El Gobierno cerró el jueves con tres frentes abiertos alrededor de la crisis de Ceuta. Interior reforzó el dispositivo para acelerar los expedientes de las personas que permanecen en la ciudad, el Ministerio de Infancia puso fecha al debate sobre los recursos destinados a los menores y el choque con el Partido Popular por las comparecencias de los ministros se trasladó de nuevo al Senado.
Fernando Grande-Marlaska reconoció durante su segunda visita a Ceuta que todavía permanecen alrededor de 5.000 migrantes, entre ellos 1.898 menores identificados. El ministro anunció la llegada de 45 policías de una Unidad de Prevención y Reacción y de otros 20 funcionarios de Extranjería, encargados de reforzar la seguridad y agilizar los trámites de devolución, protección internacional e identificación.
El titular de Interior aseguró que quienes se encuentren en situación irregular serán devueltos "a la mayor brevedad" y lanzó un mensaje dirigido a quienes puedan plantearse nuevas entradas. "Ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno va a ir a la Península y ninguno va a ser regularizado", afirmó, aunque dejó a salvo los supuestos de especial vulnerabilidad protegidos por la legislación española e internacional. Marlaska evitó, sin embargo, fijar un calendario para los retornos.
Vivas reclama una respuesta urgente y eleva la cifra a 9.000 personas
Las explicaciones de Interior fueron insuficientes para el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que trasladó a Marlaska que la ciudad continúa en una situación de "máximo riesgo" para la convivencia, la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos. "Cada día que pasa es peor", advirtió después de una reunión en la que volvió a reclamar más policías y guardias civiles, presencia de Frontex en el Tarajal y refuerzos sanitarios.
Vivas calcula que aún quedan unas 9.000 personas, frente a las 5.000 contabilizadas por Interior. Su estimación parte de las 4.500 comidas repartidas diariamente en el Tarajal, las 3.000 entregadas por organizaciones sociales y el aumento de menores acogidos. Se trata de un cálculo indirecto que puede incluir solapamientos y personas que acuden a distintos recursos.
El presidente ceutí reclamó el retorno urgente de quienes entraron el 30 de julio y resumió su posición con una frase tajante. "Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península", sostuvo. También propuso rechazar desde el comienzo las solicitudes de protección internacional presentadas en Ceuta, una posibilidad que exigiría cambios legales y que debe respetar el derecho de cada persona a que su petición sea estudiada individualmente, recogido en la Ley de Asilo.
Infancia prepara las primeras derivaciones de menores
El segundo eje de la respuesta llegará este fin de semana. El Ministerio de Juventud e Infancia desplegará desde el domingo 16 de agosto un equipo técnico permanente en Ceuta para acelerar la identificación de los menores, estudiar cada caso y preparar las derivaciones hacia recursos de acogida de la Península. Tendrán prioridad las niñas, los menores de 13 años y quienes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.
La Conferencia Sectorial de Infancia se reunirá el próximo 27 de agosto para decidir la distribución de los 25 millones de euros comprometidos por el Gobierno para atender a los menores llegados a Ceuta. La cantidad busca aliviar unos servicios de protección desbordados y financiar su acogida en otras comunidades autónomas. El reparto de esos recursos será sometido a votación.
Las comunidades gobernadas por el PP participaron en la reunión técnica celebrada el jueves, aunque rechazaron incorporar al orden del día del día 27 un punto específico sobre la situación de los menores y su acogida fuera de Ceuta. Alegaron que necesitan cifras fiables y una planificación detallada. La ministra Sira Rego volverá a plantearlo al comienzo de la Conferencia Sectorial. Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde la ultraderecha Vox gestiona las competencias de infancia, ni siquiera estuvieron representadas.
El Senado mantiene abierto el pulso por las comparecencias
La gestión de Ceuta seguirá enfrentando al Gobierno y al PP en las Cortes. Marlaska no acudió el miércoles a la Comisión de Interior del Senado y Margarita Robles pidió este jueves aplazar hasta septiembre su comparecencia, inicialmente fijada para el 18 de agosto, con el argumento de disponer de más tiempo para prepararla "con un mínimo de rigor y detalle". Los populares acusaron a Pedro Sánchez de impedir que la ministra rindiera cuentas en la Cámara Alta.
El Ejecutivo ha optado por explicar su actuación en el Congreso, donde Robles comparecerá el día 25, Félix Bolaños el 27 y Marlaska y José Manuel Albares el 28. El desacuerdo se concentra ahora en la cámara y la fecha elegidas, mientras el PP sostiene que los ministros deben atender también las convocatorias del Senado, donde posee mayoría absoluta.
El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, llevará este viernes el pulso político hasta la propia ciudad. Se reunirá a las 11.45 horas con Juan Jesús Vivas en el Palacio de la Asamblea, mantendrá un encuentro con representantes políticos y recorrerá distintos puntos de Ceuta antes de atender a los medios. La visita se produce en plena disputa por las explicaciones parlamentarias del Gobierno.
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