El Gobierno ha respaldado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que cuestionara la imparcialidad de María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional encargada de investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La defensa realizada por Moncloa ha abierto una diferencia pública con Sumar, que considera un "grave error" poner bajo sospecha a la jueza en este momento.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha evitado desautorizar a Puente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Es un buen jurista que pone en valor la independencia judicial", ha respondido al ser preguntada por las declaraciones del titular de Transportes.
Saiz ha presentado a Puente como una persona con experiencia en el ejercicio de la abogacía y como un "experto procesal". Fuentes gubernamentales también lo consideran una "voz autorizada del Gobierno" para pronunciarse sobre la investigación, aunque la portavoz ha acompañado su respaldo con una defensa del "máximo respeto a la labor judicial", la colaboración con la Justicia y la transparencia.
Las dudas de Puente y el respaldo de la Audiencia Nacional
Como ya ha publicado este martes 'ElConstitucional.es', Puente consideró "bastante extraño" que Tardón pidiera a los policías encargados de elaborar el informe sobre Ceuta que mantuvieran su contenido alejado de los mandos del cuerpo.
El ministro afirmó en una entrevista en 'Hora 25', de la 'Cadena SER', que esa orden revelaba un "principio de desconfianza" y podía alimentar las dudas sobre la imparcialidad de la magistrada. También aludió a su pasado como concejala del Partido Popular en Madrid y aseguró que la filtración del documento a la prensa antes de que llegara al Ejecutivo "huele un poquito a chamusquina".
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ya expresó la semana pasada su "absoluto respaldo" a Tardón. Los nueve miembros del órgano defendieron por unanimidad que la magistrada actuó dentro de sus competencias y que la reserva exigida al equipo policial buscaba preservar el interés general de España.
Sumar pide respetar la investigación
La respuesta más crítica dentro de la coalición ha llegado desde Sumar. La diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha asegurado que, hasta ahora, la Audiencia Nacional "está haciendo su trabajo" y que no ha aparecido ninguna actuación que permita sospechar de la instrucción.
Sidi ha calificado de "error grave" cuestionar a Tardón y ha advertido de que estas críticas hacen "un flaco favor" a la denuncia de verdaderas prácticas de 'lawfare'. La diputada considera que los requerimientos realizados a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas entran dentro de las funciones habituales de una investigación judicial.
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, también ha reclamado una "presunción de legalidad" para la magistrada mientras avanza la causa. Su formación ha criticado actuaciones judiciales en otros procedimientos, pero cree que todavía faltan elementos para emitir una acusación semejante contra Tardón.
Sumar comparte, sin embargo, las dudas sobre la filtración del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Martínez Barbero ha reconocido que resulta sorprendente que el documento acabara publicado en la portada de un periódico mientras permanecía fuera del conocimiento del Ministerio del Interior.
El diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha emplazado a Puente a trasladar sus preocupaciones al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y abordar las reformas estructurales necesarias para recuperar la confianza ciudadana en los tribunales.
El Gobierno prepara ahora su personación como perjudicado en la causa de la Audiencia Nacional y ha aprobado la desclasificación de 40 documentos elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre la crisis de Ceuta. La orden aparecerá este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y permitirá publicar los informes con los datos sensibles debidamente anonimizados.
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