La entrada masiva de personas en Ceuta ha cumplido tres semanas. El Gobierno está llevando a cabo desplazamientos en la ciudad autónoma hacia espacios de acogida, se están iniciando los trámites para el reparto de migrantes y se está gestionando la situación de los menores no acompañados que se encuentran en el territorio. En este sentido, la fiscal de la Sala de Coordinadora de menores en la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, concedió este jueves una entrevista al periodista Pablo Tallón en el programa de la ‘Cadena SER’ Hora 25, donde ha subrayado que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), en vigor desde el pasado 12 de junio, establece con claridad cómo deben llevarse a cabo estos procedimientos.
Gisbert ha respondido así a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha defendido que la entrada masiva en Ceuta permitiría devolver inmediatamente a los migrantes. Frente a esta posición, la fiscal ha recordado que el Tribunal Supremo ya estableció que las devoluciones de menores no pueden hacerse directamente y que es necesario estudiar las circunstancias de cada caso. "Por lo tanto no tiene sentido", ha afirmado.
🗣️ Teresa Gisbert, Fiscal de Menores: "Como trata una sociedad a los niños y niñas, la define. Los fiscales estamos para proteger a los vulnerables y personas con discapacidad, pero que no nos vengan con historias de legislación porque está clarísima" pic.twitter.com/ViWD1xqwT9
— Hora 25 (@Hora25) August 20, 2026
La fiscal también se ha referido a las comunidades autónomas que están poniendo obstáculos a la acogida de menores y ha señalado que "lo único que hacen es intentar entorpecer". En concreto, ha apuntado a aquellas en las que se ha producido un pacto entre PP y Vox, aunque ha recalcado que ninguna puede negarse a cumplir las obligaciones establecidas legalmente.
Según ha explicado, la Fiscalía de Menores interviene cuando una comunidad plantea dificultades para recibir a los niños derivados desde Ceuta. "Cuando el fiscal de menores se dirige a la comunidad autónoma para decirles que no se pueden negar a acoger los menores que dicen los reales decretos, a pesar de las pegas, al final ceden porque no tienen más remedio porque es el cumplimiento de la ley", ha señalado.
Gisbert ha asegurado que esta situación no es nueva y que desde hace aproximadamente un año y medio se repite el mismo procedimiento. La Fiscalía se pone en contacto con el fiscal de menores del territorio de destino, remite un escrito y recuerda a la administración correspondiente las obligaciones que debe cumplir.
Gisbert ha señalado, no obstante, que uno de los principales problemas es la falta de intérpretes. El procedimiento exige realizar entrevistas personales y poder comunicarse con los menores en cualquier idioma, además de analizar su situación familiar y personal. "Rige el interés superior del menor", ha explicado, y ha precisado que este principio puede llevar tanto a considerar el regreso con su familia como a descartarlo si existe riesgo de que el niño quede en una situación de desprotección.
Sobre el número de menores que continúan en la ciudad, Gisbert ha reconocido que todavía no disponen de una cifra exacta. Las estimaciones proceden de los menores identificados por la Policía y posteriormente trasladados a centros, pero existe incertidumbre sobre cuántos pueden permanecer todavía en las calles.
Gisbert ha defendido que el sistema español de protección debe aplicar las mismas garantías a todos los menores, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa. "No distinguimos, no son extranjeros irregulares, antes que extranjeros irregulares son menores, que es lo más importante", ha afirmado.
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