudadanía en el sector ferroviario.
La cuestión de fondo no es solo quién provocó el accidente, sino quién tiene la autoridad moral y política para liderar esa reconstrucción. Y esa pregunta, como entonces, puede ir ganando peso con el paso de los días.
Esta vez la tragedia coincide con la precampaña de las próximas elecciones. Aunque estos días se han paralizado todos los actos, es inevitable preguntarse qué coste político tendrá para el PSOE un accidente que suma ya 69 fallecidos.
Llega además tras el de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, que dejó 46 muertos y fue el primer accidente de gran magnitud en la red de alta velocidad española desde su puesta en marcha en 1992. Solo tres días después, un muro de contención cayó sobre un convoy de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní. El maquinista del tren falleció y otras 37 personas resultaron heridas en aquel accidente.
“Ahora no estoy pensando en mí”, señaló ayer ante los medios de comunicación. Pero casavez más gente sí lo está pensando por él.
