La Diputación Permanente votará este miércoles la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales, una norma aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros tras el accidente de alta velocidad registrado en Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, y en un contexto marcado también por las jornadas de huelga convocadas en el sector, una de ellas este martes.
El texto incorpora los principios de la denominada “cultura justa” a la Ley del Sector Ferroviario, mediante la creación de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal, de manera que los trabajadores con funciones vinculadas a la seguridad puedan trasladar incidencias a través de canales internos o de sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.
Riesgo grave e inminente y más capacidad de inspección
La regulación reconoce, además, el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas “necesarias y proporcionadas” ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas, unas medidas que podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, siempre con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.
El decreto también refuerza la supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), al permitirle desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, los trenes o los equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad supervisada o a otra.
Tiempos de conducción y adaptación hasta 2027
El real decreto ley, que ya se encuentra provisionalmente en vigor salvo su primer artículo, precisa qué actividades y períodos deben computarse como tiempo de conducción. Entre ellos se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.
No obstante, ese primer artículo entrará en vigor el 11 de mayo de 2027, con el fin de que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los maquinistas a las nuevas condiciones establecidas.
Jubilación y coeficientes reductores para otras categorías
El decreto extiende también el régimen de Seguridad Social previsto al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales que desempeñan las mismas funciones.
Con esta medida, el Gobierno amplía el régimen de seguridad social para incluir a otras categorías profesionales en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación.
Ayudas urgentes para las víctimas de Urda
La Diputación Permanente también votará este miércoles la aprobación del real decreto ley para articular un paquete urgente de ayudas económicas y sociales destinadas a los afectados por el accidente de Urda (Toledo), que establece indemnizaciones directas y exentas de tributación en el IRPF de 72.121,46 euros por fallecimiento.
Para los heridos, el texto fija indemnizaciones de entre 2.404,04 euros y 84.141,7 euros, en función de la gravedad de las lesiones y de las circunstancias derivadas del siniestro.
Una votación ajustada en la Diputación Permanente
El Gobierno logró la semana pasada la convalidación de uno de los decretos de vivienda por un solo voto de diferencia, y ahora afronta una nueva votación en la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas. En este caso, el bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suma 35 votos a favor, frente a los 34 en contra del PP, Vox y Junts.
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