El Gobierno ha asegurado este jueves la mayoría necesaria para mantener en vigor su segundo paquete de medidas contra las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El decreto saldrá adelante con los votos del bloque de investidura y apoyos a ambos lados del Ejecutivo, aunque prácticamente todos los grupos han acompañado su respaldo con reproches.
Junts, ERC, EH Bildu y PNV han confirmado que permitirán la convalidación. Podemos tampoco bloqueará la norma y el PP se encamina hacia la abstención. Los ultras de Vox han quedado como la única formación dispuesta a votar en contra, a falta de que el Congreso formalice el resultado al final de una larga sesión extraordinaria.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido unas medidas que ya entraron en vigor el pasado 1 de julio y que movilizan otros 1.825 millones de euros para proteger a las familias, el transporte, el campo, la pesca y las actividades más expuestas al encarecimiento energético.
La nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán ha reforzado los argumentos del Ejecutivo para mantener ese colchón. Los ataques han vuelto a elevar el precio del petróleo y han reabierto el riesgo sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.
Rebajas en los carburantes con una retirada gradual
La medida más visible afecta al precio de los combustibles. El decreto reduce el impuesto sobre hidrocarburos en 15 céntimos por litro durante julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre. La bonificación concluirá en octubre si los precios evolucionan dentro de los márgenes previstos.
El texto incorpora una cláusula para recuperar descuentos mayores cuando el encarecimiento interanual de la gasolina o el gasóleo supere el 15%. En ese supuesto, la rebaja podrá volver a alcanzar los 20 céntimos por litro durante los meses siguientes. El mecanismo se extiende a la electricidad y al gas natural. Las reducciones fiscales podrán reactivarse automáticamente ante una nueva subida extraordinaria, sin necesidad de esperar a que el Gobierno negocie otro decreto con sus socios.
Cuerpo ha presentado este diseño como una respuesta prudente a un conflicto especialmente volátil. También ha sostenido que las medidas aprobadas desde marzo han permitido contener la inflación española y trasladar una parte importante del alivio a los consumidores.
El IVA de los carburantes ha regresado, sin embargo, al 21%. El Ejecutivo ha decidido concentrar la ayuda en el impuesto especial, una fórmula que permite graduar el descuento y dirigir apoyos adicionales hacia los profesionales que dependen del gasóleo. Transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores conservarán sus ayudas específicas. El sector agrario recibirá otros 165 millones para afrontar el precio de los fertilizantes, mientras las compensaciones al transporte y a las empresas pesqueras se prolongarán durante el verano.
Junts apoya el decreto pero carga contra la factura eléctrica
La mayoría ha quedado despejada después de que Junts confirmara su voto favorable. El partido independentista ha valorado la desaparición progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, una demanda compartida por la industria y por otros grupos de la Cámara.
Ese tributo, conocido como impuesto a la generación, irá reduciéndose hasta desaparecer en 2028. Economía calcula que su retirada puede rebajar alrededor de un 6% determinados costes eléctricos para empresas y hogares, aunque supondrá unos 2.700 millones de euros menos de recaudación entre 2027 y 2028.
El respaldo de Junts ha llegado acompañado de fuertes críticas. Josep Maria Cruset ha reprochado al Ejecutivo que el IVA de la electricidad haya vuelto del 10% al 21% en pleno verano, cuando las olas de calor disparan el uso del aire acondicionado.
La formación también ha denunciado agravios territoriales y ha pedido medidas estructurales para proteger a la industria catalana. Su voto permitirá aprobar el decreto, pero Junts lo considera insuficiente para responder al coste energético que soportan hogares y empresas.
ERC ha descrito su posición como un "sí exigente". Teresa Jordà ha valorado la protección a los consumidores vulnerables y las medidas sobre renovables, al tiempo que ha reclamado una fiscalidad más ambiciosa sobre los beneficios empresariales.
EH Bildu ha respaldado la protección inmediata, aunque ha advertido de la contradicción que supone destinar una parte tan importante del esfuerzo público a subvencionar combustibles fósiles. El PNV, por su parte, ha defendido que las ayudas estén concentradas en los sectores profesionales más perjudicados.
Podemos cuestiona los alivios para las petroleras
Las críticas más duras desde la izquierda han procedido de Podemos. Javier Sánchez Serna ha anunciado que su formación permitirá la convalidación, pero ha rechazado que la respuesta a la crisis energética pase por seguir reduciendo impuestos vinculados a los combustibles.
"Las petroleras no necesitan más regalos", ha afirmado el diputado después de que Repsol haya comunicado este jueves un fuerte aumento de sus beneficios favorecido por la subida de los precios.
Podemos considera que el Gobierno debería intervenir sobre los márgenes empresariales y garantizar que las rebajas lleguen por completo al surtidor. Sánchez Serna ha cuestionado la eficacia de publicar una lista de estaciones de servicio que mantengan márgenes considerados anómalos y ha reclamado mecanismos de control más contundentes.
Las reservas han alcanzado también al socio de coalición. Aina Vidal ha defendido el voto favorable de Sumar porque el decreto protege a las familias, pero ha recordado a Carlos Cuerpo que la agenda social del Gobierno no puede limitarse a resistir ante cada crisis.
La diputada de los Comuns ha reclamado que Economía desbloquee la reforma del registro horario impulsada por Yolanda Díaz y ha denunciado las horas extraordinarias que continúan sin pagarse. También ha exigido respuestas ante los errores en el ingreso mínimo vital y una distribución más justa del crecimiento económico.
El PP critica los impuestos pero no bloqueará las ayudas
El PP ha cargado contra el diseño fiscal del paquete y ha acusado al Gobierno de elevar la presión sobre la clase media. Jaime de Olano ha cuestionado el regreso de algunos tipos de IVA al 21% y ha sostenido que el Ejecutivo utiliza la crisis para modificar impuestos sin ofrecer una estrategia energética estable.
Pese a ese discurso, los 'populares' no impedirán que el decreto siga vigente. La eliminación progresiva del impuesto a la generación coincide con una de sus principales reclamaciones y la abstención evita que tengan que votar contra las ayudas destinadas a conductores, agricultores y transportistas.
La ultraderecha Vox sí ha mantenido su rechazo. La ultraderecha ha quedado aislada frente a una norma que conserva alivios fiscales, ayudas directas y garantías laborales para los sectores afectados por el conflicto.
El decreto prolonga además la prohibición de justificar despidos por el impacto económico de la guerra en aquellas empresas que reciban apoyo público. También condiciona determinadas ayudas a la implantación de planes de movilidad sostenible para sus trabajadores.
Un 'pleno escoba' cargado de votaciones
La prórroga del escudo anticrisis es una de las principales decisiones del último pleno extraordinario antes del parón de agosto. La Cámara también está abordando la jubilación parcial del personal de las administraciones públicas, la pasarela de mutualistas al régimen de autónomos y la ampliación del cribado neonatal.
El orden del día incluye asimismo el traspaso de la AP-9 a Galicia, una reforma de los requisitos para formar grupo parlamentario y las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox contra la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas.
La senda de estabilidad para preparar los Presupuestos de 2027 volverá a someterse a votación más adelante. El Gobierno afronta ese punto sin los apoyos suficientes, después de que PP, Vox, Junts y UPN hayan reiterado su rechazo al reparto del déficit.
Las votaciones se agruparán al término de la sesión. La mayoría anunciada por los grupos permitirá convalidar el decreto anticrisis y mantener en vigor las ayudas que se aplican desde comienzos de julio.
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