El Gobierno de Pedro Sánchez llega al sábado con una cifra que le permite defender que Ceuta ha comenzado a dejar atrás la fase más descontrolada de la crisis migratoria. Alrededor de 6.000 personas están ya alojadas en recursos temporales después de la apertura del campamento del puerto, aunque entre 3.000 y 4.000 continúan durmiendo en calles, montes y otros puntos de la ciudad.
El traslado de 1.700 migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín dejó durante la mañana del viernes carreras, avalanchas y cargas policiales. El temor a quedarse fuera de un recurso con plazas limitadas desbordó los primeros movimientos de un dispositivo en el que participaron unos 240 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La situación quedó contenida y el campamento completó su capacidad alrededor de las 13.00 horas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encargado de coordinar la respuesta estatal, defendió que la operación había concluido sin "altercados relevantes". Sumar pidió explicaciones por las imágenes de las cargas, mientras el Partido Popular presentó la jornada como una nueva prueba del "caos". El resultado dejó una realidad más matizada. El operativo permitió sacar a 1.700 personas de las playas, pero otras 3.400 quedaron pendientes de alojamiento.
La importancia del campamento va más allá de proporcionar una cama. Dentro de los recursos se realizan los controles sanitarios, las filiaciones y la apertura de los expedientes que determinarán si cada persona tiene derecho a solicitar protección internacional o debe regresar a Marruecos. Interior sostiene que más del 90% de quienes entraron en Ceuta a finales de julio ya ha regresado, una cifra difícil de encontrar en otras crisis migratorias de esta magnitud.
El baile de cálculos sigue complicando la gestión. El Ejecutivo estima que permanecen unas 10.000 personas en la ciudad, frente a las alrededor de 13.000 que maneja el Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas. Las diferencias responden en parte a los movimientos constantes entre playas, viviendas, montes y asentamientos, pero también evidencian la necesidad de contar con un registro más preciso para planificar los próximos recursos.
Más plazas y más Europa
La actuación en el puerto forma parte de una respuesta más amplia que el Gobierno quiere trasladar ahora al terreno europeo. La Comisión ha concedido a España 114,7 millones de euros en ayudas de emergencia para aumentar la capacidad de acogida, mejorar los controles fronterizos y reforzar los procesos de identificación. El paquete incluye nuevos Centros de Atención Temporal de Extranjeros en Ceuta y Melilla, con 1.600 plazas entre ambas ciudades, y obras en los espigones de El Tarajal y Benzú.
La operación de Frontex en la zona continuará hasta finales de diciembre y Europol ha desplegado en Ceuta a un especialista en tráfico ilícito de migrantes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha iniciado además los trámites para que Ceuta y Melilla cuenten con un puesto permanente en el Comité de las Regiones, tengan una presencia europea reforzada y puedan avanzar hacia su integración en la unión aduanera.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha reclamado a Bruselas cambios que permitan agilizar los procedimientos de retorno y de protección internacional cuando se produzcan llegadas extraordinarias. El Gobierno estudia al mismo tiempo una reforma de la Ley de Extranjería después de que el Tribunal Supremo limitara los rechazos inmediatos en los cruces realizados por mar. El PP ha planteado una modificación similar, lo que abre uno de los pocos espacios de posible acuerdo entre los dos grandes partidos.
El principal atasco continúa estando en los menores. El Ministerio de Juventud e Infancia ofreció el 28 de agosto 500 plazas financiadas por el Estado para trasladar temporalmente a menores vulnerables a la Península, pero el Gobierno de Ceuta todavía no ha activado el plan. La Fiscalía ha recordado que la tutela corresponde a la ciudad autónoma, aunque también ha reclamado apoyo estatal y coordinación ante una situación que considera extraordinaria. Cerca de 300 menores están siendo atendidos en instalaciones concebidas inicialmente para adultos.
La vía diplomática con Marruecos seguirá abierta pese al endurecimiento del debate político. El Parlamento Europeo ha pedido a Rabat que cumpla sus compromisos en el control fronterizo y en los retornos, además de exigir respeto a la integridad territorial española. La resolución carece de efectos vinculantes y evita responsabilizar directamente al reino alauí de las entradas. Marruecos ha respondido que el texto no contiene "ninguna incriminación" contra sus autoridades mientras refuerza la vigilancia y ensaya dispositivos junto a la frontera.
Feijóo eleva su ofensiva
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su visita a Melilla para presentar una alternativa centrada en las expulsiones, el refuerzo policial y una mayor presencia militar. El líder de la oposición exige el retorno de todas las personas que entraron irregularmente, promete nuevas "fronteras físicas" y asegura que responderá ante cualquier intento de superar el perímetro.
Feijóo ha ido más lejos al afirmar que quienes permanecen en Ceuta "no vienen a buscar un trabajo", sino a enfrentarse al orden constitucional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su declaración atribuye una misma intención a miles de personas con situaciones diferentes, pese a que los incidentes registrados durante el traslado fueron protagonizados por una parte de quienes participaron en el desplazamiento.
La propuesta popular incluye un plan de al menos 650 millones de euros entre 2027 y 2032 para Ceuta y Melilla, una ley de régimen especial, incentivos fiscales, mejoras en sanidad y educación y nuevas inversiones estatales. También recoge la ampliación de los espigones, más presencia de Frontex y el refuerzo de las plantillas policiales, medidas que en varios casos coinciden con actuaciones que el Gobierno ya tiene en marcha. El Ejecutivo elevó este mes hasta el 75% las bonificaciones a la Seguridad Social en las dos ciudades.
El punto de mayor distancia aparece en los retornos. Las devoluciones colectivas están fuera de la legislación española y europea, por lo que cada expediente debe resolverse de manera individual. También deben estudiarse las solicitudes de asilo y las circunstancias que puedan impedir el regreso. Para los menores se exige comprobar que serán recibidos por una familia, un tutor o un centro adecuado.
El campamento del puerto amanecerá este sábado con sus 1.700 plazas ocupadas y con los primeros expedientes en marcha. Fuera de sus instalaciones, miles de personas siguen esperando un recurso, mientras Torres mantiene abierta la preparación de nuevos emplazamientos y las fuerzas de seguridad vigilan que las playas desalojadas no vuelvan a llenarse.
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