El franquismo fusiló a las Trece Rosas hace 87 años pero nunca logró borrar sus nombres

Hace 87 años, durante la madrugada del 5 de agosto de 1939, trece mujeres de entre 18 y 29 años fueron sacadas de la cárcel de Ventas y conducidas hasta las tapias del Cementerio del Este de Madrid. Allí las esperaba un pelotón de fusilamiento franquista.

Sus nombres eran Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. La historia acabaría recordándolas como las Trece Rosas.

La Guerra Civil había terminado cuatro meses antes. Madrid estaba ya bajo el control de las tropas franquistas y la dictadura había comenzado a levantar su nuevo Estado sobre consejos de guerra, cárceles abarrotadas, depuraciones, miedo y ejecuciones. El fusilamiento de aquellas trece mujeres perteneció a la represión organizada contra quienes habían defendido la República o podían representar cualquier resistencia futura. 

Horas antes de morir, Julia Conesa escribió una carta de despedida a su familia. Terminó con una frase que ha recorrido generaciones y que sigue apareciendo cada 5 de agosto entre flores rojas, pancartas y homenajes: "Que mi nombre no se borre de la historia".

La dictadura intentó precisamente eso. Convertirlas en un expediente militar, enterrarlas bajo la acusación de "adhesión a la rebelión" y extender el silencio sobre sus vidas. Ochenta y siete años después, sus nombres continúan presentes mientras vuelve a crecer en Europa una extrema derecha que relativiza las dictaduras, degrada a sus víctimas y presenta la memoria democrática como una amenaza.

Trece vidas aplastadas por la represión franquista

Tras la ocupación de Madrid, algunos jóvenes vinculados a las Juventudes Socialistas Unificadas intentaron reconstruir una organización clandestina prácticamente desmantelada. La policía franquista respondió con una cadena de detenciones alimentada por delaciones, interrogatorios, torturas y documentación incautada al finalizar la guerra.

Las Trece Rosas fueron arrestadas entre mayo y junio de 1939. Algunas habían militado en las JSU o en el Partido Comunista durante la guerra. Otras apenas habían retomado algún contacto con sus antiguos compañeros. Blanca Brisac, pianista, católica y madre de un niño, carecía de militancia política. Su relación con un músico comunista bastó para arrastrarla hasta la cárcel y después ante el pelotón.

Eran modistas, secretarias, trabajadoras del transporte, costureras o jóvenes que ayudaban a mantener a sus familias. Virtudes González, Victoria Muñoz y Luisa Rodríguez tenían 18 años. Adelina García tenía 19. Carmen Barrero, Julia Conesa, Elena Gil y Dionisia Manzanero tenían 20. La mayor, Blanca Brisac, acababa de cumplir 29 años y era la única que tenía un hijo.

Todas pasaron por la prisión de mujeres de Ventas, convertida durante los primeros meses de la dictadura en uno de los principales centros de la represión femenina. Allí aguardaron durante semanas entre miles de presas políticas, muchas acompañadas por sus hijos, mientras los tribunales militares dictaban condenas en procedimientos colectivos.

El 27 de julio fue asesinado el comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón junto a su hija y su conductor. El régimen utilizó aquel atentado para endurecer todavía más la represión contra la organización clandestina comunista. Las Trece Rosas ya estaban encarceladas cuando se produjo el ataque, un dato que desmonta cualquier intento de atribuirles participación directa.

El 3 de agosto comparecieron ante un consejo de guerra sumarísimo. La causa 30.426 las acusó de reorganizar las JSU y el PCE para actuar contra el "orden social y jurídico de la nueva España". También se llegó a vincular el procedimiento con un supuesto plan para atentar contra Franco durante el Desfile de la Victoria que las investigaciones históricas consideran inexistente.

El juicio careció de garantías, individualización suficiente de las conductas y posibilidades reales de defensa. La Justicia militar de una dictadura nacida de un golpe de Estado condenó por "adhesión a la rebelión" a quienes habían defendido la legalidad republicana.

Dos días después fueron fusiladas junto a 43 hombres. Los disparos comenzaron de madrugada ante la tapia del cementerio. Algunas de las condenadas habían escrito durante las horas anteriores sus últimas cartas a madres, hermanos, parejas e hijos.

Blanca Brisac pidió a su familia que protegiera a Enrique, su hijo. Julia Conesa reclamó que su nombre permaneciera en la historia. Aquellas cartas devolvieron rostro, voz y afectos a quienes el franquismo había tratado como una simple relación de condenadas.

La memoria frente al nuevo avance ultra

La memoria democrática parte de hechos como aquel. Busca conocer lo sucedido, reparar la dignidad de las víctimas, localizar a quienes permanecen en fosas y transmitir a las nuevas generaciones las consecuencias de una dictadura. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición forman parte de una obligación democrática reconocida también por los organismos internacionales de derechos humanos.

Su importancia ha vuelto a crecer ante el avance de la extrema derecha europea. Las fuerzas ultras participan en gobiernos, condicionan mayorías parlamentarias y han conseguido trasladar buena parte de su lenguaje hacia partidos conservadores tradicionales. Los ataques contra migrantes, feministas, minorías, periodistas e instituciones democráticas conviven con una revisión interesada del pasado.

