El Gobierno ha confirmado este martes a los sindicatos que aprobará la subida salarial del 4,5% prevista para los empleados públicos en 2027. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, ha ratificado que cumplirá el acuerdo, aunque sigue sin concretar cuándo llevará al Consejo de Ministros la norma necesaria para hacerlo efectivo.
CCOO, UGT y CSIF han trasladado ese compromiso tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía. Las centrales han valorado la confirmación, pero reclaman que la aprobación se produzca antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para evitar retrasos y dar seguridad a las plantillas.
La subida forma parte del calendario salarial negociado en 2025 para el conjunto de las administraciones públicas. El incremento de 2027 continúa pendiente de aprobación normativa, mientras que las revalorizaciones correspondientes a 2025 y 2026 ya quedaron reguladas mediante un real decreto-ley.
Los sindicatos reclaman una fecha
UGT Servicios Públicos ha pedido que el Ejecutivo cierre cuanto antes el calendario. Su secretaria general, Isabel Araque, ha recordado que el acuerdo está "cerrado y pactado en todos sus puntos desde noviembre de 2025". El sindicato reclama la aprobación antes del 24 de noviembre, fecha que señala como la última reunión del Consejo de Ministros previa al 29N.
CCOO exige un real decreto-ley que permita aplicar el aumento desde enero de 2027, mientras CSIF también pide resolverlo antes de los comicios para evitar demoras. La reclamación compartida es que el compromiso salarial se traduzca en una norma antes de que el Gobierno entre en funciones.
La prórroga de los Presupuestos obliga a dar cobertura legal a la actualización de las retribuciones. Existe un precedente reciente, el Real Decreto-ley 14/2025, aprobado el 2 de diciembre y publicado en el BOE al día siguiente, que reguló las subidas de 2025 y 2026 y fue posteriormente convalidado por el Congreso.
Araque ha defendido que el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente disponen de los mecanismos necesarios para sacar adelante la medida, también si el Ejecutivo está en funciones. En caso de recurrir al decreto-ley, correspondería al Gobierno aprobarlo y a la Diputación Permanente pronunciarse sobre su convalidación mientras las Cortes permanezcan disueltas.
Las subidas y los pagos pendientes
El pacto salarial abarca el periodo 2025–2028. Contempla un 2,5% para 2025, un 1,5% fijo para 2026 y un posible medio punto adicional ligado al IPC, seguido del 4,5% comprometido para 2027 y del 2% para 2028.
El complemento de 2026 tiene unas condiciones ya recogidas en el BOE. Se aplicará un 0,5% adicional y consolidable si la variación del IPC de este año es igual o superior al 1,5%. Una vez que el Instituto Nacional de Estadística publique los datos correspondientes, el Consejo de Ministros deberá aprobar su aplicación mediante un acuerdo que también se publicará en el boletín oficial.
Ese medio punto tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y se abonaría en el primer trimestre de 2027. Por tanto, en los primeros meses del próximo año pueden coincidir el pago de los atrasos de esa revisión y la subida del 4,5% correspondiente al nuevo ejercicio, cada una con su periodo de referencia.
Las centrales también reclaman cumplir los compromisos laborales pendientes, entre ellos la revisión de la tasa de reposición, las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio y las condiciones del personal destinado en el exterior. UGT ha recordado además el pacto alcanzado en junio para actualizar las indemnizaciones de unos 11.200 empleados de la Administración General del Estado en Baleares y el compromiso de concretar antes de diciembre las correspondientes a Ceuta, Melilla, Canarias y el Valle de Arán.
