El Gobierno ha aprobado subvenciones directas por valor de 45 millones de euros para financiar la construcción, ampliación o rehabilitación de residencias universitarias en siete ciudades españolas, una primera fase que permitirá crear cerca de 2.000 nuevas plazas para estudiantes, docentes e investigadores.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto por el que resultarán beneficiadas la Universidad Autónoma de Madrid, con 13,36 millones de euros; el Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con 8,19 millones; la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 6,5 millones; la Universidad de Burgos, con 5,94 millones; la Universitat Jaume I de Castellón, con 4,45 millones; la Universidad de Jaén, con 3,56 millones; y el Ayuntamiento de Lleida, con 2,97 millones.
Según el texto del decreto, al que ha tenido acceso EFE, el objetivo es que, a través de la colaboración público-privada, se amplíe la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador con precios asequibles en un plazo de seis años, aunque la entidad beneficiaria podrá solicitar una prórroga de hasta tres años adicionales.
Movilidad académica y presión sobre el alquiler
La norma subraya que esta medida facilitará la movilidad académica y reducirá la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias, en un contexto marcado por el incremento del número de estudiantes matriculados y por la internacionalización de las universidades.
El decreto señala que la disponibilidad y el coste del alojamiento pueden condicionar la movilidad académica, la elección de centro y titulación, así como la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación superior. Además, recuerda que la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que el 67 % de las personas de 16 años o más que han querido cambiar de vivienda no lo han podido hacer por el precio excesivo.
Un plan acordado entre ministerios y universidades
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Gobierno quiere “acompañar a las universidades y facilitar el acceso donde más hace falta y a quién más hace falta”, después de detectar que, especialmente, muchos jóvenes universitarios han tenido que renunciar a estudiar en determinadas ciudades por el coste del alojamiento.
Rodríguez ha añadido que este debe ser un plan “inspirador” para el resto de administraciones públicas. La ministra ha explicado también que el decreto se ha gestado tras un acuerdo en 2024 entre los ministerios de Vivienda, Economía y Universidades, y que la selección de los proyectos se ha realizado en colaboración con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).
La mayor parte de las actuaciones, según ha detallado, se ubica en suelos públicos o universitarios ya disponibles y urbanísticamente consolidados, y se han escogido los proyectos más avanzados. La ministra ha recalcado que la “crisis de la vivienda está torpedeando” un derecho recogido en la Constitución.
Condiciones de precio asequible y servicios incluidos
El decreto establece que las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en las correspondientes resoluciones o convenios.
En ese precio máximo se incluirán servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros. La norma añade que la creación de estas nuevas plazas permitirá mejorar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, especialmente para estudiantes desplazados o con menor capacidad económica, y contribuirá además a reducir la presión sobre el mercado residencial ordinario de alquiler.
El texto recuerda, igualmente, que el número de estudiantes matriculados en las universidades españolas ronda casi los 2 millones de alumnos.
La iniciativa llegó al Consejo de Ministros tras concluir su trámite de audiencia pública el 9 de septiembre y no necesitará convalidación por parte de las Cortes Generales.
Subvención directa del Ministerio de Igualdad para Ceuta
El Consejo de Ministros también ha aprobado subvenciones por un importe total de 1.345.584,83 euros destinadas a distintas entidades que trabajan en la protección y asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres en la ciudad de Ceuta.
Según ha informado el Ministerio de Igualdad, se trata de una concesión directa, con carácter excepcional, y por razones de interés público, social y humanitario, con el objetivo de reforzar y coordinar las actuaciones de prevención, identificación e intervención en casos de violencias contra las mujeres en el contexto de la crisis humanitaria actual de la ciudad autónoma.
Las actuaciones estarán centradas, de forma especial, en la violencia de género, la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual, ámbitos en los que el departamento que dirige Igualdad quiere intensificar la respuesta institucional sobre el terreno.
Qué entidades recibirán las ayudas
La cuantía se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Igualdad y se distribuirá entre cinco entidades que vienen desarrollando actuaciones en la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis humanitaria: Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto, Cruz Roja Española, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
La Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto recibirá 418.758,06 euros para desarrollar actuaciones de identificación, detección, atención psicológica y psicosocial especializada, así como la puesta en marcha de recursos habitacionales de emergencia para mujeres, adolescentes y niñas llegadas a Ceuta.
Además, esta subvención servirá para impulsar una unidad multidisciplinar, coordinada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Una unidad multidisciplinar para coordinar la respuesta
La unidad contará con profesionales de psicología especializados en violencia contra las mujeres, personal de trabajo social con experiencia en gestión de casos de especial vulnerabilidad y mediación intercultural especializada en violencia contra las mujeres.
Asimismo, tendrá, al menos, un punto focal o representante de cada una de las entidades beneficiarias, con el objetivo de garantizar una respuesta integral y coordinada ante los casos detectados, incluida la derivación, el seguimiento y la coordinación entre los recursos intervinientes en Ceuta.
Reparto de fondos entre Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo y CEAR
Cruz Roja Española recibirá 209.018,49 euros para actuaciones de prevención y detección temprana de situaciones de violencia sexual, explotación sexual y trata de mujeres, adolescentes y niñas migrantes llegadas a Ceuta, además de su acompañamiento y atención integral, y su participación en la unidad multidisciplinar.
Por su parte, Fundación Cruz Blanca contará con 45.838,24 euros para trabajar en la detección de situaciones de vulnerabilidad que afecten a mujeres, adolescentes y niñas migrantes llegadas a Ceuta, así como en su acompañamiento, mediación y derivación, junto con su participación en la unidad multidisciplinar.
A Médicos del Mundo le corresponden 185.234,14 euros, destinados a la detección de situaciones de violencia contra las mujeres, a la atención psicológica y psicosocial especializada y a su participación en las actuaciones de la unidad multidisciplinar.
Por último, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recibirá 486.735,90 euros para desarrollar actuaciones de detección de necesidades de protección internacional por motivos de género, acompañamiento integral, intervención y derivación a recursos especializados, gestión de recursos intermedios de primera acogida y participación en la unidad multidisciplinar.