El fascismo histórico pertenece al siglo XX, pero sus métodos de deshumanización, búsqueda de enemigos internos y desprecio por el pluralismo vuelven a encontrar espacio político. La manipulación de la memoria facilita ese camino porque difumina las responsabilidades, convierte los crímenes de una dictadura en una disputa entre versiones y termina presentando a víctimas y verdugos en el mismo plano.

En España, PP y Vox han promovido la derogación o sustitución de distintas leyes autonómicas de memoria. Aragón, Extremadura y Baleares han vivido retrocesos impulsados bajo el concepto de "concordia", una fórmula que evita condenar de manera expresa el franquismo y diluye la represión posterior a la guerra.

Vox ha ido más lejos. Sus dirigentes han reclamado la derogación de la Ley de Memoria Democrática, han defendido la dictadura y han difundido falsedades sobre las propias Trece Rosas. Javier Ortega Smith llegó a acusarlas de torturar, violar y asesinar en las checas madrileñas. La sentencia que las condujo al pelotón de fusilamiento jamás les atribuyó ninguno de esos delitos.

Madrid ofrece su propio ejemplo de desmemoria. José Luis Martínez-Almeida paralizó en 2019 el memorial de La Almudena dedicado a las 2.936 personas fusiladas allí por el franquismo entre 1939 y 1944. El Ayuntamiento retiró las placas que contenían sus nombres, algunas de las cuales acabaron rotas en el suelo, y sustituyó el proyecto por una inscripción genérica dedicada a víctimas de ambos bandos. Casi siete años después, aquellas placas permanecen embaladas entre plásticos y cajas en un pasillo del Almacén de la Villa. Entre ellas figuraban las palabras de Julia Conesa. El pleno municipal aprobó en 2020 su restitución, pero el Gobierno de Almeida continúa sin devolverlas al cementerio.

El alcalde también ha recurrido la declaración de la tapia de los fusilamientos como lugar de memoria democrática. Su Ayuntamiento considera que reconocer oficialmente el espacio resulta "lesivo" para los intereses municipales, reabre heridas y ofrece una imagen negativa del cementerio.

La tapia fue el lugar en el que el franquismo asesinó a casi 3.000 personas. Entre ellas estaban las Trece Rosas. Recordar lo ocurrido allí forma parte de la historia de Madrid, aunque Almeida siga tratando de esconder sus nombres en un almacén municipal.

La izquierda vuelve a llevar flores a La Almudena

El PSOE y Juventudes Socialistas han celebrado este miércoles su tradicional homenaje ante la placa de las Trece Rosas en el cementerio de La Almudena. La secretaria general de JSE, Aránzazu Figueroa, ha reivindicado a las mujeres que protagonizaron la resistencia, padecieron la cárcel, el exilio y la humillación franquista.

"Han sido demasiadas veces olvidadas e invisibilizadas a lo largo de la historia", ha señalado Figueroa. La dirigente socialista ha situado la defensa de la democracia como la tarea de su generación frente a quienes "quieren devolvernos a una España en blanco y negro".

También ha respondido al crecimiento de los discursos de odio. "No nos resignamos a rendirnos, ni a bajar los brazos ni a agachar la cabeza. Este legado es lo más importante que tenemos y seguiremos luchando contra el fascismo y la intolerancia", ha afirmado.

El PSOE ha recordado a las trece jóvenes como defensoras de una sociedad más justa, igualitaria y libre. La formación ha vinculado su recuerdo con la Ley de Memoria Democrática y con el compromiso público de preservar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En el acto también ha intervenido la concejala socialista Meritxell Tizón, que ha reprochado al Ayuntamiento de Madrid su utilización de la memoria como un elemento de confrontación. "Recordar es un deber", ha defendido ante la misma tapia cuya declaración como lugar de memoria ha recurrido el Gobierno de Almeida.

La diputada autonómica Cristina González ha respondido a quienes aseguran que durante la dictadura "se vivía mejor". "Con el dictador lo que pasaba es que fusilaban a muchas mujeres y hombres por sus ideas", ha recordado. Diana Matos, secretaria general de Juventudes Socialistas de Madrid, ha advertido de que la violencia y la intolerancia siguen cobrándose vidas.

Izquierda Unida también ha recuperado este miércoles los nombres de las Trece Rosas y su vinculación con las Juventudes Socialistas Unificadas. La organización ha presentado su memoria como un impulso para mantener viva la lucha antifascista.

El Partido Comunista de España ha recordado su intento de organizar la resistencia durante los primeros meses de la dictadura. El PCE ha respondido además a los ataques de la nueva extrema derecha y ha defendido la dignidad de las jóvenes frente a las campañas revisionistas.

Mientras el Ayuntamiento mantiene sus nombres embalados en un almacén, la tapia de La Almudena ha vuelto a llenarse de rosas y a repetir la última petición de Julia Conesa: "Que mi nombre no se borre de la historia".