El Consejo de Ministros aprobó este martes el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una hoja de ruta con más de 750 medidas hasta 2029 que, en principio, deberá seguir vigente tras las elecciones generales del 29 de noviembre. El documento incorpora por primera vez actuaciones específicas sobre violencia política contra las mujeres y sobre las demandas slapp, procedimientos judiciales largos y costosos que buscan intimidar o desgastar a quienes intervienen en asuntos de interés público.
Desde el Ministerio de Igualdad, que ha elaborado el plan, sostienen que ambos fenómenos constituyen una amenaza para la participación democrática. La violencia política puede limitar el ejercicio de los derechos políticos y la presencia de las mujeres en espacios de decisión; los slapp, por su parte, ponen en riesgo derechos fundamentales de periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras, representantes políticas y otras mujeres que participan en la vida pública.
Un observatorio para medir los ataques y una línea de ayudas para frenarlos
Entre las medidas concretas figura la creación de un Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política, destinado a recopilar y analizar ataques en el entorno online. Igualdad también prevé una línea específica de subvenciones para proyectos de prevención, sensibilización e investigación en este ámbito, según fuentes del ministerio.
El resto del bloque sobre violencia política funciona, por ahora, como una base de trabajo: impulsar la investigación y el análisis de datos, reforzar la prevención y la protección en espacios físicos y digitales, y lanzar campañas y acciones educativas dirigidas a instituciones públicas, medios de comunicación y sociedad civil. El plan también plantea reforzar la colaboración con agentes públicos y privados, nacionales e internacionales.
La presión judicial contra mujeres en la vida pública entra en la agenda oficial
En paralelo, el plan incorpora medidas anti-slapp con formación sobre el uso de estas demandas como herramientas de coacción y violencia, además de fomentar estudios que sirvan para actualizar protocolos de protección. El ministerio subraya que, aunque estos litigios pueden dirigirse contra cualquiera, las mujeres que participan en el espacio público suelen afrontarlos en un contexto más amplio de acoso, hostigamiento y violencia, especialmente en entornos digitales.
La decisión llega en un momento de crecimiento de ambos fenómenos. Un informe de la UIP alertó en febrero de la expansión de la violencia política en un contexto de polarización, presión social y económica, amplificación de la ira en redes y menor confianza en las instituciones. Según esa encuesta, el 76% de las parlamentarias dijo haber sufrido violencia, frente al 68% de los hombres, y ellas se ven afectadas de forma desproporcionada por la violencia de género y sexual en internet.
La UNESCO, en un análisis publicado el año pasado sobre violencia contra mujeres periodistas, señaló además que en cinco años se duplicó la proporción de profesionales que relacionan ataques digitales con episodios de abuso, acoso o agresión fuera de internet: del 20% en 2020 al 42% en 2022. Y el último informe de la Coalición contra las Demandas Slapp en Europa, junto a la Fundación Daphne Caruana Galizia, identificó 1.303 casos entre 2010 y 2024, con 167 nuevas demandas solo en 2024.
Ese contexto explica el giro normativo europeo. La UE aprobó en 2024 la directiva anti-slapp, y España la transpusó en el Plan de Acción por la Democracia de ese mismo año. Mientras tanto, en el país se han conocido varias querellas contra comunicadoras y periodistas por asuntos vinculados a la violencia machista y sexual, entre ellas la presentada contra Paloma Palenciano en 2021, archivada en 2022, y las abiertas contra Cristina Fallarás, todavía en curso.
También se han registrado querellas como la del youtuber Sergio Candanedo contra la comunicadora y artista Yolanda Domínguez por llamarle “troll machista” y decir que era “violento con las mujeres”; en ese caso, el Tribunal Constitucional acabó fallando a favor de la libertad de expresión de Domínguez. Asimismo, elDiario.es y otros medios han sido objeto de querellas por su publicación de testimonios de violencia sexual contra Julio Iglesias, un procedimiento en el que se le pide, entre otras cuestiones, cárcel.
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